Para ser sobreseído, la reparación económica debe ser homologada por el juez.
El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez aceptó hoy la donación ofrecida por el presidente Alberto Fernández de $1,6 millones para cerrar la causa por la celebración del cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos, durante las restricciones del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio.
Además, Fabiola ofreció $1,4 millones, lo que elevaría al total de $3 millones.
Sólo resta que el juez Lino Mirabelli homologue el acuerdo de reparación integral y así, se extinguirá la acción penal. Antes deberá establecerse a qué institución médica será destinado el dinero.
El fiscal Domínguez propuso en el dictamen que la donación sea para la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Doctor Carlos G. Malbrán”, como había ofrecido Fernández.
A partir de ese momento, el presidente tendrá un plazo de diez días hábiles para depositar ese dinero en una cuenta bancaria, tal como se comprometió en la presentación que hizo la semana pasada.
Fernández lleva nueve meses imputado por la justicia federal por haber violado el DNU que él mismo había firmado y que prohibía todo tipo de encuentros sociales, como medida sanitaria en medio de la pandemia del Covid-19.
“Entiendo que las características del evento del que participó el imputado, la trascendencia y el impacto institucional que adquirió el suceso, el cargo de su autor y la fecha en la que tuvo lugar (vigencia del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) son circunstancias que ubican a Fernández en el umbral máximo de responsabilidad penal ponderable a los fines de la reparación”, determinó Domínguez.
“Difícil es mensurar (monetariamente) el daño causado en este tipo de casos a los fines de su reparación; sin embargo, sí se puede intentar fijar algún criterio que permita tornar operativo el instituto conciliando los intereses en juego”, agregó el fiscal.
Entonces explicó que decidió “anclar la reparación al costo de insumos hospitalarios permitiría, de algún modo, objetivar la propuesta reparadora analizada, buscar alguna equivalencia entre el reproche penal inherente al hecho imputado, el ‘perjuicio’ causado y la capacidad económica del justiciable”.
