El Gobierno busca llegar al recinto con acuerdos clave cerrados

NewsITe
El oficialismo de la Cámara de Diputados apuesta a firmar este martes el dictamen del proyecto de Presupuesto 2027, en una jornada decisiva para garantizar que la iniciativa pueda debatirse en el recinto el próximo miércoles 25 con el menor nivel de sobresaltos posible. La comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario Bertie Benegas Lynch, fue convocada para las 16 con el objetivo de pasar directamente a la firma y cerrar una etapa de intensas negociaciones políticas.
Según fuentes parlamentarias, el oficialismo llega a la reunión con una base de acuerdos importantes, en especial con el PRO y sectores dialoguistas, que le permitirían obtener sin grandes dificultades el dictamen de mayoría. El apuro tiene respaldo reglamentario: el artículo 106 de la Cámara establece que el Presupuesto sólo puede dictaminarse hasta el 20 de noviembre dentro del período de sesiones ordinarias, por lo que ya no hay margen para más dilaciones.
Uno de los puntos centrales del entendimiento con el PRO fue la incorporación de las prórrogas de las leyes de autopartismo, que contemplan beneficios fiscales para las empresas que producen autopartes en el país. El jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, también destacó los avances vinculados al pedido de endeudamiento del Gobierno de la Ciudad ante el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y al esquema de pago de la deuda por coparticipación con la administración porteña.
En paralelo, el Gobierno se comprometió a garantizar financiamiento para la nueva ley de discapacidad, cuya aprobación definitiva todavía depende del Senado. En la Casa Rosada reconocen que ese tema es extremadamente sensible y que un nuevo recorte o demora podría poner en riesgo todo el andamiaje legislativo. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, aparece prácticamente en soledad defendiendo el equilibrio de las cuentas públicas mientras intenta contener reclamos sectoriales y provinciales.
Presión de las provincias y debates pendientes
La negociación con los gobernadores tiene varios capítulos abiertos. Uno de ellos es la presión de las provincias para reducir el impuesto a los combustibles líquidos, bajo el argumento de que la recaudación nacional no se está destinando al objetivo original del tributo: el mantenimiento y la mejora de la red vial. En ese marco, también se discute una rebaja específica al impuesto que grava al huevo y sus derivados, un reclamo impulsado por el PRO y canalizado por el ministro del Interior, Diego Santilli, en diálogo con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
El radicalismo, por su parte, acompaña en líneas generales el proyecto, aunque marcó observaciones en temas sensibles. El bloque de la UCR reclama especialmente una mayor partida para las universidades nacionales. Mientras el Gobierno propuso 7,3 billones de pesos para 2027, los rectores consideran que se necesitan al menos 11 billones para garantizar el normal funcionamiento del sistema universitario en todo el país, en un contexto de alta inflación y ajuste.
En el bloque Argentina Federal, que responde a varios mandatarios del interior, el misionero Oscar Herrera Ahuad se encamina a firmar el dictamen del oficialismo, aunque con disidencias parciales. La mayor incógnita está puesta en los dos diputados del espacio Provincias Unidas, que suelen votar de manera diferenciada. Si bien su postura no es determinante en la etapa de comisión, podría inclinar la balanza cuando el texto llegue al recinto.
Obras públicas, cajas jubilatorias y biocombustibles en la mesa
Entre los puntos de negociación más relevantes aparecen las partidas para obras públicas y los fondos destinados a cubrir los déficits de las cajas jubilatorias provinciales no transferidas, que alcanzan a 13 distritos. Los gobernadores buscan asegurar recursos que les permitan enfrentar sus compromisos previsionales en un escenario de ajuste del gasto nacional.
Además, un grupo de mandatarios del Norte y del Centro del país —entre ellos los de Tucumán, Osvaldo Jaldo; Salta, Gustavo Sáenz; Jujuy, Carlos Sadir; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y Córdoba, Martín Llaryora— reclama que se destrabe el tratamiento de la Ley de Biocombustibles. El proyecto quedó frenado en Diputados por las objeciones de legisladores de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa, preocupados por el impacto que una mayor desregulación podría tener sobre las pymes locales frente a la competencia de grandes productoras radicadas en Córdoba y Santa Fe.
- Firma de dictamen prevista antes del límite reglamentario del 20 de noviembre.
- Acuerdos con PRO y bloques dialoguistas para asegurar la mayoría.
- Debate abierto por impuestos a combustibles y al sector avícola.
- Tensión por el financiamiento universitario y la ley de discapacidad.
- Reclamo de gobernadores por obras, cajas jubilatorias y biocombustibles.
El Presupuesto 2027 se convirtió en la principal prueba política del oficialismo en el Congreso, que busca una señal de gobernabilidad en medio de fuertes presiones fiscales y territoriales.
Con el reloj parlamentario corriendo, el oficialismo confía en llegar al recinto con un texto que refleje los principales acuerdos alcanzados con la oposición dialoguista y los gobernadores. Sin embargo, el verdadero test será la votación en Diputados, donde cada artículo puede convertirse en una pulseada decisiva para el rumbo económico y político del próximo año.

