La UCA cuestiona a Milei y marca una pobreza del 42,4%

La UCA fija en 42,4% la pobreza y se aleja de los datos oficiales

Informe de la UCA sobre pobreza en Argentina

NewsITe

Un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) abrió un fuerte debate en torno a las cifras de pobreza que difunde el Gobierno nacional. Según este estudio, el nivel de pobreza en el país sería del 42,4%, es decir, al menos 10 puntos porcentuales por encima del 32,3% informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y defendido públicamente por el presidente Javier Milei.

El trabajo académico sostiene que la brecha entre ambas mediciones se explica, principalmente, por la utilización de una canasta básica total (CBT) “desactualizada” y por cambios metodológicos introducidos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a partir de fines de 2024. De acuerdo con la UCA, esas modificaciones distorsionan la capacidad de comparar las cifras actuales con las de períodos anteriores y subestiman la cantidad de personas que hoy no pueden cubrir sus necesidades básicas.

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De esta manera, el informe del ODSA concluye que la llamada pobreza “verdadera” implica que dos de cada cinco argentinos no logran acceder a la Canasta Básica Total, estimada en torno a los $1.690.000 mensuales para un hogar tipo de cuatro integrantes. El dato actual no solo se ubica por encima de los registros oficiales, sino que también reconfigura la discusión sobre cuál era el punto de partida de la gestión libertaria.

Diferencias sobre la herencia y el impacto de la gestión Milei

Otro de los ejes centrales del estudio apunta a la herencia recibida por el actual gobierno. Mientras desde la Casa Rosada se sostuvo que Milei asumió con un 52,9% de pobreza, la UCA afirma que el verdadero nivel era del 41,7%. Esto supone una diferencia superior a los 11 puntos porcentuales y cuestiona el relato oficial sobre la magnitud de la crisis social heredada.

El informe elaborado por los investigadores Agustín Salvia y Alejo Giannecchini señala que, al comparar el último trimestre de 2023 con el segundo trimestre de 2026, la pobreza habría pasado del 41,7% al 42,4%. Es decir, lejos de una reducción pronunciada, se observa un leve aumento en el universo de personas que no alcanzan a costear la canasta básica, en un contexto de fuerte ajuste del gasto público y de aceleración inflacionaria.

La UCA también advierte que los cambios en la metodología oficial valoran más ciertos ingresos familiares que antes no se computaban, lo que tiende a “licuar” estadísticamente la pobreza. Además, señala que existe una subrepresentación de los incrementos en tarifas de servicios públicos, tanto en la construcción de la canasta como en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que, según los autores, agrava el desfasaje entre la realidad de los hogares y las estadísticas.

Metodología, tarifas y el debate por la medición de la pobreza

Para los especialistas, el corazón de la controversia pasa por cómo se define y actualiza la Canasta Básica Total, que es el parámetro sobre el cual se traza la línea de pobreza. Un valor subestimado de esa canasta implica que menos personas quedan catalogadas como pobres, aun cuando sus ingresos no alcancen para cubrir gastos esenciales como alimentación, alquiler, transporte, educación, salud y servicios básicos.

  • El informe de la UCA fija la pobreza en 42,4%, contra el 32,3% del INDEC.
  • La gestión Milei habría recibido 41,7% de pobreza, y no 52,9% como sostiene el Gobierno.
  • Los cambios metodológicos en la EPH y la CBT dificultan la comparación interanual.
  • Se denuncia una subestimación del impacto de las tarifas y otros costos esenciales.

“La actualización de la canasta básica y la correcta valoración de los ingresos son claves para medir con precisión la pobreza y diseñar políticas públicas efectivas”, remarcan los investigadores del ODSA en el documento.

Mientras tanto, el informe de la UCA promete alimentar la discusión política y técnica en torno a la medición de la pobreza en Argentina. En un escenario de alta inflación, caída del poder adquisitivo y fuertes tensiones sociales, la calidad y transparencia de las estadísticas oficiales vuelven a ocupar un lugar central en el debate público.

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