La empresa Telecom denunció “innumerables hechos de robo relacionados con los equipos y la infraestructura instalada en la vía pública. La Justicia Federal realizó tres allanamientos, incautando 7.5 toneladas de metal. “Si bien los acusados compraban el cobre a $1000 el kilo, puede venderse hasta en $11000 por esa misma cantidad”, explicaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Carolina Mitriani
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La División Unidad Operativa Federal de San Nicolás de Policía Federal Argentina realizó en la mañana del miércoles tres allanamientos: en un galpón de la ruta nacional 188 de San Nicolás, en una chatarrería de la ciudad de San Pedro –ubicada en Independencia al 3100- y en un domicilio particular de la localidad de Santa Lucia. Estos procedimientos están enmarcados en la investigación de delitos federales relacionados a la captación y comercialización ilegal de cobre. La causa está caratulada como “daños a sistemas informáticos”.
Al arribar a los diferentes puntos seleccionados, las fuerzas recolectaron 7.5 toneladas de este metal, 1800 dólares (según consignó el abogado del denunciado) y 120 mil pesos. Además secuestraron dos vehículos y teléfonos celulares de las personas involucradas en la trama.
Motivación
La empresa Telecom denunció “innumerables hechos de robo relacionados con los equipos y la infraestructura instalada en la vía pública”. En su presentación ante la Justicia, la compañía sostuvo que el 18 de septiembre del año pasado durante la madrugada fueron robados 90 metros de cable en San Pedro. Como consecuencia de ello, alrededor de 50 clientes de la zona estuvieron sin servicio.
El abogado defensor de Jonathan Panizza, uno de los acusados de pertenecer a esa cadena de compra-venta de cobre, reflejó que el sindicado puede dar cuenta del origen del metal que fue incautado. El Dr. Sergio Villarruel explicó que los operativos llegan hasta su cliente “a raíz de una denuncia de la empresa Telecom” y ”deriva en San Pedro por un proveedor que tiene Panizza en San Nicolás”.
Explicaciones
El letrado sostiene que lo secuestrado en los allanamientos no fueron obtenidos de forma ilegal, sino que llegan hasta Panizza por la compra en volumen a proveedores fidedignos, dentro de los que señaló en diálogo con Radio Cuarentena a “una empresa que trabajó en la Termoeléctrica, otra a Coopser, a Papel Prensa y a Dycasa”.
Una de las cuestiones centrales que marca la defensa es la especificación del material incautado, que ahora se encuentra en un depósito de San Nicolás, que no sería de los utilizados en servicios de comunicación como los que usa Telecom para sus prestaciones. Villarruel refirió que de haber dado presencia los representantes de la empresa en el operativo –algo que no sucedió- podrían haber descartado el vínculo investigado apenas tomaran contacto con las características de los metales. Ahora deberán aguardar a que los integrantes de la telefónica se topen con este almacenamiento para que verifiquen si coincide con lo que denuncian como robado.
Vale oro
Fueron 7500 los kilos de cobre que se incautaron en la chatarrería, distribuidos en bolsas de arpillera. Desde el Ministerio Público Fiscal explican que “si bien los acusados compraban el cobre a $1000 el kilo, el metal puede venderse hasta en $11000 por esa misma cantidad”.
Camino
El Ministerio Público Fiscal dispuso que la División Unidad Operativa de la Policía Federal Argentina realice tareas investigativas a los fines de identificar a los posibles autores de los robos denunciados por Telecom. “En ese marco, se pudo constatar que en San Pedro funcionaba una chatarrería que adquiría cobre (sin el forro o vaina que lo recubre) y lo pagaba a $1000”, explican desde fiscalía.
A medida que transcurrían las acciones de investigación -a través de un exhaustivo seguimiento entre marzo y mayo de este año- se pudo observar que en diferentes días y horarios se acercaron distintas personas con bolsas que, por su forma, podrían contener cobre. “Además, se pudo establecer que luego de adquirir el cobre los implicados en la maniobra lo retiraban del comercio y lo trasladaban a sus domicilios para evitar el acopio en ese lugar”, reflejaron desde la Justicia.
Si bien señalan que no se pudo individualizar a los posibles autores de la sustracción de cables, la fiscalía sostuvo que los allanamientos (en la chatarrería, el domicilio de uno de los dueños del comercio y el depósito del comprador mayorista del metal) eran “necesarios para avanzar con la causa y desentrañar la maniobra delictiva”.