La familia de Juan Gabriel Cáceres vuelve a exigir respuestas oficiales
NewsITe
Nadia Cáceres, hermana de Juan Gabriel Cáceres, el cooperativista fallecido en marzo de 2025 en Berazategui, volvió a denunciar amenazas e intimidaciones luego de insistir públicamente con su reclamo de justicia. La mujer apuntó tanto contra la Municipalidad de Berazategui, hoy a cargo de Carlos Balor, como contra el funcionario provincial Matías Aguirre, a quien responsabiliza por las condiciones de trabajo en las que murió su hermano.
Según reconstruyó Noticias Argentinas, el testimonio de Cáceres se difundió el 8 de noviembre y generó preocupación entre organizaciones sociales y de derechos humanos. La mujer relató que, tras visibilizar el caso, comenzó a recibir llamados telefónicos, mensajes y advertencias en su domicilio. Incluso afirmó que intentaron atropellarla en la vía pública, hechos que atribuye directamente a su decisión de sostener el reclamo contra las autoridades.
Juan Gabriel Cáceres tenía 34 años, integraba la cooperativa Pacha Limpia —vinculada al Movimiento Evita— y murió el 3 de marzo de 2025 en un arroyo de la zona de Dardo Rocha y Sevilla. De acuerdo con el relato de su familia, el joven se arrojó al agua para intentar rescatar a un compañero que había sido arrastrado por la corriente durante una jornada de trabajo. No contaba con elementos de seguridad adecuados ni capacitación específica para ese tipo de tareas en contexto hídrico.
Reclamos por condiciones laborales y responsabilidades políticas
La familia Cáceres ya había hecho presentaciones formales ante la Justicia y reclamado explicaciones al Municipio en junio de 2025. En ese momento, Nadia se constituyó como particular damnificada junto a sus abogados y cuestionó la falta de respuesta institucional, al tiempo que advirtió sobre la precariedad laboral de los cooperativistas y la ausencia de protocolos de protección frente a condiciones climáticas adversas.
En su nuevo testimonio, la mujer sostuvo que los trabajadores fueron convocados a prestar tareas pese a la vigencia de una alerta meteorológica y que lo hicieron sin equipamiento de seguridad ni formación adecuada. Remarcó que la familia mantiene abiertos reclamos penales y civiles para que se investigue tanto la cadena de responsabilidades políticas como las condiciones en las que se organizan las cuadrillas.
El foco del planteo recae sobre Matías Aguirre, funcionario con vinculación directa con el área hídrica bonaerense. En la estructura oficial del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, a cargo de Gabriel Katopodis, Aguirre figura como director de Mantenimiento dentro de la Dirección Provincial de Hidráulica y la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Para la familia, su rol en la planificación de tareas y en la supervisión operativa lo coloca en el centro de la discusión.
Doble reclamo: Provincia y Municipio bajo la lupa
El caso expone a dos niveles de gestión. Por un lado, el área provincial de Infraestructura y Recursos Hídricos, responsable de la coordinación de trabajos en arroyos y cursos de agua. Por otro, la administración municipal de Berazategui, cuestionada por la falta de acompañamiento y de respuestas institucionales a la familia Cáceres desde el momento del hecho.
Carlos Balor asumió la intendencia en noviembre de 2025, tras el fallecimiento de Juan José Mussi. Para los familiares de Juan Gabriel, la nueva gestión no modificó la situación: aseguran que persiste la ausencia de canales formales de diálogo y que no hubo avances concretos en materia de reparación ni en la implementación de medidas para proteger a otros cooperativistas.
- La familia sostiene denuncias penales y civiles para determinar responsabilidades.
- Acusan amenazas e intimidaciones desde que hicieron público el reclamo.
- Cuestionan la falta de equipos de seguridad y capacitación para tareas en arroyos.
- Señalan a Provincia y Municipio por omisiones y falta de respuestas.
“Nos convocaron a trabajar con alerta meteorológica, sin elementos de seguridad ni capacitación, y ahora nos quieren hacer callar”, denunció Nadia Cáceres en declaraciones difundidas por NA.
Mientras las actuaciones judiciales avanzan, la familia insiste en que el caso de Juan Gabriel no sea leído como un episodio aislado, sino como una señal de alarma sobre las condiciones de trabajo de cientos de cooperativistas que cumplen tareas esenciales en barrios populares. Reclaman que se garanticen normas básicas de seguridad, se esclarezca lo ocurrido y se frenen las amenazas que, según su testimonio, buscan silenciar la búsqueda de justicia.
