La Corte Suprema frenó los aumentos libres de las prepagas y exigió autorización del Gobierno

El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 de Javier Milei. Las empresas de medicina prepaga deberán someter sus incrementos al control de la Superintendencia de Servicios de Salud.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves que las empresas de medicina prepaga deberán contar con autorización estatal para aplicar aumentos en sus cuotas. La decisión representa un revés para la política de desregulación impulsada por el Gobierno de Javier Milei y restablece las facultades de fiscalización de la Superintendencia de Servicios de Salud.

El máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que habían eliminado los controles estatales sobre los precios de los planes de salud privados.

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La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Se trata del primer pronunciamiento de la Corte que declara inconstitucionales disposiciones del decreto de desregulación económica aprobado por el Ejecutivo en diciembre de 2023.

El fallo surgió por un aumento del 110% en una prepaga

La decisión judicial se originó en una demanda presentada por una afiliada que sufrió un incremento del 110% en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

La causa llegó a la Corte Suprema después de que la Cámara Federal de La Plata cuestionara la aplicación de los aumentos sin autorización estatal. Tanto la empresa demandada como el Estado nacional presentaron recursos contra aquella resolución.

Según consta en el expediente, de haberse aplicado la normativa anterior a la desregulación, el incremento autorizado para enero de 2024 habría sido del 6,26%.

Los magistrados confirmaron parcialmente la sentencia y establecieron que la Superintendencia de Servicios de Salud debe recuperar sus atribuciones para controlar los aumentos de las empresas del sector.

Qué cambia para los afiliados a las prepagas

La resolución establece que las compañías deberán someter las actualizaciones de sus cuotas al procedimiento de autorización correspondiente. El organismo regulador tendrá que evaluar las modificaciones tarifarias y verificar que respondan a variaciones razonables en los costos de las prestaciones.

Sin embargo, la Corte también dejó una aclaración importante. El fallo no determina que los aumentos deban ajustarse automáticamente a la inflación, ya que revocó el tramo de la sentencia anterior que establecía un límite vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De esta manera, las empresas podrán solicitar incrementos, pero deberán justificar las modificaciones ante la autoridad competente.

El pronunciamiento podría tener consecuencias sobre unas 500 causas similares que permanecen pendientes de resolución ante el máximo tribunal. También podría servir como antecedente para otros afiliados que iniciaron reclamos judiciales por aumentos aplicados desde la entrada en vigencia del DNU.

La Corte cuestionó la falta de urgencia para eliminar los controles

En su resolución, los jueces señalaron que el Gobierno no justificó suficientemente las circunstancias excepcionales necesarias para modificar mediante un decreto de necesidad y urgencia el régimen legal de las prepagas.

El tribunal consideró que la referencia a una crisis del sistema sanitario y la intención de aumentar la competitividad no resultaban suficientes para prescindir del procedimiento legislativo ordinario.

La sentencia se limita a los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de las demás disposiciones del decreto.

Aunque la decisión constituye un antecedente de relevancia nacional, su aplicación a otros contratos y los eventuales reclamos de devolución deberán evaluarse según el alcance de cada causa judicial.

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