En medio de una profunda crisis financiera, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad abrió un programa de retiros voluntarios que estará vigente hasta el 26 de noviembre. Los trabajadores que acepten la propuesta recibirán una compensación económica, pero no podrán volver a desempeñarse en el Estado nacional durante ocho años. ATE rechaza la medida y prepara nuevas protestas.
El Gobierno nacional puso en marcha un régimen de retiros voluntarios para reducir el personal del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). La decisión forma parte del proceso de disolución del organismo, que atraviesa una profunda crisis financiera. La medida alcanza a los trabajadores de planta permanente y ofrece compensaciones económicas para quienes acepten desvincularse.
El programa quedó oficializado este jueves 12 de noviembre mediante la Disposición 721/2026, publicada en el Boletín Oficial. Los empleados podrán solicitar su incorporación hasta el 26 de noviembre, sin posibilidad de prórroga. Las condiciones incluyen indemnizaciones especiales y seis meses de cobertura médica para el grupo familiar.
Actualmente, IOSFA cuenta con aproximadamente 2.450 trabajadores bajo distintas modalidades de contratación. El Ejecutivo pretende reducir esa estructura antes de completar el traspaso de funciones a las nuevas obras sociales. Sin embargo, la incorporación del personal a los organismos que reemplazarán al instituto no será automática.
Compensaciones económicas y restricciones laborales
El régimen contempla gratificaciones equivalentes a un máximo de 30 salarios, según la antigüedad, edad y situación previsional del empleado. Los montos de hasta 20 millones de pesos podrán abonarse en un único pago. Cuando superen esa cifra, el organismo podrá establecer un esquema de cuotas mensuales para completar la liquidación.
También se diseñó una alternativa destinada a quienes estén próximos a jubilarse, pero todavía no reúnan los aportes necesarios. Estos trabajadores podrán recibir una prestación mensual equivalente al 60% de su remuneración bruta. El beneficio incluye aportes previsionales y cobertura médica durante un máximo de 36 meses, o hasta alcanzar los requisitos jubilatorios.
Una de las condiciones más restrictivas afecta directamente al futuro laboral de quienes acepten la propuesta. Los empleados que accedan al retiro voluntario no podrán regresar a la administración pública nacional durante ocho años. La prohibición comprende cargos, contratos, asesorías y otras formas de vinculación con organismos estatales.
El Gobierno reorganiza la cobertura sanitaria de las fuerzas
La liquidación de IOSFA responde a la reorganización establecida mediante los decretos 88/2026 y 1286/2026. El nuevo esquema contempla dos instituciones que asumirán las prestaciones anteriormente concentradas en el organismo. Se trata de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
Antes de su división, IOSFA brindaba cobertura sanitaria a aproximadamente 550.000 afiliados, entre titulares y familiares. La nueva OSFA atenderá a unos 325.000 beneficiarios vinculados con las Fuerzas Armadas. Por su parte, OSFFESEG asumirá la cobertura del personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
El Gobierno busca que la nueva obra social militar destine solamente el 8% de sus recursos a gastos administrativos. El resto del presupuesto deberá orientarse a prestaciones médicas, tratamientos y provisión de medicamentos. La reorganización también pretende afrontar los problemas financieros acumulados durante los últimos años.
Gonzalo Secchi, administrador de IOSFA en liquidación, tiene a su cargo la implementación de las medidas. Entre sus responsabilidades figuran el saneamiento de las cuentas y la resolución de compromisos pendientes con prestadores médicos. También debe administrar la transición institucional y las desvinculaciones laborales previstas.
ATE rechaza el ajuste y anuncia nuevas movilizaciones
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresó su rechazo al programa y advirtió sobre el riesgo de pérdida de empleos. El sindicato reunió a más de 50 delegados de distintas provincias para analizar las consecuencias del cierre. Tras el encuentro, resolvió mantener el estado de alerta y movilización permanente.
La preocupación gremial se concentra especialmente en las farmacias que dependen de IOSFA, donde se prevé una importante reducción de personal. También existe incertidumbre sobre el futuro de otras dependencias distribuidas por el país. En cambio, los hoteles y centros recreativos volverían a quedar bajo la administración de las Fuerzas Armadas.
Durante las últimas semanas se registraron protestas en San Juan, Santa Fe, Tucumán, Mar del Plata y Punta Alta. En distintas localidades también surgieron iniciativas legislativas para expresar el rechazo al cierre de establecimientos. Los trabajadores reclaman garantías sobre la continuidad de sus empleos y las prestaciones sanitarias.
ATE anunció nuevas acciones gremiales para este jueves y viernes, además de protestas durante la semana del 20 de noviembre. El conflicto tendrá otro capítulo el viernes 27, cuando se realice una movilización nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Esa jornada coincidirá con el último día hábil previo al vencimiento de contratos sin estabilidad laboral.
El Gobierno estableció el 4 de febrero de 2027 como fecha límite para completar la disolución definitiva de IOSFA. Hasta entonces, deberá avanzar con la transferencia de funciones, la reorganización de servicios y la reducción de personal. Mientras tanto, los trabajadores esperan definiciones sobre su continuidad laboral y el funcionamiento de las nuevas obras sociales.
