Austral Agro: nueva causa y liquidación ordenada por la Justicia

La firma agropecuaria de Báez vuelve al centro de la escena judicial

NewsITe

La situación judicial de Lázaro Báez sumó un nuevo capítulo con la reapertura del debate en torno a Austral Agro S.A., una de las empresas clave del entramado económico del empresario santacruceño cercano a la familia Kirchner. La firma, dedicada al negocio ganadero y agropecuario, quedó otra vez bajo la lupa a partir de una causa que investiga si Báez, pese a estar detenido, habría continuado manejando sus bienes a través de terceros.

En paralelo, el Tribunal Oral Federal (TOF) N.º 4 dispuso avanzar con la liquidación de las acciones de Austral Agro, con el objetivo de cubrir parte de las millonarias multas impuestas tanto a Báez como a su hijo Martín en la causa conocida como la “Ruta del dinero K”. Las sanciones económicas superan los US$ 329 millones para el empresario y los US$ 274 millones para su heredero.

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Los orígenes y la estructura de Austral Agro

Austral Agro S.A. fue constituida el 11 de octubre de 2007 por Lázaro Báez y Fernando Javier Butti, con un capital inicial de 50.000 pesos. De acuerdo con su objeto social, la compañía se orientó a la explotación de actividades agrícolas y ganaderas, además de habilitarse para la compra y venta de inmuebles rurales y urbanos.

En sus primeros pasos, Butti fue designado presidente del directorio, mientras que Báez ocupó el rol de director suplente. Con el tiempo, la estructura formal cambió y el control de la sociedad quedó concentrado en la familia Báez: Lázaro pasó a ser director titular y se quedó con el 70% de las acciones, en tanto el 30% restante quedó en manos de su hijo Martín, como director suplente.

Distintas resoluciones judiciales dan cuenta de que, hacia 2016, Austral Agro contaba con alrededor de 70 empleados. Los fondos para el pago de salarios y otros gastos operativos, según surge de los expedientes, eran entregados en efectivo por el propio Lázaro Báez, lo que reforzó las sospechas sobre la informalidad en el manejo de la caja de la firma.

Intervención judicial y antecedentes de irregularidades

En 2018, en el marco de la megacausa por lavado de dinero y sobreprecios en la obra pública, el TOF N.º 4 dispuso la intervención judicial de Austral Agro a pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ). El organismo había advertido serias dificultades para acceder a la documentación de la compañía y evaluar su situación patrimonial real.

Entre los argumentos de la IGJ se mencionó la “falta de colaboración y reticencia” de Leandro Báez, apoderado de la firma. Los veedores judiciales informaron que no pudieron revisar de manera adecuada los libros contables ni obtener información precisa sobre los activos rurales y el movimiento financiero de la sociedad. Frente a ese escenario, el tribunal removió a las autoridades y designó un administrador judicial.

A este cuadro se sumó otra causa por la falta de depósito de aportes previsionales descontados a los empleados. El Tribunal Oral en lo Penal Económico N.º 3 dictó una sentencia en la que acreditó que Austral Agro había retenido los aportes de sus trabajadores correspondientes a febrero de 2016 sin ingresarlos en el plazo legal, por un monto de 113.925,49 pesos.

Nueva imputación por lavado y el futuro de la empresa

La firma volvió a quedar en el centro de una investigación penal en la Justicia Federal de Río Gallegos. El fiscal federal Julio Zárate, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), imputó a Lázaro Báez y a otras 16 personas por presunta asociación ilícita y lavado de activos.

La hipótesis que se intenta probar es que el empresario, quien cumple una condena unificada de 15 años en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, habría continuado administrando y explotando sus bienes mediante una red de allegados, pese a las restricciones judiciales vigentes. La pesquisa apunta a un flujo económico estimado en 390.880.000 pesos.

En el caso puntual de Austral Agro, los investigadores sostienen que el control de los campos y establecimientos rurales se habría mantenido a través de contratos de alquiler y acuerdos de explotación ganadera firmados con personas de confianza de Báez. De ese modo, la estructura formal intervenida conviviría con un manejo paralelo de hecho.

Liquidación de acciones y traspaso al Estado

Mientras avanza la causa por lavado, el TOF N.º 4 resolvió profundizar las medidas económicas contra el patrimonio de Báez. En un reciente fallo, la jueza Valeria Rico ordenó la liquidación de las acciones de Austral Agro y dispuso que sean inscriptas a nombre del Estado Nacional, como parte del proceso para hacer efectivas las multas impagas derivadas de la “Ruta del dinero K”.

  • Las acciones de la compañía deberán ser transferidas formalmente al Estado.
  • La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) asumirá el control operativo de la firma.
  • Los recursos que se obtengan se destinarán a cubrir las condenas económicas de Báez y su hijo.

“La inscripción de las acciones a nombre del Estado Nacional y la intervención de la AABE responden a la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de las sentencias condenatorias”, consignó la resolución judicial.

Con este escenario, Austral Agro se transforma en un caso testigo sobre cómo la Justicia federal procura recuperar activos vinculados a maniobras de corrupción y lavado de dinero. El desenlace de la nueva causa penal y el avance del proceso de liquidación marcarán el destino definitivo de la empresa que, durante años, formó parte del núcleo económico de Lázaro Báez.

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