La investigación de RALS expone vacíos en las políticas públicas

NewsITe
Un informe reciente de la Red de Asistencia Legal y Social (RALS) volvió a poner bajo la lupa la situación de las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo en la Argentina. El trabajo advierte que la falta de políticas públicas integrales para acompañar la adultez, las dificultades para acceder a asistentes personales y las barreras en el transporte, el trabajo y la vivienda limitan seriamente la posibilidad de construir un proyecto de vida autónomo.
Bajo el título “Entre la autonomía y la supervivencia: desafíos en la construcción de la vida adulta de personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo en Argentina”, la investigación recoge testimonios de personas con discapacidad y de sus familias en distintas regiones del país. A partir de esos relatos, se describen trayectorias marcadas por la sobrecarga familiar, la infantilización y la falta de apoyos sostenidos.
RALS señala que, en la práctica, el diseño y la provisión de apoyos para la vida diaria dependen casi exclusivamente de las familias, de la cobertura de salud y del lugar de residencia. Allí donde el Estado no llega con políticas concretas, la organización de los cuidados se vuelve una tarea privada y desigual, atravesada por los ingresos del hogar y la disponibilidad de servicios de salud, rehabilitación y transporte accesible.
Asistentes personales, accesibilidad y prejuicios capacitistas
Entre los principales obstáculos identificados aparece la ausencia de una regulación integral de la figura del asistente personal, clave para garantizar la participación en la comunidad sin reemplazar la voluntad de quien recibe el apoyo. Las familias deben recurrir a gestiones ante obras sociales y prepagas, trámites administrativos y, muchas veces, acciones judiciales para lograr coberturas que suelen ser parciales, mal remuneradas y con reintegros demorados.
A esa falta de apoyos formales se suman barreras físicas y de transporte que condicionan la posibilidad de salir del hogar, estudiar, trabajar, realizar compras o simplemente sostener vínculos sociales. Calles y veredas inaccesibles, unidades de transporte sin adaptación y ausencia de oferta cultural inclusiva conforman un entramado que restringe la circulación y profundiza el aislamiento.
El estudio también subraya la persistencia de miradas capacitistas que tienden a infantilizar a las personas adultas con discapacidad, hablar por ellas o desestimar su capacidad de decisión. Esa lógica se replica en ámbitos familiares, pero también en instituciones educativas, de salud y en espacios laborales, donde con frecuencia se privilegia la voz de acompañantes o allegados por sobre la palabra de la propia persona.
Trabajo, cuidados y el desafío de una “autonomía de derecho”
En el plano laboral, la investigación releva barreras para acceder a empleos formales, prejuicios sobre las capacidades y temores a perder pensiones u otras prestaciones en caso de conseguir un trabajo registrado. Como consecuencia, muchas personas quedan relegadas a la informalidad o dependen de familiares para la administración de sus ingresos, lo que limita la autonomía económica y la toma de decisiones sobre proyectos propios.
RALS advierte, además, el fuerte impacto físico, emocional y económico sobre las familias cuidadoras, especialmente sobre las mujeres, que suelen reducir su jornada laboral o abandonar el empleo para garantizar la continuidad de tratamientos y apoyos. La organización describe esta realidad como una “autonomía de supervivencia”: personas con deseos y capacidad de decidir sobre su vida, pero sin los recursos, apoyos y políticas necesarias para concretar esa autonomía.
Como horizonte, el informe propone avanzar hacia una “autonomía de derecho”, que implique la construcción de un sistema integral de cuidados y apoyos, la profesionalización del rol de asistente personal, el desarrollo de alternativas habitacionales comunitarias, la mejora de la accesibilidad urbana y del transporte, y la generación de oportunidades reales de inclusión laboral. También reclama una distribución más equitativa de las tareas de cuidado entre el Estado, las familias y las redes comunitarias, en línea con los estándares de derechos humanos en materia de discapacidad.

