Argentina pide frenar proyecto Sea Lion ante tribunal del mar

Argentina reclama medidas urgentes por Sea Lion en Malvinas

Delegación argentina ante el Tribunal del Mar por el caso Sea Lion

NewsITe

La Argentina concluyó en Hamburgo su segunda ronda de alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), donde reclamó medidas provisionales para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion en aguas circundantes a las Islas Malvinas, territorio cuya soberanía disputa con el Reino Unido desde hace décadas.

En la presentación, la delegación argentina remarcó el carácter urgente del pedido y sintetizó la situación con una advertencia contundente: “Es ahora o nunca”. Según el planteo oficial, las actividades previstas en el marco de Sea Lion implican un riesgo de daño irreparable tanto para los derechos soberanos argentinos sobre los recursos naturales como para el medio marino del Atlántico Sur.

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Los representantes legales del país defendieron la competencia prima facie del Tribunal para intervenir y señalaron que existen “derechos plausibles” que merecen protección mientras avanza el procedimiento arbitral ya iniciado contra el Reino Unido. En ese contexto, la Argentina sostiene que no se le pide al TIDM que se pronuncie sobre la soberanía de las islas, sino que impida la explotación unilateral de recursos naturales en una zona en disputa.

El jurista Marcelo Kohen subrayó que el Tribunal puede ordenar medidas cautelares sin ingresar en la cuestión de fondo sobre quién ejerce la soberanía en Malvinas. El objetivo central, explicó, es evitar que se consolide un desarrollo hidrocarburífero a gran escala que modifique de hecho la situación en el área mientras se resuelve el conflicto por vías pacíficas.

Un megaproyecto petrolero bajo la lupa internacional

El especialista neerlandés Nico Schrijver concentró su exposición en el factor tiempo y en el riesgo de perjuicio irreparable. Recordó que, tras la decisión final de inversión adoptada el 10 de diciembre de 2025, Sea Lion dejó de ser un proyecto exploratorio para convertirse en un plan concreto de explotación de hidrocarburos en la cuenca norte de Malvinas.

De acuerdo con los datos presentados ante el Tribunal, el proyecto prevé la perforación de hasta 26 pozos, la instalación de infraestructura submarina permanente y una producción estimada de 310,5 millones de barriles de petróleo. Ese despliegue, advirtió Schrijver, podría generar un impacto irreversible sobre el ecosistema marino y consolidar una situación económica y jurídica difícil de revertir en el futuro.

  • Restricción a nuevas perforaciones e instalaciones de producción vinculadas con Sea Lion.
  • Prohibición de usar de manera perjudicial la información obtenida durante la etapa de exploración.
  • Garantías para que la Argentina pueda cumplir sus obligaciones de protección del medio marino.
  • Prevención de actos unilaterales que agraven o extiendan la controversia con el Reino Unido.

Al cerrar los alegatos, el consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal, Mario Oyarzábal, insistió en que se cumplen los cuatro requisitos para dictar medidas provisionales: competencia prima facie, plausibilidad de los derechos invocados, riesgo de daño irreparable y urgencia. En línea con ese planteo, Schrijver concluyó su exposición con una frase que la delegación argentina adoptó como consigna: “If not now, it will be never” —“si no es ahora, será nunca”.

“El reclamo argentino no comienza ni termina con esta resolución. Es un paso más en la defensa de nuestros recursos naturales y en la búsqueda de una solución pacífica y justa al diferendo”, señalaron fuentes cercanas a la delegación.

Voceros oficiales remarcaron que la Argentina continuará utilizando “todas las herramientas jurídicas, legales y diplomáticas a su disposición” para impedir lo que considera una explotación ilegítima de recursos que le pertenecen. Con las audiencias concluidas, el caso queda ahora en manos de los jueces del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que deberán decidir si hacen lugar o no al pedido de medidas provisorias. No existe un plazo formal para ese pronunciamiento, aunque en la Cancillería esperan que la respuesta llegue en los próximos meses.

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