La Justicia federal acusó al jefe narco rosarino de continuar al frente de una organización criminal mientras cumple prisión perpetua en Ezeiza. La investigación involucra a su hijo Santino, su abogado y otros integrantes de una estructura dedicada al narcotráfico, la venta de armas y el lavado de dinero.
El narcotraficante rosarino Esteban Lindor Alvarado, condenado a prisión perpetua y alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, volvió a quedar bajo investigación judicial. Este viernes 13 de noviembre fue indagado por su presunta participación en una organización criminal que habría continuado operando desde la cárcel, con maniobras de narcotráfico internacional y lavado de activos.
La acusación sostiene que Alvarado conservaba el control de la estructura mediante comunicaciones con su hijo Santino y su abogado Claudio Tavella. Ambos fueron detenidos durante una serie de allanamientos realizados el jueves en el Gran Rosario, en el marco de una investigación que también apunta a operaciones inmobiliarias, compraventa de vehículos y tráfico ilegal de armas.
Los fiscales federales Diego Iglesias y Matías Scilabra, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), junto con Diego Velasco y Juan Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), formularon acusaciones por presunta asociación ilícita contra once personas.
Vuelos clandestinos y cargamentos de cocaína
Uno de los principales elementos de la investigación es una operación de contrabando de drogas frustrada el 10 de marzo de 2024. En aquella oportunidad, las autoridades paraguayas incautaron un avión Cessna 206 que transportaba 433 kilos de cocaína procedentes de Bolivia.
Según las intervenciones telefónicas incorporadas al expediente, el cargamento estaba vinculado con Esteban y Santino Alvarado. La pérdida de la droga habría representado un perjuicio económico de aproximadamente 500.000 dólares para el jefe narco.
La investigación también señala que, después de ese operativo, Alvarado exigió recuperar la mercadería perdida. Un mes más tarde, la organización habría concretado el traslado de otros 300 kilos de cocaína mediante un vuelo clandestino que aterrizó en una pista irregular del Gran Rosario.
Los investigadores atribuyen la coordinación de estas operaciones a integrantes de la estructura vinculados con Brian Bilbao, detenido en noviembre de 2025, y Jorge Adalid Granier Ruiz, condenado por narcotráfico.
El papel del hijo y del abogado del jefe narco
La acusación judicial ubica a Santino Alvarado como uno de los principales organizadores de las actividades desarrolladas fuera de la cárcel. Los investigadores consideran que el joven recibía instrucciones de su padre y coordinaba operaciones relacionadas con drogas, armas y movimientos financieros.
Entre julio de 2023 y septiembre de 2026, Santino habría participado en la adquisición de numerosos vehículos, entre ellos camionetas Toyota Hilux, una Ford Ranger Raptor, una Volkswagen Amarok V6 y una Toyota SW4. La Fiscalía sospecha que estas operaciones formaban parte de mecanismos destinados a introducir dinero de origen ilícito en el circuito comercial.
Las escuchas también lo vinculan con ofrecimientos de pistolas, fusiles, granadas y ametralladoras. Durante el allanamiento de su vivienda en Funes se secuestraron armas de fuego, aunque contaba con documentación de legítimo usuario.
Por su parte, Claudio Tavella, abogado histórico de Esteban Alvarado, quedó acusado de actuar como intermediario entre el detenido y los integrantes de la organización. La investigación también le atribuye una presunta maniobra de lavado mediante la compra de un automóvil BMW registrado a nombre de su madre.
Una organización que habría seguido funcionando desde prisión
La pesquisa se originó a partir de la investigación sobre el frustrado intento de fuga de Alvarado de la cárcel de Ezeiza en 2023. El plan consistía en utilizar un helicóptero para rescatarlo del establecimiento penitenciario, pero fue descubierto antes de concretarse.
A partir de ese episodio, los investigadores avanzaron con intervenciones telefónicas, seguimientos y tareas de vigilancia mediante drones. Esas medidas permitieron reconstruir los presuntos vínculos entre el condenado, sus allegados y las personas encargadas de ejecutar las operaciones fuera del penal.
Entre las personas investigadas también aparece María Fernanda Rojas, señalada como una de las principales colaboradoras del jefe narco en la administración de recursos económicos. Además, se detectaron operaciones vinculadas con la adquisición de una vivienda en Pilar, provincia de Buenos Aires, que habría sido registrada a nombre de una tercera persona.
La causa busca determinar cómo una organización criminal pudo mantener actividades de narcotráfico y lavado de dinero mientras su principal referente permanecía detenido bajo un régimen de alta seguridad. Las nuevas imputaciones deberán ser analizadas por la Justicia federal
