El Ministerio Público Fiscal recurrió la decisión que otorgaba prisión domiciliaria a las mujeres acusadas de estafas reiteradas. Este viernes el juez de Garantías Román Parodi había hecho lugar a una nueva solicitud de la defensa en este sentido. Marcela Moriconi y Monica Goyardú se encuentran alojadas en la UP3.
De la redacción de EL NORTE
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Este martes el fiscal Julio Tanús, a cargo de la investigación en la causa contra Marcela Moriconi y Monica Goyardú, presentó un Recurso de Apelación ante la Cámara de Casación Penal para que se revea la medida dictada este viernes por el Juzgado de Garantías Nº 2, que preside el juez Román Parodi, en el sentido de otorgarle prisión domiciliaria a las imputadas. El fiscal, en diálogo con EL NORTE, confirmó la presentación y afirmó que en función de la contundencia de las pruebas colectadas hasta ahora y que sustentan la acusación, en breve solicitará la elevación de la causa a juicio. El pedido de privación de libertad morigerada con el arresto domiciliario ya había sido presentado con anterioridad, concedido, apelado y luego denegado, por lo que nunca se hizo efectivo y debieron permanecer ambas en prisión. Las mujeres están alojadas en la Unidad Penal Nº 3 desde agosto de 2021. Hasta tanto la Cámara de casación no resuelva esta nueva apelación, la morigeración de la medida no se hará efectiva. Este miércoles 20 se cumple un año desde la detención de las acusadas.
Marcela Moriconi y Mónica Goyarzú habían solicitado a través de sus abogados que se las beneficiara con una medida restrictiva de libertad morigerada como es el arresto domiciliario por cuestiones de salud. En la primera negativa los fundamentos habían sido que la unidad carcelaria contaba con recursos sanitarios para tratar las patologías aducidas.
La estafa
La millonaria causa por la que están imputadas Mónica Goyarzú, Marcela Moriconi y Walter Landolfo data de julio de 2021. En el grueso expediente hay 68 denuncias en investigación aunque hay más de 80 damnificados, según lo confirmado por el fiscal Julio Tanús a EL NORTE, quien afirmó que este trabajo les llevó varios meses de investigación por la magnitud de la causa y el caudal de pruebas a colectar. Los elementos decisivos para sostener la acusación y solicitar la prisión preventiva habrían sido las firmas de los pagarés y que todos los informes solicitados a las instituciones en las cuales las acusadas decían tener colocadas las inversiones dieron como resultado que esa afirmación era falsa, que no tenían relación alguna comercial con las imputadas. Constituyéndose este último punto en el sustento para sostener la acusación por estafas reiteradas que requiere para diferenciarse de un simple incumplimiento la utilización de un ardid para engañar, para inducir a error a las víctimas.
Aduciendo falsas inversiones los damnificados les entregaban el dinero bajo la promesa de devolverlo con intereses y hacerlo trabajar en el transcurso de los meses siguientes en diferentes operaciones comerciales que más tarde quedó en evidencia, que eran inexistentes.
Los imputados prometían el 10% mensual de ganancias en dólares por las sumas entregadas. Negociaban con la excusa de que hacían inversiones en cooperativas cerealeras que operaban en el puerto de las que decían formar parte y captaban a sus víctimas difundiéndolo de “boca en boca” y con la promesa de jugosas ganancias.
Tras varios allanamientos, secuestros de celulares y notebooks, a la realización de pericias y a la aprehensión de Goyarzú, Moriconi y Landolfo se habría logrado dar forma a la causa y desbaratar una importante organización dedicada a las estafas en gran escala.