Bolivia investiga a Evo Morales por presunto alzamiento armado

NewsITe
La Dirección General de Migración de Bolivia activó una alerta migratoria contra el ex presidente Evo Morales, en el marco de una causa judicial que investiga un presunto alzamiento armado y otros delitos vinculados a la seguridad del Estado. La medida se enmarca en las tensiones políticas que atraviesa el país andino y vuelve a colocar al ex mandatario en el centro de la escena.
Según confirmó el director regional de Migración, Daniel Prieto, la disposición fiscal llegó al organismo el último viernes, a partir de una denuncia presentada por el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis. A partir de esa orden, se instruyó a las autoridades migratorias a activar un mecanismo especial de control sobre los movimientos de Morales.
La alerta establece que, si el ex jefe de Estado se presenta en un aeropuerto o en un paso fronterizo terrestre, el personal de Migración deberá informar de inmediato a la Policía Boliviana, que será la encargada de definir los pasos a seguir en el marco de la investigación. No se trata de una orden de captura ni de una sentencia, sino de una herramienta administrativa de vigilancia y registro.
Alcance de la medida y detalles de la investigación
Las autoridades aclararon que la activación de la alerta migratoria no implica, por sí sola, la detención automática de Morales ni un arraigo judicial que le impida salir del país. Sin embargo, sí permite un monitoreo estricto de sus movimientos y una intervención policial inmediata si así lo requiere el Ministerio Público.
La causa está vinculada a los 53 días de bloqueos de rutas registrados entre mayo y junio pasados, protagonizados por sectores afines al ex presidente, entre ellos la Central Obrera Boliviana y organizaciones campesinas. De acuerdo con los denunciantes, esas protestas ocasionaron importantes pérdidas económicas y afectaron el abastecimiento de distintas regiones del país.
En el expediente se investigan presuntos delitos de alzamiento armado, terrorismo, financiamiento del terrorismo y otras figuras penales relacionadas con la estabilidad institucional. El proceso se inició tras la difusión de grabaciones telefónicas atribuidas a Morales, en las que supuestamente habría instado a cercar ciudades y cortar el suministro de alimentos durante las movilizaciones.
Respuesta de Morales y clima político en Bolivia
- El ex presidente niega las acusaciones y habla de persecución política y judicial.
- Su defensa cuestiona la autenticidad y legalidad de los audios difundidos.
- El caso reaviva la polarización entre el oficialismo, la oposición y sectores sociales.
Desde su bastión político en el Trópico de Cochabamba, donde permanece con fuerte respaldo de sus seguidores desde octubre de 2024, Morales rechazó de plano los cargos en su contra. Sostiene que los audios difundidos fueron manipulados o obtenidos de manera ilegal y denunció una ofensiva destinada a apartarlo definitivamente de la vida política.
“No voy a abandonar Bolivia; voy a enfrentar todos los procesos”, reiteró el ex mandatario, al insistir en que las causas abiertas responden a una estrategia de persecución.
El avance de la investigación y la implementación de la alerta migratoria se suman a un escenario de alta tensión política en Bolivia, con denuncias cruzadas entre el gobierno, la oposición y los movimientos sociales. En este contexto, el desenlace judicial del caso Morales no solo tendrá impacto en su futuro personal, sino también en el equilibrio interno del país y en la relación entre las instituciones y los liderazgos emergentes.
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa reuniendo elementos probatorios sobre la organización de los bloqueos y el eventual rol de Morales, en una causa que será seguida de cerca por la región debido al peso político que aún conserva el ex presidente en el tablero sudamericano.

