Mientras la sociedad se compromete a terminar con la violencia estigmatizante, hay jueces que caminan hacia el lado contrario. El titular del Juzgado de Familia Nº 1 de San Nicolás intimó a Diario EL NORTE a retirar un video incorporado a una publicación sobre una grave agresión verbal entre adolescentes, que generó repudio en la comunidad. Aunque este diario había ocultado el rostro y omitido el nombre de la menor involucrada, el magistrado dispuso impedir su reproducción. La decisión reabre un debate de fondo: ¿la Justicia protege a los adolescentes cuando restringe la información o termina favoreciendo el silencio frente a conductas que provocan un profundo daño psicológico y moral? El juez Miguel Ángel Cornelli, el mismo que dictaminara que el hombre que mató y desolló a Juan Carlos Donato no representa una amenaza para terceros, lo vuelve a hacer: está más preocupado por garantizar la inmunidad de los victimarios que de las víctimas.
De la redacción de EL NORTE
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El juez Miguel Ángel Cornelli, titular del Juzgado de Familia Nº 1 de San Nicolás, ordenó a Diario EL NORTE que retire o deshabilite el acceso público a un video difundido en una publicación periodística sobre un grave episodio de bullying entre dos adolescentes de 13 y 15 años, ambas de La Emilia. La medida cautelar, dictada en el expediente SN-16762-2026, prohíbe reproducir nuevamente el material y contempla sanciones económicas ante un eventual incumplimiento.
La decisión judicial resulta profundamente cuestionable por sus consecuencias sobre el derecho a informar y, especialmente, por la concepción de la violencia digital que parece desprenderse de ella. Frente a una conducta de humillación y estigmatización que merece un debate público serio, la respuesta del magistrado fue ordenar que desaparezca el registro audiovisual de la publicación periodística, como si esconder la suciedad debajo de la alfombra contribuyera a eliminar el problema. Una Justicia que encuentra respuestas rápidas para retirar contenidos, pero cuya intervención no exhibe una acción igualmente concreta frente al daño que originó el conflicto, corre el riesgo de confundir la protección de derechos con el silenciamiento de una realidad incómoda.
La protección de los menores no puede convertirse en una mordaza para el periodismo. La publicación de EL NORTE, titulada “Bullying en las redes: cuando humillar se convierte en contenido”, abordó un episodio de violencia verbal cuya gravedad excede el enfrentamiento particular entre dos adolescentes. Este diario adoptó recaudos destinados a preservar la identidad de la menor que protagonizaba la agresión: no publicó su nombre y aplicó un desenfoque sobre su rostro, conforme a criterios de protección habituales en la cobertura periodística de situaciones que involucran a niños y adolescentes. No obstante, Cornelli consideró que la voz audible, las referencias contenidas en la grabación y la identificación del establecimiento educativo podían permitir su reconocimiento dentro de una comunidad pequeña como La Emilia.
Ese argumento merece una discusión jurídica rigurosa, pero también una pregunta elemental sobre la proporcionalidad de la respuesta judicial. El artículo 22 de la Ley 26.061 protege la identidad, la dignidad y la imagen de los menores, mientras que el artículo 9 de esa misma norma reconoce expresamente su derecho a no sufrir tratos violentos, discriminatorios, humillantes o intimidatorios y a preservar su integridad psíquica y moral. ¿Por qué, entonces, la resolución desarrolla extensamente los posibles perjuicios derivados de la difusión periodística del video, pero no ofrece una consideración equivalente sobre el daño padecido por la adolescente que fue destinataria de las expresiones agraviantes?
La discusión tampoco puede prescindir del artículo 14 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de publicar ideas por la prensa sin censura previa, ni del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece una protección especialmente rigurosa de la libertad de expresión. Si bien la intimidad y la dignidad de los menores imponen límites legítimos a la actividad periodística, cualquier restricción debe superar un examen estricto de necesidad y proporcionalidad. En este caso, el interrogante es si resultaba indispensable prohibir la reproducción total o parcial del video, o si podían evaluarse alternativas menos restrictivas que garantizaran simultáneamente la protección de la adolescente y el derecho de la sociedad a conocer una problemática de indudable interés público.
Una Justicia anacrónica
El bullying ya no termina cuando suena el timbre de salida de una escuela: continúa en los teléfonos celulares, circula por grupos de mensajería y redes sociales, se reproduce fuera del ámbito educativo y puede perseguir a sus víctimas durante años. Esto parece no comprenderlo el juez Cornelli.
El expediente judicial reconoce precisamente que la grabación circuló entre personas de una misma comunidad y que el establecimiento educativo dio intervención al Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos. Sin embargo, el razonamiento de Cornelli concentra el peso de la urgencia en la permanencia del video en las plataformas de diario EL NORTE, antes que en la necesidad de que la sociedad pueda comprender cómo se manifiestan estas nuevas formas de violencia.
La Justicia no puede quedarse anclada en una concepción del conflicto adolescente que ignore las consecuencias de la exposición digital, porque hoy una humillación grabada puede alcanzar una dimensión mucho mayor que la agresión original. El daño psicológico, el aislamiento, la vergüenza y el deterioro de la vida social de quienes padecen estas conductas merecen respuestas institucionales que no se agoten en retirar publicaciones periodísticas. En términos futbolísticos, el mensaje que deja la resolución del juez Cornelli se parece demasiado al conocido “siga, siga, aquí no ha pasado nada”: se restringe la circulación de un testimonio del conflicto, mientras el problema social que lo hizo posible permanece intacto.
Un juez polémico
No es la primera vez que una decisión de Cornelli provoca cuestionamientos públicos en San Nicolás. El magistrado también intervino, como juez subrogante del Juzgado de Familia Nº 2, en las actuaciones vinculadas con Sergio Tissi, declarado inimputable por el brutal homicidio del productor rural Juan Carlos Donato, ocurrido en 2020, quien recuperó la libertad tras finalizar su medida de internación psiquiátrica. En aquella oportunidad, Cornelli consideró que no era necesario una nueva internación y que el asesino podía continuar su tratamiento fuera de una institución, una resolución que también colocó bajo discusión pública el alcance de las decisiones judiciales y sus consecuencias.
Este tipo de órdenes restrictivas impuesta contra EL NORTE, además, encuentra un antecedente preocupante en la intervención de la jueza Mariela Andrea Zausi, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 del Departamento Judicial San Nicolás. Tras publicaciones del 10 de febrero de 2026 sobre episodios de vandalismo protagonizados por jóvenes, la magistrada remitió una comunicación al director del diario solicitando que se abstuviera de difundir y procediera a eliminar videos, imágenes o datos personales que permitieran identificar a menores involucrados en conflictos con la ley penal.
EL NORTE, que el pasado 1 de enero cumplió cien años de trayectoria periodística, conoce la responsabilidad que implica informar sobre episodios que involucran a menores de edad y no pretende que la libertad de prensa sirva de excusa para vulnerar sus derechos. Pero tampoco acepta que el legítimo deber judicial de protegerlos se traduzca, sin una justificación suficientemente rigurosa, en restricciones que debiliten la posibilidad de visibilizar la violencia, discutir sus causas y reclamar respuestas institucionales. El interés superior del niño no puede ser interpretado exclusivamente desde la protección de quien aparece realizando expresiones agraviantes: también exige considerar los derechos de quien las recibe y la obligación colectiva de prevenir su repetición.
