La jueza Elena Baquedano dictó sentencia contra el dirigente camionero de San Pedro, Fernando Espíndola, mediante un juicio abreviado. Lo condenó a cuatro años de prisión por los delitos de turbación de la posesión en concurso real con amenazas coactivas en grado de tentativa. La resolución contrasta con la absolución que el juez Alejandro López dispuso para Maximiliano Cabaleyro y otros seis imputados por el conflicto con Rey Distribución. Espíndola había recuperado la libertad en octubre, tras permanecer más de cuatro años detenido, por lo que todo indica que no volverá a prisión.
De la redacción de EL NORTE
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En las últimas horas se conoció la sentencia dictada por la jueza Elena Baquedano contra el dirigente camionero de San Pedro Fernando Espindola. Lo condenó en un juicio abreviado a cuatro años de prisión por los delitos de turbación de la posesión en concurso real con amenazas coactivas en grado de tentativa (dos hechos) y amenazas coactivas en concurso ideal.
La interpretación de la magistrada se diferencia radicalmente de la emitida en octubre pasado por el Juez Alejandro López cuando absolvió en un polémico fallo a Maximiliano Cabaleyro, líder del sindicato, que afrontó un juicio oral y estaba imputado por los mismos hechos en calidad de coautor.
La causa en la que se los acusaba de bloquear la firma sampedrina Rey Distribución y de pedir coimas para “dejarlos trabajar” había sido desdoblada cuando Espindola decidió no someterse al juicio oral y público junto a Cabaleyro y a seis ex empleados de la empresa y optó por la medida alternativa de procedimiento abreviado.
La controversia judicial tiene su origen en un conflicto gremial con la empresa Rey Distribución, de San Pedro, que derivó en acusaciones por extorsión, coacción y turbación de la posesión. Durante el juicio oral se analizaron protestas sindicales, presuntas exigencias económicas y distintos elementos probatorios vinculados con los enfrentamientos entre los empresarios y los representantes de Camioneros.
Durante el debate tradicional que se extendió desde el 28 de setiembre al 5 de octubre tanto Maximiliano Cabaleyro como los ex trabajadores fueron absueltos. El juez Alejandro López en su polémica decisión argumentó la absolución en que los hechos juzgados encuadraron en el ejercicio legítimo del derecho de huelga y de libertad sindical, descartando la existencia de los delitos de extorsión y coacción. Consideró que no hubo violencia para obligar a la empresa a pagar y que los reclamos económicos del sindicato correspondían a deudas legítimas.
También que la permanencia frente a la distribuidora constituyó una “medida de acción directa” protegida por la Constitución y valoró escuchas telefónicas y mensajes que mostraban un trato cordial entre los empresarios y los dirigentes gremiales.
Estas consideraciones fueron apeladas tanto por la fiscalía como por el particular damnificado y se encuentran pendientes de resolución.
El juicio abreviado
En un sentido que se aparta abiertamente de la interpretación del Juez López, la magistrada Elena Baquedano consideró que efectivamente hubo Turbación de la posesión respecto de los hechos ocurridos el 15 de enero de 2021 en San Pedro. Ese día Fernando Espindola, junto a otras personas no sometidas a este proceso (Cabaleyro y los trabajadores adheridos al Sindicato), previo acuerdo se presentaron en la distribuidora y de forma intimidatoria, violenta y amenazante, se colocaron en la entrada y salida de vehículos impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial, turbando con su accionar la posesión del inmueble a sus dueños, ocasionando un grave perjuicio patrimonial. Actividad realizada como forma de presión para lograr que acepten los reclamos de las personas afiliadas al sindicato. Sostuvo la jueza que aunque sea por horas, la empresa se vio privada de ejercer libremente su giro empresario y que los reclamos formulados, hasta ese momento sin documentación respaldatoria, forzaron a la empresa a aceptar los condicionamientos (por ejemplo dejar sin efecto suspensión de un delegado), cobro de diferencias salariales, encuadramiento sindical, por temor de que podría venir otra medida de fuerza.
Respecto del segundo hecho ocurrido desde el 22 al 26 de Febrero de 2021 cuando las mismas personas volvieron a bloquear la empresa colocando un Motorhome , siendo las victimas intimidadas por el accionar agresivo de estos, impidiendo la normal actividad comercial, turbando nuevamente la posesión del inmueble como nueva forma de presión, para lograr que la firma acepte los reclamos laborales (necesidades de infraestructura y seguridad de los trabajadores, levantamiento de la sanción impuesta al delegado de la empresa, sanciones de las personas afiliadas al sindicato). En este caso la magistrada sostuvo que se puede comprobar que la coacción ejercida por Espindola no sólo fue para los empresarios, sino también para el Intendente Municipal de San Pedro y se interpreta que igual conducta se transmitió a la policía según se desprende de los audios aportados como prueba. Estimó que la gravedad de las expresiones que se escuchan en la que lisa y llanamente se compromete el accionar de autoridades públicas, debe investigarse, y así lo solicitó por oficio a la Fiscalía General.
Consideró que los reclamos sindicales no tienen sustento porque no hay una liquidación para lograr un acuerdo entre partes, convirtiéndose ello en una imposición coactiva
Por el tercer hecho lo absolvió de culpa y cargo por el beneficio de la duda. Tiene que ver con supuestos actos reiterados de extorsión contra los dueños de la empresa con el fin de obligarlos a hacer entrega de dinero para no paralizar la planta en el período comprendidos entre los años 2017 hasta el día 22 de febrero de 2021.
En la última imputación se acusó a Espindola (y a Cabaleyro) de que en una reunión con el contador de la empresa, previo a ser intimidado y coaccionado por el acusado con la amenaza de volver a paralizar la empresa, con la anuencia de los propietarios y ante el temor a volver al bloqueo, fue obligado a suscribir un convenio de pago. Lo sustentaban en una supuesta deuda de diferencias salariales de aportes y obra social los que fueron percibidos por el procesado en dos cuotas, siendo la primera entrega en una caja de chocolino. Argumentó la magistrada que al menos la forma de pretender el cobro se advierte como coactiva. La acción típica de esta figura es hacer una amenaza, pero la particularidad reside en el propósito o finalidad perseguida por el agente: condicionar la voluntad de la víctima para que haga, no haga o tolere algo. La ilegitimidad de la amenaza condicionante consiste en la falta de legalidad de lo exigido.
Espíndola había recuperado la libertad en octubre, tras permanecer más de cuatro años detenido, por lo que todo indica que no volverá a prisión. Además, se le impuso una prohibición de acercamiento a las víctimas.
