El Senado busca sancionar la nueva Ley de Discapacidad

El Congreso define el futuro del sistema de apoyo a personas con discapacidad

Sesión del Senado por la nueva Ley de Discapacidad

NewsITe

El Senado de la Nación se prepara para una sesión clave este jueves, en la que se debatirá la sanción definitiva de la nueva Ley de Discapacidad, denominada oficialmente “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”. El proyecto cuenta con apoyo de todo el arco político y busca reemplazar el actual esquema de emergencia que rige hasta diciembre por un régimen permanente de protección y acompañamiento.

La sesión fue convocada para las 11 y el temario incluye además la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, propuestas vinculadas a la ley de Tierras y la llamada “ley Joaquín”, entre otros expedientes. Sin embargo, el eje de la jornada será la normativa de discapacidad, considerada una demanda urgente por parte de organizaciones, prestadores y familias.

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El proyecto replica de manera casi íntegra los beneficios vigentes en la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia. De este modo, se propone convertir estas disposiciones en una política pública permanente y de orden público, que trascienda los cambios de gobierno y otorgue previsibilidad a las personas con discapacidad y a los prestadores del sistema.

Compatibilidad entre pensiones y trabajo formal

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la compatibilidad entre el cobro de la pensión no contributiva por discapacidad y el acceso a un empleo formal o la inscripción en el monotributo. El texto establece que las personas que perciban una pensión equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo podrán trabajar siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.

Esta medida apunta a derribar una barrera histórica: la disyuntiva entre conservar la pensión o ingresar al mercado laboral. Con la nueva ley, se busca promover la inclusión laboral sin que ello implique perder la red de protección económica. El beneficio alcanza a quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Actualización de aranceles y cobertura médica

El texto también ratifica el principio de nomenclador único y sostiene la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones, vinculada al índice de movilidad jubilatoria, que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera se intenta evitar el atraso en los pagos a prestadores, uno de los reclamos más fuertes del sector en los últimos años.

Asimismo, garantiza la continuidad de la cobertura básica de protección médica a través del programa federal Incluir Salud para quienes perciben la pensión por discapacidad. Esto incluye prestaciones de salud, rehabilitación, apoyos y servicios esenciales para el desarrollo de la vida cotidiana de las personas con discapacidad.

Financiamiento y controles cruzados

En materia de financiamiento, la ley fija que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio anterior. El objetivo es evitar recortes que afecten la calidad y disponibilidad de prestaciones, en un contexto de alta inflación y presión sobre el sistema sanitario.

Además, se crea un sistema de auditorías periódicas que prevé el cruce de datos entre distintos organismos del Estado: ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Estos controles se realizarán bajo el principio de “debido proceso inclusivo”, para garantizar transparencia sin vulnerar derechos.

Compensaciones a prestadores y plazos de reglamentación

A pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para saldar las compensaciones adeudadas a los prestadores, quienes vienen reclamando desde hace tiempo por demoras y desfasajes en los pagos. El texto también fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma una vez promulgada.

Con amplio consenso político, el Senado se encamina a convertir en ley un esquema permanente de apoyo a las personas con discapacidad, con foco en la inclusión laboral, la previsibilidad financiera y la continuidad de la cobertura médica.

La sesión de este jueves será determinante para definir el futuro del sistema de discapacidad en la Argentina. De aprobarse sin modificaciones, la norma otorgará un marco estable que organizaciones y familias reclaman hace años, a la espera de que los derechos conquistados no dependan más de la renovación periódica de una emergencia.

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