En la Justicia bonaerense existen más de 300 vacantes entre juzgados, tribunales, cámaras y fiscalías, producto de renuncias, jubilaciones, pases a la Justicia Federal, fallecimientos y otros movimientos, según relevamientos de distintos organismos oficiales. En el Departamento Judicial San Nicolás, a agosto de este año, se registraban 11 vacantes de magistrados correspondientes a diversas reparticiones, una situación que se mantiene sin nombramientos hasta la actualidad.

De la Redacción de EL NORTE
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La cantidad de vacantes y el retraso de nombramientos en juzgados, fiscalías y defensorías continúan encendiendo las alarmas por la cobertura de cargos en la provincia de Buenos Aires. En la Justicia bonaerense existen más de 300 puestos sin cubrir entre esas dependencias, tribunales y cámaras, producto de renuncias, jubilaciones, pases a la Justicia Federal, fallecimientos y otros movimientos, según relevamientos de distintos organismos oficiales.
Recientemente, el Gobierno de Axel Kicillof oficializó la aceptación de las renuncias de dos juezas y una defensora oficial, todas por motivos jubilatorios, que dejaron sus cargos con efecto retroactivo al 1° de octubre. Las salidas corresponden a los departamentos judiciales de San Isidro, Mercedes y Bahía Blanca.
En el Departamento Judicial San Nicolás, a agosto de este año, se registraban 11 vacantes de magistrados, correspondientes a las siguientes reparticiones: 2 jueces de Familia; 1 juez Correccional; 2 defensores penales; 1 defensor civil; 1 juez de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo; 2 agentes fiscales de mayores; 1 fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y 1 juez de Garantías del Joven. Esta situación continúa intacta hasta la actualidad, sin nombramiento alguno.
El problema que persiste
Dicha situación no es nueva, sino que se arrastra de tiempo atrás. Durante 2024 y 2025 se cubrieron 412 cargos, lo que permitió reducir considerablemente el nivel de vacancia. Sin embargo, la dinámica se interrumpió a mediados de 2025, cuando el Senado bonaerense votó su última tanda de nombramientos el 25 de junio de ese año y desde entonces no volvió a aprobar nuevas designaciones.
En ese contexto, el gobernador Axel Kicillof se comprometió a remitir a la Cámara Alta más de 200 pliegos para avanzar con la cobertura de cargos judiciales. El anuncio fue realizado durante un encuentro con autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense.
El Consejo de la Magistratura ya había aprobado más de 300 ternas para cubrir los puestos pendientes. En tanto, desde el Ejecutivo señalaron que el envío de las propuestas depende de una serie de instancias administrativas y políticas antes de que puedan llegar al recinto.
Cabe considerar que las comisiones legislativas dejan de funcionar el 30 de noviembre y los pliegos necesitan obtener dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado antes de ser tratados. Si no se alcanzan los consensos necesarios, una parte importante de las designaciones podría quedar postergada hasta 2027.
Vacantes en la Suprema Corte
A este panorama se suma la situación de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que continúa funcionando con apenas tres de sus siete integrantes: Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria. Las cuatro vacantes del máximo tribunal provincial siguen sin una resolución política a la vista.
El propio presidente de la Corte, Sergio Torres, advirtió sobre las consecuencias de esa situación y reclamó avanzar con las designaciones. Según planteó, la falta de integrantes complica el funcionamiento cotidiano del organismo y afecta la prestación del servicio de justicia.
En ese marco, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en ejercicio de los deberes que le asigna el artículo 50 de la Ley 5177, exige a los Poderes Ejecutivos y Legislativos de la Nación y de la Provincia la urgente cobertura de las vacantes existentes en ambos Tribunales Superiores, mediante el cumplimiento estricto del procedimiento constitucional; vale decir, mediante la participación efectiva y equilibrada de los poderes públicos y de la comunidad jurídica vinculada. “Es imprescindible que el proceso de selección incluya a juristas de reconocida trayectoria ética y profesional, teniendo especialmente en consideración la especialización de los aspirantes, la diversidad de género y la representación federal, favoreciendo la inclusión de representantes del interior del país y de la Provincia de Buenos Aires y que provengan, en algún caso, del ejercicio liberal de la abogacía”.
Así, mientras el Ejecutivo promete acelerar el envío de pliegos y el Senado deberá definir si habilita su tratamiento antes de fin de año, las recientes renuncias suman nuevas necesidades de cobertura a un sistema que todavía espera respuestas.

