El Gobierno amplía gastos 2026 y reduce el superávit fiscal

Fuerte readecuación del Presupuesto 2026 y más deuda pública

NewsITe

El Gobierno nacional dispuso una profunda modificación del Presupuesto 2026 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1391/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida amplía el gasto en $15,6 billones, autoriza nuevas operaciones de crédito público por $78,7 billones y recorta en aproximadamente $7,5 billones el superávit previsto para el cierre del ejercicio.

De acuerdo con la norma firmada en Acuerdo General de Ministros, la readecuación presupuestaria busca garantizar el financiamiento de aumentos previsionales, recomposiciones salariales, programas sociales, asistencia a empresas públicas y continuidad de obras estratégicas. El Poder Ejecutivo argumenta que el contexto económico y social obliga a reforzar partidas clave para sostener la prestación de servicios esenciales.

Refuerzos para ANSES, jubilaciones y prestaciones sociales

Uno de los capítulos centrales del DNU es el incremento de fondos para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Allí se contemplan recursos adicionales para cubrir los aumentos derivados de la movilidad previsional y de las Asignaciones Familiares reguladas por la Ley 26.417, en un escenario de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo de los haberes.

– Publicidad –

El texto también prevé mayores partidas para afrontar el pago del bono de refuerzo de ingresos para jubilados y pensionados, el financiamiento del Plan 1000 Días —orientado a la protección integral de la primera infancia y la maternidad— y la transferencia de haberes retenidos hacia el PAMI, organismo clave en la atención de la población adulta mayor.

Más fondos para salud, discapacidad y salarios estatales

En materia laboral, el decreto actualiza los montos destinados al pago de prestaciones por desempleo, atados a las recientes subas del Salario Mínimo, Vital y Móvil. En paralelo, la Secretaría Nacional de Discapacidad recibirá un refuerzo para el programa Incluir Salud, que permitirá cancelar deudas acumuladas con prestadores en el marco de la Emergencia Nacional en Discapacidad.

El Gobierno también incrementa los créditos para gastos en personal de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de financiar recomposiciones salariales, gastos operativos, equipamiento e inteligencia. Dentro de este paquete se destacan las transferencias a las cajas previsionales de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas —entre ellas, la Caja de Retiros de la Policía Federal y el Instituto de Ayuda Financiera— para trasladar a retirados y pensionados los aumentos otorgados al personal en actividad.

Empresas públicas, deudas previsionales y financiamiento

La reestructuración incluye además transferencias a empresas e instituciones estatales bajo el paraguas de las Obligaciones a Cargo del Tesoro. Figuran entre las beneficiadas COVIARA, FAdeA, TANDANOR, Radio y Televisión Argentina (RTA), Contenidos Artísticos e Informativos, EDUC.AR, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), entre otras, con el objetivo de sostener su funcionamiento y proyectos en marcha.

  • Se asignan $543.205.555.376 en efectivo para cancelar deudas previsionales originadas en sentencias judiciales firmes.
  • Se destinan fondos a responder por embargos judiciales acumulados sobre las cuentas de los organismos previsionales.
  • Se amplía en $78,7 billones la autorización para realizar operaciones de crédito público a corto y mediano plazo.

Para financiar estos desembolsos, el Ejecutivo prevé mayores ingresos por recaudación impositiva, contribuciones a la seguridad social y rentas generadas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que vuelve a ocupar un rol protagónico como fuente de recursos.

Cambios en avales para provincias y foco en obras hídricas

El DNU también introduce modificaciones en el esquema de financiamiento subnacional. Reorienta el destino de un aval del Tesoro Nacional por US$ 100 millones otorgado a la provincia de Córdoba, que dejará de estar asociado a proyectos de “Economía Circular” para pasar a obras de “Infraestructura Hídrica y de Saneamiento”. Además, incorpora un nuevo aval a favor de la provincia de Santa Fe para la construcción de defensas contra inundaciones en el departamento San Javier.

Con esta readecuación presupuestaria, el Gobierno apunta a reforzar partidas sociales y de infraestructura, aun a costa de reducir el superávit y ampliar el endeudamiento autorizado.

La decisión abre el debate sobre el margen de maniobra fiscal del Estado en un contexto de restricción de recursos y demandas sociales crecientes, y plantea interrogantes sobre el impacto que tendrá el mayor uso de crédito público en la trayectoria futura de la deuda y del resultado fiscal.

- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -