Un año de gobierno marcado por la crisis y la polarización
NewsITe
A un año de asumir la Presidencia de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira enfrenta un escenario complejo, cruzado por la fragilidad económica, la tensión política y una fuerte conflictividad social. Su llegada al poder, el 8 de noviembre de 2025, significó el fin de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS) y abrió un nuevo ciclo político en el país andino, con promesas de ordenamiento institucional y reorientación del modelo económico.
En estos primeros doce meses, el Gobierno avanzó en decisiones de alto impacto, como el retiro parcial de la subvención a los combustibles y el paso de un régimen cambiario fijo a uno más flexible. A esto se sumó la negociación de un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que habilitó créditos por 1.900 millones de dólares para aliviar las tensiones externas y recuperar el acceso al financiamiento internacional.
Sin embargo, distintos analistas coinciden en que estas medidas no alcanzaron para revertir problemas de fondo. Persisten la escasez de divisas, las dificultades de abastecimiento de combustibles y una economía en contracción, mientras el Congreso demora la aprobación de reformas estructurales en áreas clave como hidrocarburos, minería e inversiones.
Críticas al rumbo económico y aumento del malestar social
Para el experto en comunicación y analista económico Martín Moreira, la principal debilidad de la gestión radica en la falta de una planificación sólida y de un modelo económico claramente definido. Según su evaluación, la flexibilización cambiaria y el ajuste de subsidios impactaron de lleno en el poder adquisitivo de los hogares y reforzaron la sensación de incertidumbre, alimentando el descontento social.
Moreira también advierte por la caída en la confianza de los inversores, el deterioro de las cuentas públicas y un clima de mayor polarización política. Ese cuadro se vio reflejado en sucesivas protestas y bloqueos de rutas, especialmente entre enero, mayo y junio, cuando las medidas de fuerza paralizaron corredores estratégicos y provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos, incluso en La Paz.
El especialista en políticas públicas Marcelo Romano subraya que solo el estado de excepción y una fuerte intervención de las fuerzas de seguridad permitieron restablecer la circulación y frenar los cortes de caminos. No obstante, la prolongación de esa medida excepcional expuso lo frágil de la tregua y la persistencia de demandas sectoriales y disputas de poder.
Reconfiguración del gabinete y fracturas en la cúpula del poder
En el plano político, el gobierno de Paz Pereira atravesó una intensa reconfiguración interna. De los 14 ministros que asumieron al inicio del mandato, apenas cinco continúan en funciones, mientras la estructura del Estado se redujo de 17 a 12 ministerios. Los cambios se dieron en medio de renuncias, destituciones, protestas y hasta una censura parlamentaria al entonces ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.
A las tensiones internas se sumó el deterioro del vínculo entre el Presidente y el vicepresidente Edmand Lara, quien a los pocos meses tomó distancia y se declaró opositor. Esa ruptura en la cúpula del poder profundizó la sensación de inestabilidad y reordenó el mapa de alianzas políticas dentro y fuera del oficialismo.
Desde la vereda crítica, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga calificó el primer año de gestión como una oportunidad desaprovechada. Aun reconociendo avances como el recorte parcial de los subsidios a los combustibles, la modificación del régimen cambiario y el acuerdo con el FMI, sostuvo que se mantienen estructuras y prácticas heredadas del ciclo político anterior.
Logros reivindicados por el Gobierno y caída en la imagen pública
La Casa de Gobierno, por su parte, defiende que este primer tramo de mandato estuvo orientado a ordenar la economía y las instituciones. El ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Williams Bascopé, sostuvo que el oficialismo debió gestionar el país en medio de intentos de desestabilización y conflictos sociales, mientras avanzaba en correcciones a problemas acumulados por años.
Entre los resultados que el Ejecutivo resalta se encuentra, además del acuerdo con el FMI, la captura en marzo del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y su posterior extradición a Estados Unidos, un hecho que el Gobierno presenta como muestra de cooperación internacional y fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado.
Aun con esos logros, las encuestas de opinión reflejan un marcado desgaste. De acuerdo con sondeos citados por analistas, la aprobación del Gobierno cayó 40 puntos porcentuales en menos de un año: pasó del 65 % en noviembre de 2025 al 25 % en octubre de 2026. Paz Pereira cierra así su primer año con acceso renovado al financiamiento externo y algunos avances en materia de ajuste económico, pero con reformas estructurales pendientes y un clima de creciente tensión política y social.
Rodrigo Paz Pereira concluye su primer año en el poder entre el ordenamiento prometido y una ciudadanía cada vez más crítica ante la falta de resultados concretos.
El desafío para el segundo año de mandato será encarar las reformas de fondo, recomponer el diálogo político y social y recuperar la confianza de una población que mira con preocupación el futuro inmediato de Bolivia.
