Esta semana, las partes apelaron en Casación el fallo del juez Alejandro López que absolvió a Cabaleyro y a los exempleados de Rey Distribución. La acusación sostiene que no se valoró toda la prueba y la defensa, que se omitió perseguir delitos de falsedad en la denuncia y en testimonios. Mientras tanto, liberaron a Espíndola y es inminente la resolución de su juicio abreviado.
De la redacción de EL NORTE
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La saga judicial en la causa Camioneros, que comenzó a escribirse hace más de cinco años, continúa sumando episodios. En el transcurso de la semana, las partes presentaron su disconformidad con el fallo dictado en octubre pasado por el juez Alejandro López.
El veredicto que absolvió a Maximiliano Cabaleyro y a seis exempleados de la firma denunciante Rey Distribución por los bloqueos a la empresa dejó heridos de un lado y del otro de la contienda. Con pretensiones contrapuestas, ambas partes apelaron ante el Tribunal de Casación. Entre otras cosas, la acusación cuestiona que, al momento de decidir exculpar a los imputados, el juez a cargo del TOC Nº 2 no valoró toda la prueba. Por su parte, la defensa reclama por las costas, por la legalidad de esa prueba presentada y porque considera que el magistrado omitió denunciar los delitos de falsa denuncia y falso testimonio.
Respecto de Fernando Espíndola, fue dejada sin efecto la prisión domiciliaria y se ordenó su libertad. El sindicalista, también imputado en la causa, no fue parte del juicio al optar por un procedimiento abreviado cuya resolución es inminente. Esta decisión plantea tres escenarios: el más gravoso es que se lo condene a seis años de prisión conforme al acuerdo presentado, que se dicte una pena menor o que, en línea con la suerte de Cabaleyro, sea absuelto. Este veredicto podría conocerse en el transcurso de la semana entrante.
El juez argumentó la absolución en que los hechos juzgados encuadraron en el ejercicio legítimo del derecho de huelga y de libertad sindical, descartando la existencia de los delitos de extorsión y coacción. Consideró que no hubo violencia para obligar a la empresa a pagar y que los reclamos económicos del sindicato correspondían a deudas legítimas.
También que la permanencia frente a la distribuidora constituyó una «medida de acción directa» protegida por la Constitución y valoró escuchas telefónicas y mensajes que mostraban un trato cordial entre los empresarios y los dirigentes gremiales.
Controversias de la acusación
La acusación, en su apelación, insistió en que existieron los delitos de extorsión, coacción y turbación de la posesión. Apuntó especialmente a la interpretación del magistrado sobre el derecho constitucional de huelga, al considerar que otorgó una protección excesivamente amplia a las medidas sindicales investigadas, y objetó su valoración de las pruebas vinculadas con las exigencias económicas. Entiende que el juez analizó elementos de manera aislada y que no realizó una evaluación integral de la evidencia.
Respecto del bloqueo, argumentaron que «una cosa es formular una pretensión, adoptar una medida de fuerza jurídicamente admisible o acudir a las vías administrativas y judiciales pertinentes y otra diferente es utilizar una situación de bloqueo y presión para restringir materialmente la actividad de una empresa y condicionar la voluntad de sus propietarios».
Insistieron también en la acusación por turbación de la posesión, al considerar que «la sola configuración de una barrera humana, de un colectivo y camiones en los accesos constituye per se evidentes actos de intimidación y coacción moral».
Señalaron, además, que el juez omitió valorar el testimonio de un empleado que reflejaba intimidaciones y un intento de incendio de neumáticos en un galpón alternativo de la empresa que requirió la intervención urgente de bomberos.
Por su parte, el particular damnificado cuestionó la omisión de testimonios clave, audios y pruebas sobre presuntas exigencias económicas y presiones gremiales. Insistió en que hubo pagos directos en mano del empresario Gustavo Rey a Maximiliano Cabaleyro por supuestas deudas gremiales y campañas, ponderados como indicios de la exigencia patrimonial. Asimismo, criticó que se descartaran testimonios que aseguraron haber visto la entrega de sobres con dinero y escuchado a los empresarios manifestar su agotamiento por tener que pagar para trabajar.
Reclaman que el juez utilizó llamadas amables entre víctima y acusado para restar credibilidad a la extorsión, ignorando el contexto de temor y sometimiento resumido por el empresario con la frase «Acariciar al perro para que no muerda». Además de cuestionar la falta de valoración conjunta de las escuchas, objetan que no se vinculara la línea de mando vertical del sindicato –donde, según testigos, no se tomaban decisiones sin Cabaleyro– con el hecho de que otro dirigente cobrara las sumas mensuales exigidas.
Controversia de la defensa
Los abogados Ignacio Baldarenas, Analía González, Mauricio Gugger y Gabriel Ruiz unificaron la defensa en cuanto a la apelación. Cuestionaron la imposición de las costas procesales y que se haya omitido el deber legal de accionar al tomar conocimiento, durante el debate, de la comisión de delitos de acción pública. Los letrados solicitaron que se remitan los antecedentes a la Fiscalía para determinar si integrantes de la familia Rey incurrieron en falsa denuncia, falso testimonio o desobediencia judicial.
Sostienen que en el debate surgieron elementos que justificarían una investigación sobre la veracidad de determinadas declaraciones y de pruebas aportadas, como registros fílmicos y el contenido de comunicaciones telefónicas aportadas por los acusadores. Destacan que muchas fueron obtenidas ilegalmente, lo que constituye intromisiones arbitrarias a la privacidad y debieron haber sido declaradas inadmisibles en su origen.
Mencionaron la exhibición del video de «la caja de Chocolino». Sostienen que, en esa filmación casera, los denunciantes montaron una escenografía contando dinero en efectivo e insertando un cheque (como pago de una presunta coima exigida por el sindicato), el cual fue posteriormente trasladado al estudio contable de los profesionales Grabovieski y Butti.
Afirman que los testimonios de ambos contadores y del perito contable desvirtúan lo representado en ese video y que no constituyó la prueba de ningún delito por parte de los imputados, sino que se trata de la preparación preconcebida de un montaje difamatorio para simular la comisión de un delito que no existió.
También argumentaron que Sergio Rey admitió durante el debate que incurrió en una desobediencia a la autoridad judicial al incumplir una sentencia firme dictada por un juez laboral que ordenaba la reincorporación inmediata de un empleado despedido.
