Argentina endurece su postura frente a las petroleras británicas
NewsITe
El canciller argentino, Pablo Quirno, advirtió que el Gobierno evalúa impulsar acciones penales contra directivos de las empresas petroleras Rockhopper Exploration y Navitas, involucradas en el proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion en las Islas Malvinas. La advertencia se enmarca en la histórica disputa de soberanía con el Reino Unido y en la estrategia oficial de frenar cualquier avance sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.
En declaraciones radiales, Quirno sostuvo que, de acuerdo con la legislación argentina, tanto las compañías como sus autoridades podrían estar cometiendo delitos vinculados a la exploración y explotación no autorizada de hidrocarburos en una zona marítima que el país considera propia. El funcionario remarcó que la administración de Javier Milei está dispuesta a usar todos los instrumentos legales, diplomáticos y judiciales disponibles para impedir el desarrollo del proyecto.
El canciller recordó que Rockhopper y Navitas ya fueron sancionadas por la Argentina en el marco de las normas que regulan las actividades en el área de Malvinas. En esa línea, insistió en que el país llevará el reclamo a todos los ámbitos posibles, desde la Justicia local hasta los foros internacionales, con el objetivo de frenar la explotación de los recursos naturales del archipiélago mientras persista el conflicto de soberanía con el Reino Unido.
Reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar
Quirno defendió también la presentación realizada por el Gobierno ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. Allí la Argentina solicitó medidas provisionales para suspender las actividades de explotación hidrocarburífera en la zona hasta que se constituya un tribunal arbitral que analice la controversia. El apuro responde a que el inicio de la extracción está previsto para el primer trimestre de 2027.
El jefe de la diplomacia argentina aclaró que la intención no es que ese tribunal resuelva la cuestión de soberanía, aspecto sobre el cual no tiene jurisdicción, sino que intervenga específicamente sobre la explotación de los recursos naturales en un área en disputa. Según explicó, el planteo se apoya en disposiciones de Naciones Unidas y en acuerdos internacionales a los que tanto Argentina como el Reino Unido adhirieron.
Conexión marítima y apoyo regional
En paralelo, Quirno se refirió a la posibilidad de reactivar una conexión marítima entre Punta Arenas, en Chile, y las Islas Malvinas. Indicó que la legislación argentina respeta la libre circulación de embarcaciones, pero exige autorizaciones especiales para los buques que transporten carga hacia y desde el archipiélago, en línea con la posición de que se trata de territorio argentino.
- La Cancillería espera que las empresas respeten la normativa argentina.
- El Gobierno confía en que Chile mantenga su apoyo al reclamo de soberanía.
- Se busca evitar colaboración logística con proyectos de explotación de recursos.
El canciller destacó además que la ofensiva judicial y diplomática se complementa con una estrategia más amplia impulsada por el presidente Milei. Entre las medidas mencionó el desarrollo de una base naval integral en Ushuaia y eventuales cambios legislativos destinados a reforzar la presencia y la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
“Argentina va a utilizar todos los instrumentos que tiene al alcance de su legislación y también en los foros internacionales para impedir que la explotación de recursos naturales en las Malvinas suceda”, enfatizó Quirno.
Con este endurecimiento de la postura oficial, el Gobierno busca enviar una señal tanto a las petroleras británicas como al Reino Unido y a la comunidad internacional: cualquier avance sobre los recursos hidrocarburíferos en las islas será considerado una violación del derecho internacional y enfrentará un fuerte contraataque jurídico y diplomático por parte de la Argentina.
