El negocio de los residuos bajo la lupa estatal
NewsITe
El negocio del tratamiento de residuos peligrosos volvió a quedar en el centro de la escena a partir del caso Stericycle y el entramado societario que involucra a los hermanos Mauro y Gustavo Solari. Más allá de los nombres propios, el foco recae sobre una cuestión clave: qué debe controlar el Estado antes de adjudicar contratos millonarios y autorizar pagos por la gestión de desechos sanitarios e industriales.
En Argentina, como en otros países, los organismos públicos tienen la responsabilidad de verificar quiénes son las empresas que compiten por estos servicios, cuáles son sus antecedentes, qué capacidad técnica acreditan y si efectivamente realizan las tareas por las que facturan. El caso Stericycle, que reconoció ante autoridades de Estados Unidos haber pagado sobornos en Argentina, Brasil y México para obtener o conservar negocios públicos, reaviva el debate sobre la calidad de esos controles.
De acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la compañía utilizó planillas con códigos internos para registrar coimas, además de proveedores ficticios y facturas falsas para encubrir pagos indebidos. La resolución coordinada con autoridades estadounidenses y brasileñas implicó más de 84 millones de dólares en sanciones y acuerdos, cifra que refleja el impacto económico del esquema revelado.
Empresas vinculadas y alcances legales
En el plano local, los registros societarios muestran que los hermanos Gustavo Gabriel y Fernando Javier Mauro, junto con Gustavo Osvaldo Solari, vendieron la firma TRI-ECO al grupo Stericycle en 2013. Años más tarde, una cesión instrumentada en 2020 dejó a cada uno con el 30% de MEDAM B.A. S.R.L., es decir, un 90% conjunto de participación en esa sociedad.
Sin embargo, los especialistas advierten que la existencia de un acuerdo de enjuiciamiento diferido en el extranjero no equivale, por sí sola, a una condena firme que inhabilite automáticamente a las empresas vinculadas a firmar contratos con el Estado argentino. La normativa nacional de contrataciones contempla causales de inelegibilidad para personas jurídicas con condenas firmes por soborno transnacional, así como la continuidad de empresas sancionadas o simulaciones de competencia, pero exige analizar cada caso concreto.
Es decir, los antecedentes deben ser evaluados con precisión: contra quién se dictó cada resolución, qué efectos jurídicos produjo y cuál es la relación real con la sociedad que pretende contratar. Además, el régimen nacional no reemplaza las normas provinciales o municipales, que pueden fijar criterios propios para sus procesos de compra.
Capacidad técnica y trazabilidad del servicio
Más allá del análisis legal, los especialistas en ambiente subrayan que en el negocio de los residuos el control clave pasa por la capacidad técnica de las plantas. Cada instalación debe contar con autorizaciones específicas que definan qué tipo de material puede recibir, qué procesos de tratamiento puede aplicar y qué volumen está habilitada a manejar.
También resulta central identificar transportistas, instalaciones asociadas y posibles subcontratistas. Esa cadena de actores tiene que poder trazarse a través de la documentación: registros de retiro en origen, recepción en planta, tratamiento y disposición final. Cuando esa trazabilidad es deficiente, se abre la puerta a irregularidades que van desde el incumplimiento contractual hasta el riesgo ambiental.
En la Patagonia, una investigación periodística difundida en 2020 vinculó a los Mauro y Solari con una planta cercana a Añelo y cuestionó la infraestructura prevista para tratar residuos petroleros. Esa pesquisa derivó en pedidos formales de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), que bajo la actuación 4398/2026 requirió identificar operadores, conocer el origen de los residuos y acceder a contratos y órdenes de compra.
El rol de los organismos de control
La documentación administrativa recopilada en los últimos años incluye respuestas de organismos como el Ministerio de Salud bonaerense, que aportó datos sobre contrataciones realizadas en 2025 y 2026. Entre las empresas mencionadas figuró Hábitat Ecológico, otra sociedad vinculada históricamente al grupo Stericycle.
La trama que combinó sobornos reconocidos por una multinacional, transferencias societarias, requerimientos fiscales y denuncias periodísticas evidencia la necesidad de fortalecer los controles previos y posteriores a cada contratación pública. Para los organismos estatales, las preguntas clave son siempre las mismas: por qué se eligió a un proveedor determinado, qué capacidad técnica y antecedentes presentó, y de qué modo se verificó que el servicio facturado se haya prestado en las condiciones pactadas.
En el negocio de los residuos, la transparencia y la trazabilidad no son sólo requisitos administrativos: son la base para proteger la salud pública, el ambiente y el uso responsable de los fondos estatales.
Mientras avanzan las investigaciones judiciales y administrativas, los especialistas coinciden en que fortalecer la información disponible, cruzar datos entre organismos y exigir documentación detallada a las empresas son pasos indispensables para evitar que el negocio millonario de los residuos se convierta en una zona gris de corrupción e impacto ambiental.
