RIGI: cambian reglas para proveedores locales y extranjeros

El Gobierno redefine quiénes cuentan como proveedores locales

NewsITe

El Gobierno nacional modificó por decreto los criterios para determinar qué empresas pueden ser consideradas proveedores locales en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). A partir del Decreto 1366/2026, las firmas de capital extranjero radicadas en Argentina podrán computar dentro del cupo mínimo del 20% destinado a la compra de bienes y obras producidos en el país, reduciendo en los hechos la exclusividad que tenían las compañías de capital nacional.

Hasta ahora, la reglamentación del RIGI —creado por la Ley 27.742 para atraer proyectos de gran escala en sectores como energía, minería e infraestructura— exigía no solo la radicación en el territorio nacional, sino también ciertos parámetros de control societario local para que una firma se considerara proveedor local. El espíritu de esa definición apuntaba a garantizar que una porción de las inversiones derivadas del régimen se volcara directamente a empresas controladas por capitales argentinos.

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Con el nuevo decreto, ese esquema se modifica de manera sustancial. La condición central pasa a ser que la empresa esté formalmente constituida y domiciliada en la República Argentina, sin importar el origen de su capital accionario. De este modo, cualquier firma de propiedad extranjera, siempre que tenga personería local y opere en el país, podrá ser computada dentro del 20% de compras a proveedores locales exigido por la ley.

En la práctica, la medida abre la puerta a que el capital internacional tenga mayor participación en el negocio derivado de las grandes inversiones promovidas por el RIGI. Un ejemplo típico es el de una compañía de patrimonio extranjero radicada en Argentina que fabrique equipamiento para proyectos mineros o energéticos: aun cuando la totalidad de sus accionistas se encuentre en el exterior, sus ventas podrán ser contabilizadas como parte del cupo mínimo de contratación local.

Impacto en la industria nacional y las pymes

El cambio regulatorio genera preocupación en sectores industriales y en pequeñas y medianas empresas que ven en el RIGI una herramienta clave para acceder a grandes contratos. Si bien la norma mantiene la obligación de destinar al menos un 20% de la inversión a proveedores locales —siempre que exista oferta competitiva en precio y calidad—, el nuevo criterio ya no garantiza que esos beneficios se concentren en compañías mayoritariamente argentinas.

Para las pymes nacionales, la competencia por ese cupo podría volverse más intensa frente a empresas de mayor escala, con respaldo financiero internacional pero radicadas en el país. Especialistas en derecho económico señalan que la redefinición del concepto de proveedor local tiende a reforzar la apertura del mercado interno a capitales externos, en línea con la política económica del gobierno de Javier Milei, que apunta a simplificar regulaciones y atraer inversiones.

  • El RIGI obliga a destinar al menos 20% de las compras a proveedores locales.
  • El nuevo decreto elimina la exigencia de control societario argentino.
  • Podrán integrar el cupo empresas de capital extranjero con domicilio en el país.
  • Industrialistas y pymes advierten por una posible pérdida de prioridad.

Con la nueva definición, cumplir con el 20% de compras locales ya no implica que los contratos se concentren en empresas controladas por capitales argentinos, lo que reabre el debate sobre el rol del Estado en la protección de la industria nacional.

La implementación del Decreto 1366/2026 se dará en un contexto de fuerte discusión sobre el alcance del RIGI, su impacto en el entramado productivo local y el equilibrio entre la atracción de inversiones y la defensa de las empresas nacionales. En las próximas semanas se espera la reacción formal de cámaras empresarias, sindicatos y gobernadores de provincias con fuerte peso minero y energético, que siguen de cerca cómo estos cambios se traducirán en el territorio.

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