El Gobierno ajusta el RIGI y redefine a los proveedores locales

Cambios en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones

Sede del Gobierno nacional, donde se anunciaron cambios al RIGI

NewsITe

El Gobierno nacional introdujo una serie de modificaciones clave al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con impacto directo sobre la participación de proveedores locales, los plazos para concretar inversiones, los procesos de reorganización empresaria y el tratamiento de las divisas que ingresan al país. Los cambios quedaron formalizados a través del Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial, con el objetivo de aportar mayor claridad operativa al esquema y facilitar el desarrollo de proyectos de gran envergadura.

Uno de los puntos centrales de la nueva reglamentación es la redefinición de quiénes son considerados proveedores locales. A partir de ahora, en el caso de las personas jurídicas, bastará con que la empresa esté constituida y tenga domicilio en la Argentina para calificar dentro de esa categoría, sin tener en cuenta la nacionalidad o la residencia de sus accionistas, ni la composición del capital social. En la práctica, esto permite que compañías de origen extranjero con base en el país accedan a los beneficios como proveedoras dentro de proyectos encuadrados en el RIGI.

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Pese a esta flexibilización, se mantiene la exigencia de que los bienes y servicios provistos respeten las reglas de origen nacional del MERCOSUR, un punto relevante para asegurar cierto nivel de contenido local. El oficialismo busca así dinamizar la integración de empresas radicadas en el territorio argentino, ampliando el universo de firmas aptas para abastecer grandes emprendimientos, en particular en sectores como energía, minería, infraestructura y economía del conocimiento.

Plazos de inversión y reorganización de proyectos

El decreto también introduce cambios en la forma de computar las inversiones para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo. Se fijó una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo global exigido en activos computables, diferenciándolo de los compromisos parciales establecidos para cada etapa del proyecto. De este modo, se evita la superposición entre metas intermedias y objetivo general, brindando mayor previsibilidad a los inversores a la hora de planificar el ritmo de desembolsos.

Otro capítulo relevante es el referido a la reorganización de los Vehículos de Proyecto Único (VPU), las estructuras societarias creadas para canalizar las inversiones bajo el RIGI. La norma aclara que la compra de acciones o cuotas por parte de terceros no afectará los derechos ya adquiridos dentro del régimen. Sin embargo, esas operaciones no podrán computarse como nuevas inversiones en activos computables a los efectos de cumplir con las metas mínimas previstas.

A la vez, se habilita formalmente la cesión de participaciones o el ingreso de nuevos socios a los VPU, siempre que se notifique a la autoridad de aplicación en un plazo de 15 días corridos desde la inscripción del cambio societario. El organismo contará con 30 días para expedirse o formular observaciones. Además, se admite la reorganización societaria mediante la transferencia integral de activos y pasivos hacia una Sociedad Anónima (SA) o una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), respetando la fecha de adhesión original al régimen y sin exigir una nueva inscripción.

Divisas y acceso al mercado de cambios

En paralelo, la reglamentación actualiza las condiciones fijadas por el Banco Central para el acceso al mercado de cambios en el marco del RIGI. Desde ahora, se podrán computar como divisas liquidadas no solo las ingresadas de manera directa por el Vehículo de Proyecto Único, sino también los fondos provenientes de aportes de inversores no residentes o de endeudamientos externos que sean liquidados por los socios o accionistas.

Para que estos flujos sean reconocidos, la norma exige que las divisas se apliquen efectivamente al financiamiento del Proyecto Único y cuenten con registros contables que permitan seguir su trazabilidad. Con estas precisiones, el Ejecutivo busca dar mayor certeza a las compañías respecto de cómo se contabilizan los ingresos de capital y créditos externos, en un contexto de restricciones cambiarias y alta demanda de previsibilidad regulatoria.

  • Redefinición de proveedores locales, habilitando a firmas extranjeras radicadas en el país.
  • Fecha única para cumplir el monto global de inversión en proyectos estratégicos.
  • Mayor flexibilidad para reorganizaciones societarias sin perder beneficios del RIGI.
  • Ampliación del cómputo de divisas liquidadas, incluyendo aportes y deudas de accionistas.

Las modificaciones apuntan a “aportar mayor claridad y agilidad en la implementación del RIGI, garantizando la trazabilidad de las inversiones y el ingreso de divisas al país”, según se desprende de los considerandos del decreto publicado en el Boletín Oficial.

Con este paquete de ajustes, el Gobierno intenta consolidar al RIGI como una herramienta atractiva para canalizar inversiones de gran escala, en momentos en que la economía argentina busca recomponer su flujo de capitales externos y potenciar las exportaciones de largo plazo.

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