El Senado aprobó la adhesión de Argentina al Tratado de Patentes

El Congreso cierra una discusión de más de 50 años sobre el régimen de patentes

Sesión en el Senado por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes

NewsITe

El Senado de la Nación convirtió en ley la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un paso que el Gobierno de Javier Milei venía reclamando como señal clave hacia los mercados y socios internacionales. La norma se aprobó en la Cámara alta con 47 votos afirmativos y 22 negativos, y pone fin a una controversia que atravesó sucesivas gestiones desde que el país firmó el acuerdo en 1970.

Con esta decisión, Argentina se integra formalmente a un sistema que hoy reúne a 159 países y que permite unificar y simplificar los trámites para registrar patentes a nivel internacional. El oficialismo presentó la sanción como un hito para la economía del conocimiento, mientras que sectores de la oposición y de la industria farmacéutica local advirtieron por el posible impacto en los precios de los medicamentos y en la competitividad de los laboratorios nacionales.

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El proyecto había sido aprobado por el Senado en 1998, pero faltaba el visto bueno definitivo de la Cámara de Diputados, que llegó recién en una sesión maratónica en la que también se introdujo una reserva sobre el capítulo II del tratado. Esa salvedad fue impulsada por las cámaras farmacéuticas nacionales CILFA y Cooperala, que lograron que el país mantenga control local sobre ciertos aspectos de la evaluación técnica y el patentamiento de medicamentos, con el objetivo de resguardar a la industria frente a las grandes multinacionales.

Un “momento histórico” para el oficialismo

El senador Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza), miembro informante del oficialismo, definió la adhesión al PCT como un “momento histórico” y enfatizó que se trata de una herramienta destinada a facilitar el acceso a los mercados globales para pymes, investigadores del Conicet y startups tecnológicas. Según remarcó en el recinto, a partir de ahora será posible proteger una invención con una sola solicitud en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y extender esa protección a los 159 países miembros del sistema.

En la misma línea, legisladores como Guillermo Andrada (Convicción Federal) y la senadora misionera Sonia Rojas Decut defendieron el tratado como un mecanismo para simplificar trámites, reducir burocracia y promover la inserción internacional del conocimiento producido en las provincias. También destacaron que la reserva sobre el capítulo II otorga un margen de gradualidad en la implementación y preserva facultades del Estado argentino para definir su política en materia de medicamentos.

Advertencias por la industria farmacéutica y el costo de los medicamentos

Desde el peronismo y otros bloques opositores, en cambio, alertaron por las consecuencias que la adhesión al PCT podría tener sobre el entramado industrial local. El jefe del bloque peronista, José Mayans, sostuvo que el tratado responde más a exigencias de Estados Unidos en el marco de acuerdos comerciales recientes que a una necesidad interna del país. Afirmó además que expertos en la materia advirtieron sobre posibles aumentos de entre 30% y 40% en el precio de medicamentos ya de por sí elevados.

Las cámaras nacionales de laboratorios vienen argumentando que una apertura plena podría derivar en una competencia desigual con grandes farmacéuticas, en su mayoría de origen estadounidense, con impacto directo en los costos del sistema de salud y en el acceso de la población a tratamientos esenciales. Por esa razón insistieron en mantener bajo jurisdicción argentina los instrumentos de evaluación y ciertas etapas del proceso de patentamiento, un planteo que terminó siendo recogido por Cancillería y el Ministerio de Economía.

“Acompañar este tratado es entender hacia dónde va el mundo y hacia dónde queremos llevar definitivamente a la Argentina”, sostuvo el senador oficialista Francisco Paoltroni al defender la adhesión al PCT.

En la trastienda, la definición también estuvo condicionada por la relación bilateral con Estados Unidos y por la política arancelaria de la administración de Washington. Tras varias postergaciones, la sanción de la ley llega luego de que se estableciera para la Argentina un arancel de importación del 10%, la tasa más baja dentro del esquema aplicado a la región. Con la adhesión al Tratado de Patentes, el Gobierno busca exhibir previsibilidad jurídica para atraer inversiones, sin desatender —según promete— los resguardos sobre medicamentos que reclamaron la industria local y parte de la oposición.

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