Condena por un crimen vinculado a una mesa de dinero en Cruz del Eje
NewsITe
Un comerciante de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, fue condenado a 14 años de prisión por el homicidio de uno de los principales inversores de una mesa de dinero que él mismo administraba. La sentencia fue dictada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de esa ciudad, que encontró culpable a Ángel Fernando Villada, de 38 años, por el delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego.
La víctima fue identificada como Raúl Federico Oliva, quien, según la investigación, era uno de los mayores aportantes a la operatoria financiera informal manejada por Villada. De acuerdo con el fallo, una fuerte deuda que el acusado mantenía con Oliva fue el móvil del crimen, ocurrido en un contexto de tensión creciente por la falta de devolución del capital invertido.
Los jueces describieron que Villada se dedicaba, entre otros negocios, a la intermediación financiera: recibía fondos de particulares a cambio de intereses superiores a los bancarios, realizaba cambios de moneda extranjera y, desde 2022, se había convertido en una figura central de esa mesa de dinero. Sin embargo, entre 2023 y 2024 se produjo un “descalce estructural” entre el dinero invertido y la liquidez disponible, lo que generó un déficit permanente y el reclamo insistente de los inversores, especialmente de Oliva.
El crimen y el intento de encubrimiento
Según se reconstruyó en el debate oral, en febrero de 2025 Villada citó a Oliva a cenar en un local comercial que tenía en la localidad de La Falda. Para asegurarse de estar a solas con él, dispuso que el único empleado que trabajaba en ese lugar cumpliera funciones ese día en Cruz del Eje. Fue allí donde se produjo el ataque mortal a balazos.
Tras el homicidio, y con el objetivo de dificultar la investigación, el acusado trasladó la camioneta de la víctima hasta la ciudad de Córdoba por un camino alternativo, sin peajes, para evitar las cámaras de seguridad y los registros de paso. Dejó el vehículo estacionado en un lugar al azar y regresó a la zona en taxi y remis, pero evitando volver de manera directa a La Falda, una maniobra que el tribunal consideró claramente orientada a entorpecer la pesquisa.
La acusación también dio por probado que Villada desmembró el cuerpo de Oliva, colocó los restos en bolsas de consorcio y los descartó en un camino rural. Los informes periciales y los registros telefónicos ubicaron al comerciante en la zona donde fueron hallados los restos, lo que constituyó una de las evidencias clave para el fallo condenatorio.
Las pruebas que convencieron al tribunal
En los fundamentos de la sentencia, el tribunal presidido por el camarista Ángel Francisco Andreu enumeró una serie de elementos que vinculan de manera directa a Villada con el hecho. Entre ellos, destacó que fue el propio acusado quien tomó la iniciativa para organizar el encuentro en La Falda y quien dispuso quedarse solo con la víctima en el local comercial.
También valoró la ruta inusual elegida para trasladar el vehículo de Oliva hacia la ciudad de Córdoba, la retención de las llaves de la camioneta y la falta de cualquier aviso al dueño, conductas que, para los magistrados, demuestran un claro intento de simular una desaparición y alejar las sospechas.
- Registros telefónicos que lo ubican en la zona donde fueron descartados los restos.
- Interés específico en la desaparición de una computadora y un celular de la víctima, con información de movimientos económicos.
- Antecedente de una deuda importante derivada del descalce estructural de la mesa de dinero.
“Fue quien, por la actividad financiera que esencialmente los unía, tenía un motivo para provocar el crimen, al mantener una deuda importante que la víctima insistentemente reclamaba y que no honró por el descalce estructural de la mesa de dinero que había puesto en funciones desde varios años atrás”, sostuvo la sentencia.
Con esos elementos, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje dio por acreditada la responsabilidad penal de Ángel Fernando Villada y le impuso una pena de 14 años de prisión. El caso vuelve a exponer los riesgos de las operatorias financieras informales y las disputas que se generan cuando las promesas de altos rendimientos chocan con la falta de respaldo real.
