La Corte Interamericana falló contra el Estado argentino
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado argentino por la destitución, en 2003, del ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Moliné O’Connor. El ex magistrado había sido removido a través de un juicio político durante la presidencia de Néstor Kirchner, en el marco del proceso de recambio del máximo tribunal conocido como el fin de la “mayoría automática”.
En su sentencia, el tribunal internacional concluyó que la remoción vulneró el principio de independencia judicial, al basarse en el contenido de las sentencias que Moliné O’Connor firmó mientras ejercía como juez de la Corte Suprema. Según la Corte IDH, el juicio político por “mal desempeño” no puede sustentarse en las decisiones jurisdiccionales adoptadas por un magistrado en el ejercicio de sus funciones, salvo en situaciones excepcionales claramente demostradas.
El organismo con sede en Costa Rica también cuestionó la falta de fundamentación suficiente durante el trámite parlamentario que derivó en la destitución y advirtió sobre diversas irregularidades procesales. Entre ellas, destacó la ausencia de respuestas adecuadas a los recursos presentados por el ex juez y la posterior revocación de su pensión vitalicia en 2004, beneficio previsto en la Ley 24.018 para los integrantes de la Corte Suprema al momento de su cese.
La Corte IDH señaló, además, la extensa demora —casi veinte años— en la resolución del reclamo contencioso-administrativo iniciado por Moliné O’Connor contra el Estado argentino. En su fallo, exhortó a las autoridades nacionales a aplicar el artículo 53 de la Constitución Nacional, que regula el juicio político, en consonancia con los estándares establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de independencia judicial y debido proceso.
Reparaciones económicas y alcance institucional del fallo
Como parte de las medidas de reparación, el tribunal dispuso que el Estado restablezca el régimen de pensión correspondiente al ex magistrado, con efecto retroactivo a la fecha de su fallecimiento, ocurrido en agosto de 2014. Además, fijó una indemnización de 300.000 dólares a favor de su viuda y de 75.000 dólares para cada uno de sus cuatro hijos, en concepto de daños, así como 30.000 dólares para cubrir costas y gastos de representación legal.
Las reparaciones deberán cumplirse en el plazo de un año. El fallo vuelve a colocar en debate el alcance del juicio político a jueces en la Argentina y sus límites frente a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Especialistas en derecho constitucional señalan que la sentencia podría impactar en futuras discusiones parlamentarias sobre la responsabilidad de magistrados, al reforzar la idea de que no se puede sancionar a un juez por el contenido de sus decisiones jurisdiccionales, salvo supuestos muy excepcionales.
- Moliné O’Connor fue designado juez de la Corte Suprema en 1990, durante la presidencia de Carlos Menem.
- Integró la denominada “mayoría automática”, cuestionada por su alineamiento con el Poder Ejecutivo de la época.
- Fue destituido el 3 de diciembre de 2003 por el Senado, por 45 votos afirmativos contra 19 negativos, bajo la acusación de “mal desempeño”.
La Corte IDH advirtió que los procesos de remoción de jueces deben respetar estrictamente las garantías de independencia y debido proceso, y no pueden utilizarse como mecanismo de presión o sanción por el contenido de sus sentencias.
Con esta decisión, el tribunal interamericano envía un mensaje directo a los Estados de la región sobre la necesidad de proteger la independencia del Poder Judicial y de ajustar los mecanismos de juicio político y control institucional a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
