Filtran audios de Báez que reavivan la causa por lavado
NewsITe
Una serie de audios atribuidos a Lázaro Báez, grabados mientras se encuentra detenido en el penal de Ezeiza, volvió a poner bajo la lupa el rol del empresario en el manejo de sus bienes y en las causas por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Las conversaciones, difundidas en el marco de una investigación judicial, lo muestran impartiendo órdenes sobre la administración de estancias en la provincia de Santa Cruz.
En los diálogos, Báez conversa con Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como “Budín”, sindicado como supuesto narcotraficante y señalado por su vínculo con el empresario y con su pareja, Claudia Insaurralde. De acuerdo con el material incorporado a la causa, el empresario se muestra tajante respecto de quién decide sobre sus propiedades: “El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”, se lo escucha decir.
Las conversaciones formarían parte de una causa que indaga presuntas maniobras vinculadas al narcotráfico y la administración de bienes sometidos a medidas judiciales. Entre los inmuebles mencionados aparecen dos estancias ubicadas en Santa Cruz, La Entrerriana y Alquinta, que ya habían sido identificadas por la Justicia para su eventual decomiso en el marco de los expedientes contra Báez.
En uno de los intercambios, fechado el 5 de octubre, el empresario habla con Ibáñez sobre el manejo de esos campos y deja en claro que pretende conservar el control de cada designación de personal. En el audio, Ibáñez lo llama “Tío” y se refiere a Insaurralde como “Tía”, mientras le detalla la estructura de trabajadores que se encuentran en la zona y la forma en que se les paga.
Báez insiste en que las personas al frente de las estancias deben responder a sus directivas y cuestiona los intentos de Insaurralde por influir en los nombramientos. “Porque la Tía piensa que porque pone gente que ella quiere, después va a hacer lo que ella quiere, ojo con eso”, advierte en uno de los pasajes. También ordena trasladar al administrador de La Entrerriana a otro establecimiento y reemplazarlo por alguien de su confianza. “Yo voy a supervisar los dos lados”, afirma.
Presunto control de bienes pese a estar detenido
En otro tramo de las comunicaciones, también del 5 de octubre, el tono se vuelve más tenso cuando se discuten posibles cambios en la administración de los campos. “No, no me estás entendiendo, porque lo va a hacer, y si no yo voy a llamar al que tengo que llamar y los voy a sacar cagando a todos”, se escucha decir a Báez, en referencia a quienes no acaten sus decisiones.
- Las estancias La Entrerriana y Alquinta figuran entre los bienes bajo la mira de la Justicia para su decomiso.
- Los audios son analizados como prueba de que, aun detenido, Báez habría mantenido injerencia en contratos de alquiler, pagos y movimientos de ganado.
- Las comunicaciones incluyen referencias a la designación y remoción de personal en los establecimientos rurales.
Las charlas son consideradas relevantes por los investigadores porque indicarían que, desde el penal, el empresario continuaba dando instrucciones sobre la explotación de sus propiedades y el trato con el personal.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, estos elementos se suman al cuerpo probatorio de las causas que lo tienen como imputado por lavado de activos y maniobras financieras irregulares. El contenido de los audios, su contexto y autenticidad deberán ser evaluados por la Justicia, que definirá si refuerzan la hipótesis de que Báez siguió interviniendo en el manejo de su patrimonio aun privado de la libertad.
Mientras tanto, el caso vuelve a poner en debate el control efectivo de los bienes alcanzados por medidas cautelares y la capacidad del sistema penitenciario para evitar que detenidos de alto perfil mantengan influencia sobre sus negocios desde la cárcel.
