Esta violación a los derechos humanos, además de ser una de las más generalizadas en el mundo, es una de las más naturalizadas. De acuerdo con el Observatorio ‘Lucía Pérez’, en octubre pasado se registró un femicidio cada 15 horas en Argentina. La organización de la actividad local proviene de la Multisectorial de Mujeres. Será el 25 de noviembre desde las 17:30 en la Plaza Mitre, con intervenciones de la Escuela de Arte ‘Liliana Grinberg’.

De la Redacción de EL NORTE
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La violencia contra las mujeres y niñas afecta a una de cada tres en el mundo, pero a pesar de ser una de las violaciones de los derechos humanos más generalizadas, para muchas de las supervivientes la justicia es todavía inalcanzable. En Argentina, se registraron más de 240 feminicidios entre enero y octubre de 2026. El mes pasado fue el mes más letal de los últimos tiempos, con hasta 48 víctimas. Organizaciones advierten sobre los recortes en políticas de prevención y la falta de un registro oficial. En un contexto cada vez más difícil, la Multisectorial de Mujeres de San Nicolás convoca a marchar el próximo miércoles en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género. La actividad local será el 25 de noviembre desde las 17:30 en la Plaza Mitre, con intervenciones de la Escuela de Arte ‘Liliana Grinberg’.
Un femicidio cada 15 horas en octubre
El Observatorio ‘Lucía Pérez’ contabilizó en los primeros diez meses del año 243 feminicidios; el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven registró 242; La Casa del Encuentro anotó 240, y MuMaLá, 239. Las cuatro organizaciones citadas coinciden en que octubre fue el mes más letal, con 48, 39, 43 y 36 víctimas, según cada uno de sus reportes. De acuerdo con las cifras de la primera de ellas, el Observatorio ‘Lucía Pérez’, esto supone un asesinato cada 15 horas.
Las cifras dispares responden a la falta de un conteo riguroso oficial, por lo que son las organizaciones las que van sumando casos, con el uso de diferentes metodologías, pero sí acuerdan en que se produjo un retroceso de las políticas públicas nacionales de prevención por la desfinanciación en áreas relacionadas. También han coincidido en que hay subregistros, es decir, las víctimas podrían ser más.
MuMaLá ha registrado 728 intentos de feminicidio y, según su informe, un 61% de los asesinatos fue cometido por parejas, exparejas o familiares, y un 59% ocurrió en las viviendas de las víctimas.
En lo cotidiano
Los femicidios son la forma de violencia más extrema, contundente, definitiva, profunda, de impacto y consecuencias inestimables. Pero hay violencias tipificadas en la Ley 26.485 –de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales– que muchas mujeres atraviesan cotidianamente.
Además de la violencia física, se suma la psicológica, que es la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación y aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.
La violencia sexual implica vulnerar el derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.
La económica y patrimonial se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.
La violencia simbólica, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
Sin garantías de justicia
ONU Mujeres propone 16 días de activismo del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2026, bajo el lema: “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas: garantizar la justicia, proteger a las supervivientes y poner fin a la impunidad”. La justicia debe ser accesible para todas las mujeres y niñas en toda su diversidad, incluidas las mujeres indígenas, con discapacidades y las personas LGBTIQ+, entre otras. Debe adecuarse a sus circunstancias y eliminar las barreras financieras, físicas, sociales e institucionales que les impidan buscar ayuda.
Además, debe extenderse a los espacios digitales. El acoso en línea, el hostigamiento cibernético, los abusos basados en imágenes, los deepfakes o ultrafalsos, la desinformación de género y otras formas de violencia digital pueden provocar graves daños psicológicos, sociales, económicos y físicos.
“A la vez, los recortes al financiamiento están restringiendo el acceso a servicios esenciales y debilitando a las organizaciones de derechos de las mujeres que ayudan a las supervivientes a orientarse en los sistemas de justicia, obtener asistencia jurídica y reconstruir su vida. Para las mujeres de zonas rurales y remotas y aquellas que se enfrentan a formas interrelacionadas de discriminación y violencia, el camino hacia la justicia es todavía más difícil. Una legislación sólida es importante, pero por sí sola no es suficiente. Las supervivientes necesitan vías seguras para denunciar la violencia, servicios y asistencia accesibles y asequibles, además de sistemas de justicia que reaccionen de forma eficaz. Esto implica que quienes cometen las agresiones deben rendir cuentas ante la ley y las instituciones han de responder por los fallos que han permitido que la violencia continúe con impunidad”, marcaron desde la Organzación de las Naciones Unidas exponiendo los temas comunes que siguen sin resolverse.

