Cortes de agua: qué dice el nuevo Manual del Usuario

Cuándo pueden cortarte el agua según la nueva regulación

Canilla de agua en un hogar argentino

NewsITe

Tras la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) publicó el nuevo “Manual del Usuario”, un documento que fija con claridad en qué casos la empresa está autorizada a restringir o interrumpir el servicio en los hogares y establecimientos, y en cuáles situaciones el corte está expresamente prohibido.

La normativa quedó formalizada a través de la Resolución 46/2026, difundida en el Boletín Oficial, y busca ordenar la relación entre la concesionaria y los usuarios, aportando previsibilidad en materia de facturación, mora y condiciones técnicas de las instalaciones internas. En un contexto de presión sobre las tarifas de los servicios públicos, el detalle de estos supuestos cobra especial relevancia para las familias y comercios del Área Metropolitana de Buenos Aires.

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El punto central del Manual son las reglas para el corte por falta de pago. En el caso de usuarios residenciales y baldíos, la empresa sólo puede avanzar cuando la deuda supere los 60 días corridos desde el segundo vencimiento de la factura. Antes de llegar al corte definitivo, está obligada a aplicar una etapa de restricción temporal de caudal por un mínimo de 60 días. Si, pasado ese plazo, no se regulariza la deuda ni se accede a la Tarifa Social, o si se detecta que el dispositivo de restricción fue manipulado, la empresa queda facultada a interrumpir totalmente el suministro.

Para los usuarios no residenciales —comercios, industrias, instituciones—, el criterio es más estricto: la mora habilita medidas de corte cuando supera los 15 días corridos desde el segundo vencimiento. En todos los casos, el Manual exige una intimación previa fehaciente con al menos 7 días hábiles de anticipación, lo que obliga a la empresa a notificar de manera clara antes de avanzar.

Otros motivos que pueden derivar en el corte del servicio

Más allá de la falta de pago, el ERAS también establece que puede disponerse el corte cuando se verifiquen deficiencias en las instalaciones internas que afecten la red pública o generen perjuicios a terceros. Se trata de situaciones donde, por ejemplo, pérdidas, conexiones precarias o usos indebidos ponen en riesgo la calidad del servicio o la seguridad de los vecinos. En estos casos, la interrupción del suministro debe estar precedida por una intimación para que el usuario corrija las fallas detectadas.

También se contemplan sanciones ante cambios edilicios realizados sin la factibilidad técnica correspondiente, como ampliaciones, remodelaciones o nuevas conexiones que impacten en las redes frentistas. Asimismo, se prevén cortes frente a manipulaciones de la red que alteren el suministro normal, por ejemplo, derivaciones clandestinas o intervenciones no autorizadas sobre cañerías y válvulas.

Efluentes industriales y límites sanitarios

En el caso de los servicios de desagüe industrial, el Manual del Usuario fija reglas específicas para aquellas empresas que vuelcan efluentes a la red. Si se detectan contaminantes prioritarios o sustancias ecotóxicas que pongan en riesgo la salud pública, al personal o las instalaciones, la concesionaria puede disponer la interrupción del servicio.

  • El corte es directo cuando los vertidos superan los límites permitidos de cianuro.
  • La medida también procede ante reincidencias en el vuelco de efluentes fuera de norma.
  • La prioridad es resguardar la infraestructura y el ambiente, evitando descargas peligrosas.

De este modo, el esquema regulatorio apunta a compatibilizar la actividad industrial con la protección sanitaria y ambiental, marcando un límite claro a prácticas que puedan comprometer la calidad del agua o el funcionamiento del sistema cloacal.

Casos en los que el corte está prohibido

El Manual también define categorías de usuarios especialmente protegidos, para los cuales está vedada la restricción o el corte del servicio. Entre ellos se encuentran los inmuebles residenciales que cuenten con el beneficio vigente de la Tarifa Social, un programa que apunta a los sectores de menores recursos. En estos casos, aun ante dificultades de pago, la empresa debe abstenerse de interrumpir el suministro.

La misma protección rige para usuarios considerados sensibles, como hospitales, sanatorios, centros asistenciales y cárceles, tanto públicos como privados, donde el acceso al agua potable resulta esencial para garantizar derechos básicos y la salud de la población. Asimismo, el corte no puede ejecutarse cuando exista un plan de pagos o acuerdo vigente, una orden de suspensión dictada por el ERAS o mientras se encuentre en trámite una impugnación formal presentada por el usuario y aún no respondida en forma fundada por la concesionaria.

El nuevo Manual del Usuario de AySA busca transparentar las reglas del juego entre la empresa y los usuarios, precisando en qué situaciones se puede restringir el servicio y en cuáles el acceso al agua debe estar plenamente garantizado.

Con esta normativa, el ente regulador procura dotar de mayores certezas a los hogares, comercios e industrias, al tiempo que refuerza la importancia del uso responsable del agua y del cumplimiento de las obligaciones de pago, en equilibrio con la protección de los sectores más vulnerables y de los servicios esenciales.

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