Alerta por un proyecto que podría desalentar denuncias de abuso infantil

NewsITe
En la antesala del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, especialistas en salud mental y justicia encendieron una señal de alarma en la Argentina: un proyecto de ley que endurece las penas por denuncias falsas podría desalentar que se reporten situaciones reales de abuso, en un país donde la mayoría de los casos ya permanece en silencio.
De acuerdo con datos de la línea 137, en la última década se registró un incremento sostenido de la violencia sexual contra menores, con un aumento del 91% en solo cinco años. Aun así, la enorme mayoría de los hechos nunca llega a la Justicia. Organizaciones especializadas, como Red por la Infancia y el Centro de Prevención y Atención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia (CEPASI), estiman que en el país hay alrededor de 2 millones de chicas y chicos víctimas de violencia sexual.
Las cifras de subregistro son contundentes: se calcula que de cada 1.000 abusos sexuales infantiles, apenas 100 se denuncian, la mitad de esas causas termina archivada y solo una concluye en una condena. Un estudio citado por especialistas indica que cerca del 3,8% de las denuncias evaluadas mediante pericias psiquiátricas forenses se consideran falsas, porcentaje muy inferior a la magnitud del problema real.
Preocupación por el impacto de un proyecto sobre falsas denuncias
El Código Penal argentino ya contempla penas para quien realiza una denuncia falsa o brinda testimonio mendaz, así como para las calumnias e injurias. Sin embargo, una iniciativa legislativa recientemente presentada propone endurecer aún más las sanciones, aumentando penas de prisión e incorporando castigos económicos más severos.
Durante el último Congreso Interdisciplinario de Salud y Justicia, realizado en el Hospital de Clínicas de la UBA, especialistas advirtieron que la amenaza de castigos más duros puede generar miedo en las personas adultas a la hora de denunciar, especialmente cuando recién empiezan a sospechar un posible abuso. El riesgo, señalan, es que el temor a equivocarse termine paralizando y deje a niñas, niños y adolescentes sin protección.
En ese encuentro expusieron representantes de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños (UFIDISNN), los fiscales Emiliano Maserati y Aldo De la Fuente, junto con la psiquiatra infanto-juvenil del Hospital de Clínicas, Dra. Silvia Ongini. Las y los especialistas coincidieron en que cualquier reforma debe priorizar los derechos de la niñez y garantizar intervenciones responsables, evitando mensajes que desincentiven denunciar.
Cómo se evalúa una denuncia y el rol de los profesionales
Según explicó Ongini, el diagnóstico de abuso sexual no se basa en un solo indicio, sino en un conjunto de elementos: el relato del niño o niña, sus síntomas emocionales y físicos, la coherencia del contexto y la conducta de las personas adultas que los acompañan. Cuando se sospecha que una denuncia podría ser falsa, los equipos de salud mental deben realizar evaluaciones especialmente minuciosas y fundamentar cada conclusión.
La especialista remarcó que los profesionales tienen la obligación de documentar de manera detallada la ausencia de indicadores directos e indirectos de abuso cuando ese es el resultado de la evaluación. En la Justicia ya existen casos en los que se acreditaron denuncias falsas y se dispusieron medidas severas, como el cese de la tenencia de la progenitora denunciante y la entrega de la custodia exclusiva al otro progenitor, además de reclamos resarcitorios por los daños ocasionados.
“Es una de las formas de violencia más graves porque afecta a un psiquismo que no está preparado ni para consentir ni para metabolizar lo que sucede”, sostuvo la Dra. Silvia Ongini, al subrayar la necesidad de facilitar y no obstaculizar las denuncias.
Claves para la prevención y la detección temprana
El abordaje del abuso sexual infantil exige políticas públicas sostenidas y una fuerte participación de familias, escuelas, equipos de salud y organismos judiciales. Ongini destacó una serie de recomendaciones para reducir riesgos y favorecer la detección temprana:
- Acompañar a niñas, niños y adolescentes en el conocimiento y cuidado de su propio cuerpo, con una educación sexual integral adecuada a cada edad.
- Que madres, padres y personas cuidadoras consulten con pediatras y profesionales de salud mental sobre cómo abordar estas temáticas y cómo responder ante cambios de conducta.
- No delegar en los chicos y chicas la responsabilidad de “defenderse” solos; la protección es una tarea adulta.
- Respetar sus negativas y su intimidad: no obligarlos a dar besos o muestras de afecto cuando no lo desean.
- Fortalecer el rol de las escuelas brindando herramientas y espacios de diálogo para prevenir y detectar violencia sexual.
- Reconocer la gravedad de las violencias que se ejercen en entornos digitales, muchas veces minimizadas o confundidas con “juegos” en redes.
Cuando se observan síntomas compatibles con abuso —cambios bruscos de conducta, regresiones, miedos intensos, somatizaciones, entre otros—, la detección temprana permite interrumpir el daño, contener a la víctima y activar los dispositivos de protección. Especialistas remarcan que es clave evitar la revictimización, reducir los interrogatorios reiterados y transmitir con claridad que la responsabilidad siempre recae en la persona agresora, nunca en la niña, niño o adolescente.
En un escenario donde la mayoría de los casos no se denuncia, las y los expertos coinciden en que cualquier debate legislativo debe partir de una premisa básica: el sistema debe alentar a hablar, facilitar el acceso a la Justicia y asegurar acompañamiento integral, para que ninguna víctima quede sola.

