Polémica por el sector VIP en la misa del papa León XIV
NewsITe
El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que brinde explicaciones sobre la organización y los criterios de acceso al sector VIP montado durante la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. El episodio generó una fuerte controversia política y social por la presencia de celebridades, empresarios y funcionarios en un espacio exclusivo, con carpas y servicios diferenciales, en contraste con el resto de los fieles.
El planteo de Paulón apunta directamente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno, responsables de la organización y del vínculo con la Santa Sede. El legislador recordó además el conflicto que se produjo cuando a diversos periodistas se les rechazaron las acreditaciones para cubrir la ceremonia, mientras se reservaban ubicaciones privilegiadas para un grupo reducido de invitados especiales.
A través de su cuenta de X, el diputado cuestionó duramente al Gobierno nacional y al de la Ciudad por el dispositivo montado. “En el Gobierno nacional y el de la Ciudad no entendieron absolutamente nada de lo que significaba la llegada de León XIV al país ni su mensaje”, escribió. Luego sumó una serie de interrogantes: “¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?”.
Detalles del pedido de información al Gobierno
En el proyecto ingresado en el Congreso, Paulón solicita que se informe la capacidad total del sector VIP y de las demás áreas de acceso restringido, la ubicación exacta de cada una, la cantidad de carpas instaladas y el número de personas acreditadas en cada espacio. También reclama que se remita el listado completo de invitados y se detallen los “criterios objetivos o protocolo aplicado” para su selección, así como la autoridad que aprobó esas nóminas.
El legislador pone especial énfasis en las figuras del espectáculo, la moda y los medios de comunicación que tuvieron un rol meramente protocolar. Pide identificar quién cursó cada invitación, cuál fue el fundamento de interés público que la justificó y si esas personas cumplieron alguna función específica durante la ceremonia religiosa. La misma información solicita para acompañantes de funcionarios y legisladores.
Otro de los ejes centrales del pedido es el costo económico del evento. Paulón requiere al Gobierno que detalle el presupuesto total destinado al montaje de la misa, los proveedores contratados, las condiciones de adjudicación y la fuente de financiamiento. En ese punto, reclama un desglose que permita determinar qué jurisdicciones –Nación, Ciudad de Buenos Aires, Iglesia o aportantes privados– afrontaron las erogaciones por servicios especiales como carpas, catering y logística.
Contrataciones, financiamiento y posibles conflictos de interés
- Identificación de todas las empresas proveedoras, montos pagados y modalidad de contratación.
- Detalle de qué organismos públicos asumieron el gasto de cada servicio involucrado en el sector VIP.
- Información sobre eventuales aportes privados, con nombres de los aportantes, montos, canal utilizado y posibles contraprestaciones.
- Listado de invitados que pudieran estar vinculados a empresas o personas que hayan financiado parte del evento.
En particular, el diputado se detiene en la contratación directa de una productora para la organización general. Según advierte, el Gobierno utilizó un “procedimiento de excepción” pese a que la visita de León XIV había sido anunciada con varios meses de anticipación, lo que –a su entender– relativiza cualquier argumento de urgencia. Por eso reclama que se expliquen los fundamentos legales y administrativos que avalaron esa decisión.
Paulón también solicita que se realice un análisis de posibles conflictos de intereses, ya que la empresa adjudicataria integra el grupo que administra el estadio Luna Park en virtud de un vínculo con el Arzobispado de Buenos Aires, lo que podría superponer intereses comerciales y religiosos.
El pedido de informes busca, en definitiva, esclarecer quién tomó las decisiones sobre el armado del sector VIP en una ceremonia de alto impacto simbólico y qué recursos públicos o privados se utilizaron. De avanzar el trámite parlamentario, el Gobierno deberá dar respuesta formal a cada uno de los puntos requeridos, en un contexto de fuerte sensibilidad social por el uso de fondos estatales y por la relación entre la política, el poder económico y los actos religiosos masivos.
