La UIF profundizó su acusación en el juicio Hotesur-Los Sauces
NewsITe
En una nueva audiencia del juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, la Unidad de Información Financiera (UIF) avanzó con la lectura de su requerimiento de elevación a juicio y volvió a situar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena judicial. El organismo antilavado la señaló como jefa de una presunta asociación ilícita destinada a canalizar y blanquear fondos de origen público a través de la firma inmobiliaria de la familia Kirchner.
La presentación, realizada ante el Tribunal Oral Federal que interviene en la causa, se concentró en la operatoria de la empresa Los Sauces, dedicada formalmente al rubro inmobiliario. De acuerdo con la acusación, la sociedad habría sido utilizada para recibir dinero de empresarios contratistas del Estado, entre ellos Lázaro Báez y el Grupo Indalo, encabezado por Cristóbal López y Fabián De Sousa, mediante contratos de alquiler considerados irregulares y con valores notoriamente superiores a los de mercado.
La UIF describió lo que calificó como “dos mecanismos simulados” basados en contratos de locación celebrados con las firmas Álcalis de la Patagonia y M&S, vinculadas a López y De Sousa. Esos convenios, según la querella, habrían presentado sobreprecios de entre el 100% y el 150% y carecerían de justificación económica real, por lo que se los interpreta como una vía para disimular el flujo de fondos hacia la familia presidencial.
Esquema de presunto lavado y rol de la familia Kirchner
En su exposición, la UIF sostuvo que la entonces familia presidencial habría montado una “ingeniería societaria y económica” para legitimar ingresos que, según la acusación, provenían de la defraudación al Estado nacional mediante el otorgamiento de obra pública a empresarios allegados. Ese dinero habría sido sometido a una cadena de movimientos bancarizados, con distintos actores que se sucedían como eslabones, con el objetivo de otorgarle apariencia lícita.
Entre 2009 y 2016, período analizado por la investigación, Los Sauces habría experimentado un “crecimiento exponencial” de su patrimonio gracias a los contratos firmados con empresarios beneficiados con adjudicaciones estatales. De acuerdo con la querella, ese esquema garantizó un flujo de dinero “constante y permanente” cercano a los 26 millones de pesos, que terminaba en manos de los entonces mandatarios Néstor y Cristina Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia.
Imputaciones para Cristina Kirchner, Máximo y los empresarios
Sobre la base de ese cuadro, la UIF imputa a Cristina Fernández de Kirchner el rol de jefa de asociación ilícita y la acusa, además, de haber aceptado presuntas dádivas por parte de Cristóbal López y Fabián De Sousa. En el caso de Máximo Kirchner, ex presidente de Los Sauces, se lo ubica como organizador de la estructura investigada, atribuyéndole un papel central en el diseño y administración del entramado societario.
La acusación se extiende también a los empresarios involucrados. Lázaro Báez es señalado como organizador de la asociación ilícita y coautor del delito de lavado de activos, mientras que López y De Sousa reciben la misma calificación, con el agregado de la figura de autores de ofrecimiento de dádivas. Para la querella, todos ellos habrían sido parte de un circuito destinado a reciclar fondos de origen ilícito provenientes de contratos de obra pública.
- La UIF acusa a Cristina Kirchner como jefa de una presunta asociación ilícita.
- Máximo Kirchner es señalado como organizador del esquema investigado.
- Los Sauces habría canalizado casi $26 millones entre 2009 y 2016.
- Empresarios como Báez, López y De Sousa están imputados por lavado y dádivas.
La querella sostiene que la locación de inmuebles “no fue más que una simulación” destinada a justificar el ingreso de fondos a la sociedad de la familia Kirchner, bajo la apariencia de alquileres inmobiliarios.
El juicio por Hotesur-Los Sauces continúa con la lectura de los requerimientos y el análisis de la prueba incorporada al expediente. La etapa de alegatos y eventuales declaraciones indagatorias será clave para determinar si se confirma la hipótesis de la UIF o si prevalece la defensa de los acusados, que rechazan las imputaciones y plantean que se trata de operaciones comerciales lícitas. El caso vuelve a colocar en el centro del debate público la relación entre política, negocios privados y administración de fondos del Estado.
