Piden llevar a juicio a Roque Frangolini por extorsiones con planes sociales en San Nicolás

La Fiscalía Federal de San Nicolás solicitó la elevación a juicio de la causa contra el referente de Libres del Sur en San Nicolás acusado de extorsionar a 26 beneficiarios de Potenciar Trabajo. La investigación reúne transferencias bancarias, testimonios y mensajes intimidatorios que, según la Fiscalía, acreditan las presuntas maniobras de Frangolini. El pedido representa un avance judicial después de más de un año de demora.

El referente de Libres del Sur en San Nicolás, Néstor Roque Frangolini, quedó más cerca de enfrentar un juicio oral por presuntas extorsiones a beneficiarios de planes sociales. La Fiscalía Federal de San Nicolás solicitó que el dirigente, de 62 años, sea juzgado por 26 episodios vinculados con el programa Potenciar Trabajo.

El requerimiento fue presentado el pasado 4 de noviembre ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo. La Fiscalía considera que reunió pruebas suficientes para sostener la acusación y avanzar hacia el debate oral, después de más de un año desde el procesamiento del imputado.

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Oportunamente, Diario EL NORTE había advertido sobre la demora en el expediente. En mayo de este año, el diario informó que había transcurrido más de un año desde el procesamiento de Frangolini sin que se concretara la elevación a juicio. Aquella publicación recuperaba los antecedentes de una investigación que también había sido abordada durante 2025.

Ahora, la presentación de fiscalía representa un avance concreto hacia esa instancia. Se sostiene que los elementos reunidos durante la instrucción permiten atribuir al dirigente una serie de maniobras destinadas a obtener dinero de personas que dependían de prestaciones estatales.

Las acusaciones contra el referente de Libres del Sur

La investigación comprende episodios ocurridos entre el 11 de abril de 2023 y el 9 de enero de 2024. Según la acusación, Frangolini exigía a beneficiarios de Potenciar Trabajo una parte de sus ingresos bajo los conceptos de “colaboración”, “contribución” o “aporte”.

Estas exigencias habrían estado acompañadas por amenazas de suspensión o baja del programa. La Fiscalía también sostiene que el dirigente condicionaba la continuidad de las prestaciones a la participación en marchas, actos y movilizaciones convocadas por Libres del Sur.

Para los investigadores, Frangolini utilizaba su posición dentro de la organización para ejercer presión sobre personas que necesitaban conservar sus ingresos. La acusación señala que los beneficiarios temían perder la prestación económica si se negaban a entregar dinero o participar en las actividades políticas.

En mayo de 2025, este medio informó sobre el procesamiento dispuesto por Villafuerte Ruzo, quien consideró que existían elementos suficientes para atribuirle 26 episodios de extorsión. Posteriormente, este medio también publicó los fundamentos de aquella resolución, que avanzó sobre el análisis de las amenazas y los pagos investigados.

En ese pronunciamiento, el magistrado sostuvo que podía afirmarse, con el grado de certeza propio de esa instancia procesal, que el dirigente había cobrado dinero mediante intimidaciones. La resolución también incluyó medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salida del país y la inhibición general de bienes.

Transferencias bancarias y movimientos de dinero

Uno de los aspectos centrales de la investigación es el análisis de los movimientos bancarios vinculados con Frangolini. Los peritajes incorporados al expediente identificaron transferencias periódicas realizadas por distintas personas hacia una cuenta personal del dirigente.

Los importes detectados oscilaron entre $1.000 y $34.000. En enero de 2024, la cuenta registró 110 transferencias y cerró con un saldo favorable de $1.100.000, de acuerdo con los datos reunidos durante la instrucción.

La Fiscalía también sostiene que parte del dinero habría sido entregado en efectivo durante reuniones de la organización o en sus oficinas. Esta modalidad fue mencionada por beneficiarios que declararon durante la investigación y describieron las exigencias económicas que recibían.

El requerimiento de elevación a juicio incluye una nómina detallada de las 26 personas presuntamente afectadas. También incorpora las fechas y los importes de los pagos investigados, lo que permite individualizar las operaciones relacionadas con cada episodio.

Estos registros constituyen una parte fundamental de la acusación. Sin embargo, la existencia de transferencias bancarias no determina por sí sola que los pagos hayan sido obtenidos mediante extorsión, una circunstancia que deberá evaluarse judicialmente junto con el resto de las pruebas.

