La abogada solicitó revisar el fallo del magistrado López, pidiéndole a Casación que admita el recurso, declare la nulidad de las absoluciones y condene a Maximiliano Emanuel Cabaleyro a 15 años de prisión efectiva y a Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Carlos Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez a 3 años de prisión en suspenso, manteniendo expresa reserva del caso federal ante la Corte Suprema.
La abogada de los representantes de la firma Rey Distribución, Florencia Arietto, presentó un escrito mediante el cual solicitó que se revise la absolución de Maximiliano Cabaleyro, dictada por el juez Alejandro López el pasado 14 de octubre. En el documento requirió a Casación que admita el recurso, declare la nulidad de las absoluciones y condene a Maximiliano Emanuel Cabaleyro a 15 años de prisión efectiva y a Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Carlos Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez a 3 años de prisión en suspenso, manteniendo expresa reserva del caso federal ante la Corte Suprema.
Según su punto de vista, la sentencia presenta una “arbitrariedad y fundamentación aparente por valoración fragmentaria, contradictoria y selectiva de las pruebas”, por lo que exigió que Casación examine los registros visuales completos del proceso judicial.
Arietto señaló que el tribunal recortó algunas pruebas presentadas durante la instrucción a la causa. En ese sentido, la defensora decidió transcribir algunos fragmentos de la conversación mantenida entre los hermanos Rey y Cabaleyro para que se evidencie el tono y las amenazas que pronunció el gremialista.
“Terminamos en esto por 2 suspensiones. ¿Ustedes son locos o son pelotudos?”, “¿Hoy está saliendo gente a reparto? Evidentemente no… represión sindical… No seas boludo, si ya te pasó, ¿qué me estás obligando? No juegues esa carta”, “Estamos en un conflicto por tres suspensiones, ¿son locos o boludos ustedes? No tuvimos conflicto por dos despidos y yo lo hablé con ellos… ¿Vos querés venir a chocar con el gremio? Están locos ustedes, muchachos”, “Y ahora acuérdense, los dos despidos fueron al pedo, las dos suspensiones fueron al pedo, porque vinimos nosotros y nos pusimos acá, poronga, en la puerta”, son algunos de los textuales que resaltó Arietto.
Sumado a ello, la letrada remarcó que también se redujo, de forma arbitraria, la reproducción de un tramo relevante de intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia en la instrucción penal.
Entre el material que no se pudo escuchar en la sala de audiencias, la abogada subrayó audios donde Cabaleyro habla con terceros, en los cuales se evidenciaban presiones sobre dadores de carga y proveedores para cortar el abastecimiento a Rey Distribución, así como llamadas que ponían en manifiesto manejos institucionales para demorar el dictado de la conciliación obligatoria que tenía en sus manos la Secretaría de Trabajo.
Por otro lado, también recalcó la alteración de testimonios y escuchas vinculadas a autoridades públicas como la delegada de Trabajo, Sofía Rotundo o el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar.
En relación a la extorsión ejercida por el referente de Camioneros, y que el magistrado reconoció que existió pero de igual modo decidió absolver a Cabaleyro argumentando que ningún testigo lo vio recibir físicamente dinero y que el miedo de los Rey era “imaginario”, Arietto sostuvo que ese temor no era infundado ya que los dueños de la empresa sabían que previamente otras compañías habían sufrido bloqueos.
Sobre los cortes realizados el 15 de enero de 2021 y entre el 22 y 25 de febrero del mismo año, el juez Alejandro López los consideró como legítimos, basándose en el derecho de huelga. A esa decisión, Arietto la calificó como “jurídicamente errónea” y citó jurisprudencia de la Corte Suprema nacional para recordar que las garantías constitucionales no son absolutas. Además, argumentó que la huelga ampara la abstención pacífica de prestar tareas, pero no así la obstaculización material, la colocación de un colectivo de gran porte por cuatro días seguidos, ni la quema de cubiertas frente a depósitos alternativos. Para la querella, el bloqueo constituyó violencia que configura los delitos de turbación de la posesión.
Con información de La Opinión de San Pedro
