La Corte Suprema dispuso que el Estado haga públicos los resultados de las evaluaciones Aprender y Enseñar

La decisión contó con los votos favorables de los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Carlos Vallefín, de La Plata, y Juan Perozziello Vizier, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. En disidencia, Carlos Rosenkrantz se pronunció por rechazar el pedido.

(Foto: Ministerio de Capital Humano)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Poder Ejecutivo Nacional publicar los resultados de las pruebas Aprender y Enseñar 2016 y 2017 correspondientes a todos los establecimientos educativos de la provincia de Salta que participaron de las evaluaciones. El máximo tribunal hizo lugar a una acción de amparo presentada por un ciudadano que reclamaba acceder a esa información.

“La información pertenece a las personas: no es propiedad estatal y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno”, sostuvo la Corte al fundamentar su decisión.

El fallo contó con los votos de los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Carlos Vallefín y Juan Perozziello Vizier. En disidencia, Carlos Rosenkrantz se pronunció por rechazar el pedido.

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El reclamo para acceder a los resultados de las pruebas Aprender

La causa comenzó en 2019, cuando Rafael Aurelio Argañaraz Olivero presentó una acción de amparo contra el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación.

El ciudadano solicitó “la totalidad de los Reportes de Resultado correspondientes a todos los Establecimientos Educativos o Instituciones de la Provincia de Salta que hayan participado de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017”.

Sin embargo, la Secretaría de Evaluación Educativa rechazó la entrega de los informes al considerar que contenían información confidencial. Como alternativa, el organismo ofreció resultados desagregados únicamente hasta el nivel municipal.

El Estado nacional sostuvo que la divulgación de los datos podía afectar los derechos de estudiantes, docentes y directivos. También argumentó que la información permitiría elaborar clasificaciones de escuelas según sus resultados y las características sociales de sus alumnos.

En ese sentido, advirtió sobre posibles clasificaciones “no solo por los resultados de la evaluación sino también por la condición de migrantes, indígenas, pobres y analfabetos” de los estudiantes o sus familias.

La Justicia rechazó inicialmente el amparo. Sin embargo, la Cámara Federal de Salta revocó esa decisión y ordenó entregar los resultados de todos los establecimientos educativos, sin revelar información personal de alumnos o docentes.

El Estado apeló la sentencia y el expediente llegó a la Corte Suprema, que confirmó la obligación de proporcionar los datos solicitados.

La Corte Suprema defendió el derecho a la información pública

Al analizar el caso, los jueces que conformaron la mayoría destacaron que el acceso a la información estatal constituye una herramienta para controlar el desempeño de los funcionarios y las políticas públicas.

“No puede olvidarse que el fundamento central del acceso a la información en poder estatal consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”, señalaron.

El tribunal también explicó que los operativos educativos responden a obligaciones establecidas por la Constitución Nacional y las leyes vigentes.

Por ese motivo, sostuvo que las evaluaciones “no son una gracia o favor del gobierno hacia la comunidad”, sino que “reflejan la implementación de un mandato expreso contenido en normas constitucionales y legales”.

Los magistrados rechazaron el argumento estatal de que la publicación de los resultados por establecimiento necesariamente provocaría la estigmatización de estudiantes y docentes.

“Hacer pública la información requerida apunta a efectivizar la ‘igualdad real de oportunidades’ antes que a estigmatizar alumnos y docentes”, expresaron.

Además, consideraron que conocer los resultados de cada escuela “persigue un interés público de particular trascendencia, cuyo control democrático parece ineludible”.

Los resultados permitirán controlar las políticas educativas

La Corte Suprema remarcó que la información desagregada por establecimiento permite evaluar el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia educativa.

En particular, señaló que los resultados pueden contribuir al control de las políticas destinadas a garantizar el acceso a la educación de los pueblos originarios.

“Acceder a sus resultados, entonces, permitiría cotejar que el Estado Nacional haya dado cumplimiento con su deber de garantizar, efectivamente, el derecho constitucional de los pueblos originarios a acceder a una educación bilingüe e intercultural”, indicó.

También destacó la obligación estatal de “asegurar las condiciones materiales y culturales para lograr aprendizajes comunes de buena calidad, con independencia del origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural de cada estudiante”.

Finalmente, el máximo tribunal aclaró que el acceso a la información pública no constituye un derecho absoluto. Por lo tanto, la divulgación de los informes debe preservar la intimidad y el honor de las personas que participaron de las evaluaciones.

Con esa salvedad, la Corte confirmó que el Estado nacional debe entregar los resultados de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017 de los establecimientos educativos de Salta, sin revelar datos personales de alumnos y docentes.

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