Pulseada en Diputados por la cuarta silla del Consejo de la Magistratura

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Buenos Aires.– Pese al vencimiento de los mandatos y al plazo fijado por la Justicia para renovar a sus integrantes, la Cámara de Diputados permanece empantanada en la definición del cuarto representante para el Consejo de la Magistratura, el organismo clave que interviene en la selección y remoción de jueces federales.
El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, ya confirmó a tres de los cuatro consejeros que le corresponden al cuerpo: los libertarios Gonzalo Roca y Gisele Castelnuovo, y el peronista Guillermo Michel. La butaca restante desató una áspera disputa entre el PRO y el bloque Provincias Unidas, que se arrogan el derecho a ocuparla.
La ley 24.937 establece que los representantes del Congreso en el Consejo deben ser designados a propuesta de los bloques: dos por la bancada con mayor cantidad de miembros, uno por la primera minoría y otro por la segunda minoría. Con 18 diputados, Provincias Unidas se presenta como segunda minoría y desplaza al PRO, que cuenta con 12 legisladores propios.
Desde el PRO, sin embargo, argumentan que debe computarse el peso del interbloque opositor y no solo el del bloque amarillo. Si se suman los radicales, el MID y aliados como Karina Banfi y José Luis Garrido, el espacio treparía a 22 bancas, lo que –según su interpretación– lo habilitaría a reclamar la silla en discusión.
Negociaciones fallidas y reproches internos
Fuentes parlamentarias señalaron que, para evitar llegar al vencimiento de los mandatos sin definición, Menem podría haber convocado la semana pasada a una mesa política con el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, y con la presidenta de Provincias Unidas, Gisela Scaglia. Esa instancia nunca ocurrió y el conflicto quedó a cielo abierto.
En los pasillos del Congreso admiten que el entuerto excede la letra de la normativa. “Estos casos se resuelven no a través del derecho sino de la política; si te asiste el derecho, mejor”, resumen en voz baja asesores legislativos, dejando entrever que el acuerdo final dependerá de la correlación de fuerzas y de las alianzas coyunturales.
Candidatos vetados, internas y el rol de la Corte
Según reconstruyó la crónica parlamentaria, inicialmente había un preacuerdo para que el lugar en disputa quedara para el larretista Álvaro González, dirigente del ala moderada del PRO. Pero la Corte Suprema, al interpretar la ley 24.937, bloqueó la posibilidad de un nuevo mandato consecutivo y dejó sin efecto esa opción.
Tras el revés judicial, Ritondo viró su apoyo hacia la bonaerense Florencia de Sensi, de fuerte sintonía con su conducción. Provincias Unidas, en cambio, resolvió impulsar al cordobés Juan Brügge, con el respaldo explícito del gobernador Martín Llaryora y del ex mandatario provincial Juan Schiaretti.
- El PRO reclama el lugar en función del peso del interbloque opositor.
- Provincias Unidas se aferra a la lectura estricta de la ley y su número de bancas.
- La Corte Suprema ya vetó la continuidad de Álvaro González.
- Brügge y De Sensi encarnan hoy las dos postulaciones rivales.
“Si no se ponen de acuerdo entre los bloques se va a pudrir todo”, advirtieron altas fuentes del oficialismo en Diputados, reflejando la tensión que rodea la negociación.
Dentro de las internas cordobesas también se lee parte del trasfondo: Brügge, referente demócrata cristiano, fue clave para que Schiaretti pudiera competir en las presidenciales de 2023 al prestarle el sello partidario. Ese gesto, afirman en el peronismo mediterráneo, hoy busca ser retribuido con un lugar estratégico en el Consejo.
El Senado logró un acuerdo y marcó el contraste
Mientras Diputados continúa trabado, el Senado consiguió cerrar la nómina de sus cuatro representantes. Tras ceder dos lugares al PJ, la Cámara alta designará al camporista Eduardo “Wado” de Pedro y a la riojana Florencia López, en reemplazo de Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde.
Los otros dos asientos se repartirán entre La Libertad Avanza –con Nadia Márquez en lugar de Luis Juez– y la Unión Cívica Radical, que ubicará a Maximiliano Abad en sustitución de Eduardo Vischi. Así, la Cámara alta envía una señal de orden mientras la Cámara baja exhibe su fractura interna.
Con el plazo formal ya vencido, la indefinición en Diputados deja al Consejo de la Magistratura funcionando con una integración incompleta y bajo la mirada atenta de la Corte Suprema, que aguarda la resolución política para completar el mapa de poder sobre uno de los órganos más sensibles del sistema judicial argentino.