Los mensajes intimidatorios y las declaraciones de los beneficiarios

Otro elemento relevante del expediente es la correspondencia que la Fiscalía estableció entre los pagos y las comunicaciones atribuidas a Frangolini. Los investigadores identificaron transferencias realizadas por beneficiarios que también aparecían en mensajes donde se reclamaban aportes económicos.

Entre las pruebas documentales se encuentran comprobantes bancarios, capturas de pantalla y registros de conversaciones. Esta información fue contrastada con las declaraciones de personas que aseguraron haber recibido amenazas relacionadas con la continuidad de sus planes sociales.

Néstor Roque Frangolini fue procesado en mayo de 2025 por 26 presuntas extorsiones a beneficiarios de Potenciar Trabajo en San Nicolás. Tras más de un año de demora, la Fiscalía pidió elevar la causa a juicio oral, respaldada en testimonios, transferencias bancarias y mensajes intimidatorios.

Una de las beneficiarias declaró que realizaba tareas comunitarias para la organización, pero decidió abandonar esas actividades debido a las presiones que recibía. La mujer aportó comprobantes de seis transferencias bancarias, con importes de hasta $13.200, efectuadas a la cuenta personal del dirigente.

Otra persona presentó capturas de pantalla con los datos de la cuenta receptora y constancias de cuatro pagos. Según la investigación, algunas de las personas que realizaron transferencias también figuraban en las comunicaciones intimidatorias incorporadas al expediente.

En uno de esos mensajes, atribuido a Frangolini, se advertía: “Buen día, hasta las 16 estamos recibiendo aportes. Personas que no aportaron en noviembre… Vamos a proceder a las bajas, así no le causa gracia a nadie”.

En otra comunicación, el dirigente habría señalado que quienes no participaran en campañas, marchas o actividades de la organización quedarían excluidos del programa. Para la Fiscalía, estas expresiones permiten vincular las exigencias económicas con las amenazas denunciadas por los beneficiarios.

La Fiscalía considera que existen pruebas suficientes para juzgarlo

En su presentación, fiscalía sostuvo que la investigación reunió elementos testimoniales, documentales y periciales suficientes para requerir la elevación a juicio. La acusación no se apoya únicamente en los relatos de los beneficiarios, sino también en registros bancarios y comunicaciones incorporadas al expediente.

Allí también se afirmó que Frangolini “vulneró la libertad de cada una de las 26 personas” mediante intimidaciones destinadas a obtener dinero. También consideró que las amenazas tuvieron incidencia directa sobre las decisiones de quienes dependían económicamente del programa.

Según el fiscal, los beneficiarios temían perder el ingreso con el que sostenían sus hogares. Esa situación habría llevado a varias personas a realizar transferencias o entregar dinero en efectivo al acusado o a presuntos intermediarios.

El requerimiento detalla las operaciones investigadas y las relaciona con las declaraciones reunidas durante la instrucción. Este conjunto probatorio podría resultar suficiente para que las acusaciones sean examinadas durante un juicio oral.

Una investigación que lleva más de dos años

La causa comenzó a principios de 2024, después de una publicación del diario Clarín que expuso presuntas irregularidades en la administración de Potenciar Trabajo en San Nicolás. Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, dirigida por Guillermo Marijuan.

Posteriormente, por razones de competencia territorial, el expediente pasó a la Fiscalía Federal de San Nicolás. La investigación avanzó con declaraciones testimoniales, peritajes bancarios y el análisis de comunicaciones atribuidas al dirigente.

Diario EL NORTE informó sobre el procesamiento de Frangolini en mayo de 2025 y profundizó en los fundamentos de aquella resolución judicial. En diciembre del mismo año, el diario también abordó la posibilidad de que la causa llegara a juicio oral durante 2026.

En esa oportunidad, el expediente fue analizado junto con la investigación contra el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, también vinculada con presuntas extorsiones a beneficiarios de planes sociales. Mientras la causa contra Belliboni había avanzado hacia el juicio, la de Frangolini permanecía en etapa de instrucción.

La situación continuaba sin modificaciones sustanciales en mayo de este año. Entonces, y aún pese al tiempo transcurrido desde el procesamiento, todavía no se había concretado la elevación a juicio oral.

El pedido presentado el 4 de noviembre modifica ese escenario procesal y acerca la posibilidad de que las acusaciones sean examinadas en un debate público. No obstante, el requerimiento fiscal no equivale a una sentencia ni implica que el juicio ya tenga fecha.

La Justicia deberá resolver ahora si corresponde avanzar con la elevación del expediente. Hasta tanto exista una resolución definitiva sobre su responsabilidad penal, Frangolini mantiene su condición de acusado por los 26 episodios de extorsión investigados.

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