La ONU responsabiliza al Estado birmano por la campaña de 2017

NewsITe
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU con sede en La Haya, declaró responsable a Myanmar por el crimen de genocidio contra la minoría rohinyá, a raíz de la brutal ofensiva militar lanzada en 2017 en el estado de Rajine (Rakáin). El fallo, considerado histórico por expertos en derecho internacional, marca la primera vez que la Corte establece que un Estado ha perpetrado genocidio desde la entrada en vigor de la Convención de 1948.
Según la decisión leída por el presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, se estima que al menos 10.000 rohinyás fueron asesinados durante las denominadas “operaciones de limpieza”, acompañadas por expulsiones masivas, incendios de aldeas y violencia sexual sistemática. Esas acciones, concluyó el tribunal, tuvieron la intención de destruir parcial o totalmente a este grupo musulmán, perseguido desde hace décadas en el país asiático.
“La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine, en violación de sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, sostuvo Iwasawa al dar a conocer el veredicto. Además, el tribunal ordenó al Estado birmano indemnizar a las víctimas por los daños sufridos, en la medida en que no puedan ser reparados mediante restitución.
Reparación, retorno seguro y búsqueda de desaparecidos
La CIJ dispuso un amplio paquete de medidas de reparación destinadas a la comunidad rohinyá. Entre ellas, instó a Myanmar a permitir y facilitar el regreso “seguro, voluntario y digno” de las personas desplazadas por la ofensiva de 2017, tanto dentro del país como en el extranjero, y a garantizar la reunificación de las familias que quedaron separadas durante el éxodo.
El fallo también obliga a las autoridades birmanas a devolver o sustituir las propiedades individuales y colectivas que fueron destruidas o confiscadas, así como a facilitar la búsqueda de personas desaparecidas. El tribunal remarcó, además, la necesidad de brindar rehabilitación física y psicológica a quienes sufrieron heridas, torturas o daños mentales como consecuencia de la campaña represiva.
En el plano de la responsabilidad económica, la CIJ ordenó a Myanmar indemnizar a la comunidad rohinyá por todos aquellos perjuicios que no puedan ser subsanados con las medidas de restitución, incluidas pérdidas de medios de vida, destrucción de viviendas y afectaciones duraderas a las condiciones de vida en los campamentos de refugiados.
Investigación, castigo y garantías de no repetición
En cuanto a la persecución penal, la Corte instó al Estado birmano a adoptar “medidas inmediatas y efectivas” para investigar a todas las personas sobre las que existan sospechas razonables de haber cometido actos de genocidio durante las operaciones militares de 2017, y a procesarlas y castigarlas cuando corresponda. Aunque la CIJ no juzga individuos, su decisión sienta las bases para eventuales procesos en tribunales nacionales o internacionales.
El tribunal exigió además que Myanmar apruebe legislación que asegure el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y que ofrezca “garantías de no repetición”, esto es, reformas estructurales destinadas a impedir nuevas campañas de persecución y a proteger a las minorías étnicas y religiosas dentro de su territorio.
- Apertura de investigaciones internas sobre mandos militares y funcionarios civiles.
- Reformas legales para garantizar la igualdad de derechos de los rohinyás.
- Programas de reparación y rehabilitación para las víctimas y sus familias.
“Tras años de negación, impunidad y ocultación de la verdad, esta decisión es un reconocimiento histórico y con autoridad de las atrocidades cometidas contra los rohinyá”, destacó Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró la sentencia como un “poderoso reconocimiento” a las víctimas del genocidio y una reafirmación de que la impunidad no puede prevalecer frente a crímenes tan graves. Desde 2017, unos 700.000 rohinyás huyeron hacia Bangladesh, sumándose a cientos de miles que ya vivían en campos de refugiados. El fallo de la CIJ, aunque no resuelve de inmediato su situación, se interpreta como un paso clave para el acceso a la justicia y la posible construcción de un entorno seguro para su eventual retorno.

