Dolor, reclamos y peritajes a una semana del estallido

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A una semana de la explosión de gas que sacudió a Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, el barrio sigue intentando recomponerse de una de las peores tragedias urbanas de los últimos años en la zona sur del Conurbano. El siniestro, ocurrido el viernes 13 de noviembre a las 10.50, dejó hasta el momento dos personas fallecidas, una treintena de heridos y decenas de familias y comerciantes con sus viviendas y locales dañados o directamente demolidos.
De acuerdo con los reportes oficiales del Municipio de Lanús, 30 personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad. Dos operarios de la empresa Metrogas, Néstor Julián Da Alessandro y Marcelo García, perdieron la vida como consecuencia de las lesiones sufridas. Además, 23 familias no pueden regresar a sus hogares y seis de ellas sufrieron la destrucción total de sus casas, lo que configura un escenario de emergencia habitacional y social en el área afectada.
El impacto económico también es profundo: 13 comercios resultaron dañados y cuatro de ellos tuvieron pérdidas totales. Ante este panorama, el Municipio de Lanús anunció medidas de acompañamiento, entre ellas una ayuda económica extraordinaria e inmediata para atender necesidades urgentes y la eximición del pago de Tasas Municipales a los locales del centro comercial que fueron alcanzados por la explosión y el incendio posterior.
Investigación, responsabilidades y medidas de emergencia
Desde el inicio de la investigación, las autoridades locales apuntaron a un presunto incumplimiento de protocolos de emergencia por parte de Metrogas y de la empresa tercerizada que realizaba tareas en la zona. Según la pesquisa preliminar, habría existido una demora de cerca de una hora en la comunicación formal de la pérdida de gas a los organismos competentes, lapso que pudo ser clave para evitar o mitigar el estrago.
En ese contexto, el Municipio de Lanús resolvió presentarse como querellante en la causa judicial, con el fin de impulsar el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades. La investigación quedó a cargo de la fiscal Yanina Estévez, titular de la UFI N.º 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, bajo la carátula de “incendio o estrago culposo seguido de muerte”.
El lunes 16 de noviembre la Justicia autorizó la demolición controlada del comercio ubicado en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, epicentro de la explosión. Al día siguiente, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREgE) informó que había iniciado de oficio peritajes técnicos para determinar las causas precisas del siniestro y evaluar si se cumplieron las normas de seguridad vigentes.
Protestas vecinales y pedido de Emergencia
Mientras avanzan las actuaciones judiciales y las pericias, los vecinos de Remedios de Escalada sostienen reclamos públicos en busca de respuestas. Durante varios días se realizaron protestas y cortes en distintos puntos de Lanús para exigir explicaciones sobre el origen de la explosión, el manejo de los escapes de gas y los operativos posteriores, así como garantías de que no se repetirán episodios similares.
En paralelo, se envió a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para declarar por 180 días el Estado de Emergencia Social, Habitacional, Patrimonial, Económica, Comercial, Alimentaria, Ambiental, Urbana y en materia de Infraestructura del Servicio Público de Gas para la zona afectada. La iniciativa apunta a agilizar asistencias, reconstrucción de viviendas, reparación de daños y controles adicionales sobre el servicio.
El Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires (CIPBA) difundió un duro comunicado en el que cuestionó el accionar de Metrogas y de las empresas involucradas en las tareas previas a la explosión, al tiempo que reclamó una revisión integral de los protocolos de seguridad en trabajos sobre cañerías de gas en áreas urbanas densamente pobladas.
Duelo y reconstrucción en Remedios de Escalada
Frente al saldo fatal y el impacto en toda la comunidad, el Municipio de Lanús decretó 72 horas de duelo en memoria de las dos víctimas de la tragedia. Durante esos días, se multiplicaron las muestras de solidaridad entre vecinos, organizaciones sociales y autoridades locales, con campañas de donaciones para quienes perdieron sus hogares o fuentes de trabajo.
A una semana del estallido, la zona aún exhibe las huellas del fuego y las demoliciones, mientras las familias afectadas intentan reorganizar su vida cotidiana. La causa judicial y los peritajes avanzan en busca de determinar responsabilidades penales y civiles, en tanto la comunidad mantiene vivo el reclamo de justicia y de mayor seguridad en la prestación de un servicio esencial como el gas domiciliario.
La investigación por “incendio o estrago culposo seguido de muerte” será clave para establecer qué falló y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.
La reconstrucción de Remedios de Escalada demandará tiempo, recursos y respuestas concretas. En el centro del pedido vecinal se cruzan el dolor por las pérdidas humanas, la necesidad urgente de asistencia y la exigencia de que quienes tuvieron responsabilidad en el hecho afronten las consecuencias.

