Acusan al gobierno fueguino de obstaculizar la investigación por el radar
NewsITe
La investigación legislativa sobre la instalación del radar de la firma LeoLabs en Tolhuin, Tierra del Fuego, sumó un nuevo capítulo de tensión política. Integrantes de la comisión especial denunciaron que el gobierno provincial, encabezado por Gustavo Melella, limita el acceso a información clave y restringe el accionar de los inspectores en el predio donde se encuentra el equipo.
La recorrida más reciente tuvo lugar en la estancia El Relincho, donde está emplazado el radar. La comitiva pudo ingresar al establecimiento, pero no al sector cercado en el que se encuentra el dispositivo, lo que impidió una verificación directa y completa de su funcionamiento. La inspección se enmarcó en un operativo ambiental y de control de infraestructura, con participación de técnicos y autoridades provinciales.
Según reconstruyó Noticias Argentinas, el veterano de Malvinas Daniel Guzmán, integrante de la comisión, apuntó contra el Ejecutivo fueguino por considerar que existe una maniobra de bloqueo político. Señaló la reiterada ausencia de funcionarios claves en las citaciones de la Legislatura, lo que a su juicio impide esclarecer cómo se otorgaron las autorizaciones para la instalación del radar.
Guzmán cuestionó en particular la modalidad de respuesta ofrecida por la exministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, quien propuso contestar solo por escrito. Para el veterano, ese formato limita la posibilidad de repreguntar y profundizar en las decisiones administrativas que habilitaron el proyecto de LeoLabs, vinculado al monitoreo de objetos en órbita.
Ausencias, permisos y controles técnicos en el centro del debate
Entre las áreas señaladas por Guzmán se encuentran la cartera de Energía, encabezada por el ministro Francisco Devita, exautoridades del área, el Ministerio de Ambiente y la Inspección General de Justicia. Todos son considerados eslabones fundamentales en la cadena de autorizaciones que permitió el emplazamiento del radar en territorio fueguino.
En paralelo, la Legislatura informó que durante la visita no se registró suministro eléctrico en las inmediaciones del equipo. Del operativo participaron personal de Energía de Tolhuin y el ingeniero electrónico Carlos Pane, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Los controles preliminares no detectaron indicios de una alimentación clandestina, aunque los propios participantes aclararon que se trata de una constatación acotada y no de una evaluación integral del sistema.
- La comitiva solo accedió al área general de la estancia, sin ingresar al espacio cercado donde está el radar.
- La inspección fue presentada como parte de un procedimiento ambiental y de verificación de infraestructura.
- Participaron legisladores como Pablo Villegas, Natalia Gracianía y Gisela Dos Santos, además de representantes de veteranos de guerra.
“Las ausencias de funcionarios impiden reconstruir las decisiones que llevaron a la instalación del radar”, advirtió Daniel Guzmán, veterano de Malvinas e integrante de la comisión legislativa.
El legislador Pablo Villegas también lamentó la falta de testimonios de exfuncionarios y vinculó directamente la investigación con las autorizaciones de energía y ambiente otorgadas por la provincia. Mientras crece la controversia, el caso del radar de LeoLabs en Tolhuin se consolida como un punto sensible en el debate sobre soberanía, control del espacio y transparencia en la firma de acuerdos con compañías extranjeras en el extremo sur del país.
