El Gobierno bonaerense promulgó este jueves la Ley 15.332, por la cual la Legislatura efectivizó las designaciones de los adjuntos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Así, acompañan al Defensor Guido Lorenzino, dos Defensores Adjuntos Generales, Walter Martello y Luis María Ferella, y seis Defensores Adjuntos: el de Derechos Humanos, que ocupa el nicoleño Martín Brignoli; el de Usuarios de Servicios de Salud, que ejerce Marcelo Honores, y el de Derechos Sociales, en el que está Jorge Eduardo “Cholo” Ancona.
En tanto, el Defensor Adjunto de Servicios Públicos y Obras Públicas es Gerardo Ontivero; el de Ambiente y Asociaciones Civiles es Ángel Domingo García; y el de Relaciones Institucionales es Marcelo Rubén López. Esas designaciones terminaron de completarse en una sesión que el Senado llevó a cabo el pasado 24 de mayo.
La Defensoría del Pueblo es un organismo constitucional, unipersonal, autónomo e independiente que garantiza el ejercicio de los derechos de los y las habitantes de la provincia de Buenos Aires, así como de quienes estén en tránsito por su territorio, incluyendo los de carácter cívico, político, social, económico y cultural.
También garantiza que las instituciones y los y las funcionarios de la administración provincial cumplan con sus deberes y respeten la Constitución y las leyes vigentes; supervisa que las empresas de servicios públicos y privados brinden los servicios de manera adecuada y atiende las inquietudes de las personas que se sientan afectadas por ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente, falta de respuesta a reclamos efectuados, mala prestación, atención o trato, insuficiencia de información, o ineficacia de servicios.
Polémica
El Poder Judicial ordenó al Congreso de la República a que suspenda el proceso que estaba en marcha para elegir al nuevo titular de la Defensoría del Pueblo. Como se sabe, hay una comisión especial que se encuentra liderada por la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, los tres vicepresidentes de la Mesa Directiva y los voceros de las bancadas.
En la resolución del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, firmada por el magistrado John Javier Paredes Salas, se apunta a que existe “un peligro inminente de que el referido proceso de elección (del defensor) termine realizándose sin los requisitos mínimos de publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil”. En esa línea, se hace referencia al cronograma formulado por el Parlamento.
