Visita papal a Devoto reabre la herida de una megaestafa inmobiliaria
NewsITe
La reciente visita del papa León XIV a la cárcel de Villa Devoto dejó una imagen que golpeó de lleno a cientos de ahorristas afectados por una de las mayores estafas inmobiliarias de los últimos años en la Argentina. Entre los internos que recibieron la bendición del Pontífice se encontraban Vito Antonio L’Abbate y su hijo Emanuel Andrés L’Abbate, ambos procesados y detenidos en la causa que investiga la operatoria del grupo empresario Induplack.
Las cámaras registraron el momento en que el empresario mayor de la familia llegó incluso a tomar del antebrazo al Papa durante el saludo. La escena generó sorpresa, bronca e impotencia entre quienes aseguran haber perdido los ahorros de toda una vida en emprendimientos inmobiliarios que nunca se concretaron. Para las víctimas, ver a los acusados en primera fila de un acto cargado de simbolismo religioso fue un recordatorio de una herida que sigue abierta.
Los L’Abbate formaron parte del grupo de detenidos seleccionados para participar del encuentro con León XIV, pensado como un gesto de esperanza, llamado al arrepentimiento y posibilidad de reconstrucción personal tras el encierro. Sin embargo, detrás de esa postal se extiende una causa judicial de dimensiones excepcionales, con cientos de damnificados y montos millonarios bajo sospecha.
Induplack, el corazón de la estructura investigada
De acuerdo con la investigación judicial, Vito L’Abbate es señalado como el principal responsable de una compleja estructura empresarial que operó durante años en el mercado inmobiliario porteño. A través de Induplack SA, Induplack Fiduciaria y otras firmas relacionadas, el grupo ofrecía departamentos en construcción bajo la típica modalidad de venta “en pozo”, una alternativa atractiva para pequeños ahorristas por sus precios más bajos y planes de financiación.
Según la acusación fiscal, la operatoria consistía en prometer unidades en distintos desarrollos, cobrar anticipos y cuotas a los compradores y seguir comercializando propiedades incluso cuando las obras estaban paralizadas o carecían de posibilidades reales de finalizarse. En varios casos, una misma unidad habría sido vendida a más de un interesado, mientras que algunos edificios quedaron inconclusos y otros ni siquiera superaron la etapa inicial de obra.
La pesquisa detectó, además, un entramado de sociedades, fideicomisos y contratos que habría servido para dificultar el rastro del dinero y la identificación de los verdaderos responsables patrimoniales. Esa maraña jurídica es hoy uno de los principales focos de análisis de la Justicia y de la fiscalía interviniente.
Más de 600 damnificados y una defraudación millonaria
La causa, tramitada bajo el expediente 18025/2020, fue impulsada por la fiscal Mónica Cuñarro y se encuentra bajo la órbita del juzgado a cargo de la jueza Paula González. En abril de 2025, Vito, Emanuel, Juan Ignacio y Santiago L’Abbate, junto con Patricio Gastón Flores, fueron procesados con prisión preventiva por presunta asociación ilícita y múltiples hechos de estafa. En esa resolución, Vito fue sindicado como jefe de la organización.
Con el correr de los meses se multiplicaron las denuncias. Para febrero de 2026, la fiscalía solicitó la elevación a juicio oral de la megacausa, con 569 episodios de estafa documentados y un perjuicio económico estimado en más de 24 millones de dólares, además de alrededor de 1.125 millones de pesos. Las actuaciones también contemplan otros hechos adicionales y la eventual responsabilidad de nuevos involucrados.
Los investigadores estiman que la presunta maniobra se habría extendido durante más de una década, desde 2012 hasta abril de 2025. Entre los comportamientos atribuidos a los acusados se describen la comercialización de departamentos que jamás se entregaron, la reventa de una misma propiedad a distintos compradores, incumplimientos sistemáticos de contratos y el posible desvío de fondos mediante diversas sociedades comerciales.
La propuesta económica para evitar el juicio
Las consecuencias para los compradores fueron devastadoras. Muchas familias entregaron los ahorros de toda su vida, otras invirtieron indemnizaciones laborales o herencias, y numerosos pequeños ahorristas quedaron sin departamento y sin recuperar lo aportado. En ese contexto, en septiembre de 2026 la causa sumó un capítulo inesperado: un grupo inversor presentó una oferta de 2.000 millones de pesos para destinar a los damnificados, a cambio de que desistieran de sus reclamos civiles, comerciales y penales contra los imputados.
- La propuesta fue canalizada a través de la defensa oficial de Vito y Emanuel L’Abbate.
- Plantea un fondo para resarcir parcialmente a las víctimas que acepten renunciar a futuras acciones.
- Abrió un fuerte debate entre los damnificados, divididos entre la necesidad de recuperar algo de dinero y el reclamo de una condena ejemplar.
Mientras tanto, la fiscalía continuó profundizando sobre el entramado societario y la eventual participación de otras personas físicas y jurídicas. Se incorporaron nuevos imputados y se analizan operaciones financieras que habrían permitido ocultar o desviar los fondos recolectados de los compradores.
“Detrás de cada expediente hay una familia que todavía espera una respuesta del sistema judicial”, señalan los afectados, que insisten en que el juicio oral es una instancia clave para conocer el alcance real de lo ocurrido.
La imagen de los L’Abbate recibiendo la bendición papal volvió a poner la causa Induplack en el centro de la escena pública. Mientras la Justicia avanza hacia el juicio oral, los damnificados exigen que el mensaje de reparación y esperanza también incluya, de manera concreta, la restitución de sus derechos vulnerados.
