La Cámara de Diputados retomará el próximo miércoles el debate en torno a la reforma de la Ley de Alquileres, que tanto se viene postergando y que tiene preocupados a los agentes inmobiliarios. José Cremona, presidente del Colegio de Martilleros de nuestra ciudad, se expresó respecto a la urgencia de modificar esta ley que generó mucho debate.
Germán Rodríguez
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La Cámara de Diputados retomará el próximo miércoles el debate en torno a la reforma de la Ley de Alquileres, que tanto se viene postergando y que tiene preocupados a los profesionales martilleros del país, quienes sienten que desde su última modificación solo trajo problemas.
En diálogo con EL NORTE, el presidente del Colegio de Martilleros, José Cremona, habló de la urgente necesidad de la modificación de esa ley que hizo mucho daño y cuya resolución se viene demorando desde hace más de 45 días, en algo que es apremiante para las inmobiliarias. “Esperamos que por lo menos se vuelva a la ley anterior, con eso el mercado va a reaccionar positivamente. La ley actual, fundamentalmente con el ajuste anual, perjudicó al propietario y lo que perjudica al inquilino es la inflación. Antes las partes pactábamos un ajuste semestral, pero siempre menor que la inflación, y ahora con la inflación, que está teniendo estos índices tan altos, cada ajuste es de un 50% y un 55%, lo que entonces hace imposible para aquel que quiere renovar el contrato, ya que se ve impedido de pagarlo y, por otra parte, el propietario retiró la propiedad de alquiler cuando se venció el contrato. No la ponen más en alquiler, sino que optan por ponerla a la venta”, expresó el presidente de la asociación.
Faltan alquileres
Estas alternativas complican mucho conseguir alquileres y los precios a pagar son cada vez mayores. “Cuesta mucho alquilar en San Nicolás porque a los propietarios no los convence el tiempo de los tres años; antes eran dos. Yo creo que tanto inquilino como propietario van a aceptar tranquilamente un cambio de ley, volver como antes a dos años de alquiler con un ajuste semestral que se pueda pactar libremente, no que el Estado diga tal índice. Los hechos hablan claramente de la situación en que estamos hoy. Otra cosa que pienso que tendría que mejorar más el mercado de alquiler y que los locadores estén incentivados a volcar su propiedad para alquilar es que no les cobren impuestos, o por lo menos, bajarles a un 50% porque el propietario está cumpliendo con algo que debería cumplir el Estado, que es dar por lo menos crédito para que la gente acceda a su vivienda. Hay créditos hipotecarios que con estos índices de inflación son imposibles, no hay sueldo que pague la cuota”, expresó.
Asimismo, este mercado está retirando viviendas para alquilar y sumando más a la venta, lo que tampoco es fácil. “El propietario está cumpliendo, como dije, el rol del Estado sin beneficios, al contrario. La gente entonces volcó la propiedad a la venta porque prefiere tener el dinero y no una propiedad que da pérdida. Hay mucha demanda pero faltan alquileres, lo que es un problema en todo el país. Tampoco podemos decir que se esté vendiendo mucho porque la incertidumbre es grande. El que tiene un ahorro no lo quiere invertir, porque alquilarlo de esa manera no le sirve. Lo que más está pasando es que se están vendiendo lotes porque el comprador va comprando ladrillos de a poco y así va construyendo su lugar, pero las casas hechas están todas paradas. Hay que tratar de solucionar los problemas a la gente, tanto al propietario como al inquilino. Volviendo a la ley anterior y dejando el ajuste cada seis meses y que las partes elijan qué porcentaje ajustar, alcanza. Es un problema que estamos arrastrando hace dos años”, concluyó.
Lo que se debate
Juntos por el Cambio y el interbloque Federal mantienen negociaciones para firmar un dictamen unificado, y luego sostener la unidad en el recinto para lograr la media sanción.
La cita es el próximo miércoles a las 13:00 en un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto, que funcionará en la sala C del anexo, el recinto más grande que tiene la Cámara Baja que se reserva habitualmente para los debates de las leyes más importantes y discutidas.
Los espacios opositores ya alcanzaron consenso respecto de la necesidad de retrotraer la legislación a los dos años de duración de los contratos de locación, y una actualización semestral de los valores, teniendo en cuenta la volatilidad del mercado inmobiliario y la dispersión de precios, sin valores de referencia claros. También evalúan que las partes deberían tener mayor libertad para pactar el precio de los alquileres sin tener que atarse a un índice determinado por el Estado.
Más allá de acordar que la mejor alternativa es modificar la ley, reconocen que la reforma que entró en vigor en 2020 fracasó porque no dio las respuestas esperadas en un contexto de inflación por las nubes y reducción de la oferta de inmuebles en el mercado.
La conclusión a la que llegaron es que ningún marco normativo puede ser efectivo en un contexto de escalada inflacionaria que genera incertidumbre en los propietarios (al punto de retirar sus inmuebles del mercado) y pérdida de referencia de los valores de mercado.
El dictamen oficialista subsana un déficit que tiene la ley: se fijará que el aumento que determina la fórmula de actualización de los precios (que combina la variación salarial con la inflación medida por el IPC) será el tope máximo permitido.
Además, se incluye un capítulo referido a incentivos fiscales para locadores. Por ejemplo, modifica el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (Ley de Monotributo) de modo tal que no sea computada como una actividad comprendida en el régimen (y por lo tanto gravable) cuando se ponga en alquiler hasta tres inmuebles con destino habitacional familiar (siempre y cuando esos contratos de locación estén registrados en la AFIP).
También se estipula la posibilidad de exceptuar del pago del impuesto a los Bienes Personales a esos inmuebles destinados a la locación para vivienda familiar, a menos que superen los 30 millones de pesos.