Acusan a Báez de liderar una red de lavado desde Ezeiza
NewsITe
El empresario santacruceño Lázaro Báez fue formalmente imputado como presunto jefe de una organización dedicada al lavado de activos que habría operado desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde cumple una condena unificada de 15 años de prisión. La acusación se cristalizó en dos audiencias realizadas en la provincia de Santa Cruz y vuelve a poner bajo la lupa el patrimonio y los movimientos financieros del histórico contratista de obra pública.
La investigación está en manos de la Unidad Fiscal Río Gallegos, encabezada por el fiscal federal Julio Zárate, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte. Ambos presentaron el caso ante el juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, detallando la existencia de una estructura delictiva compuesta por 16 personas, organizada en dos expedientes conexos y con distintos roles dentro de la presunta maniobra.
En la primera de las causas se analiza el manejo irregular de un flujo de dinero estimado en 390.880.000 pesos, que habría sido administrado y puesto en circulación de forma ilícita. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, Báez habría dado instrucciones desde la cárcel, valiéndose de comunicaciones telefónicas, pese a las restricciones fijadas por el artículo 12 del Código Penal para los condenados.
La calificación legal provisoria incluye delitos graves como lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación. Los investigadores sostienen que el dinero de origen espurio era reinsertado en el circuito formal mediante transferencias fragmentadas entre cuentas bancarias de personas allegadas y el uso de billeteras virtuales, una modalidad que se volvió frecuente en causas de criminalidad económica.
Conexiones con una red narcocriminal y medidas judiciales
La segunda causa conexa apunta a una presunta organización narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes en la región patagónica. En este tramo del expediente figuran nueve imputados y se investigan posibles vínculos logísticos con el entorno de Báez, lo que, según fuentes judiciales, configura un entramado más amplio donde confluyen maniobras financieras y delitos vinculados al narcotráfico.
El juez Claudio Marcelo Vázquez convalidó doce detenciones bajo la modalidad de prisión preventiva y dispuso medidas de coerción menos gravosas para los cuatro acusados restantes, que seguirán sometidos al proceso. Además, fijó un plazo de dos años para la etapa de instrucción, ordenó el embargo de los vehículos secuestrados y dispuso el levantamiento del secreto financiero para avanzar sobre cuentas, movimientos bancarios y activos registrados a nombre de los involucrados.
- Se investiga un circuito de lavado estimado en casi 391 millones de pesos.
- La pesquisa combina delitos económicos y posibles nexos con el narcotráfico.
- Hay 16 personas imputadas y una batería de medidas patrimoniales en curso.
Con el avance de las intervenciones telefónicas y el análisis de documentación secuestrada, la causa abre un nuevo y delicado frente judicial en la Patagonia en torno a la figura de Lázaro Báez.
Mientras la defensa del empresario prepara planteos para intentar morigerar las imputaciones y cuestionar la validez de algunas pruebas, los investigadores confían en que el cruce de llamadas, registros contables y movimientos de dinero permitirá reconstruir en detalle el recorrido de los fondos. El expediente se perfila así como una de las causas clave para determinar el alcance real de las maniobras atribuidas a Báez y su entorno, en un capítulo más de la extensa saga judicial que lo tiene como protagonista.
