Procesan a una histórica obstetra rosarina por supuesta venta de bebés
NewsITe
El Juzgado Federal N°4 de Rosario dictó el procesamiento de D.E.V., una obstetra de 88 años conocida como “Dolly”, acusada de intervenir en maniobras de supresión y alteración del estado civil e identidad de menores de diez años, además de falsedad ideológica de instrumento público. La decisión judicial se da en el marco de una causa que tiene como víctima a un hombre nacido en 1978, quien sospecha que fue apropiado ilegalmente al nacer.
La resolución, firmada por el juez federal Carlos Vera Barros, se adoptó luego de la declaración indagatoria de la imputada en la primera causa abierta en su contra. El denunciante, hoy de 48 años, sostiene que fue entregado de manera irregular a una familia y que su identidad fue modificada mediante documentación falsa que consignaba datos apócrifos sobre su filiación biológica.
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A partir de esta denuncia inicial se presentaron al menos otras cuatro personas con relatos similares, lo que dio origen a una investigación paralela en la Unidad Fiscal Rosario. La Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos indaga si la obstetra habría repetido el mismo esquema en perjuicio de bebés nacidos entre 1968 y 1980, cuyas partidas de nacimiento también llevarían su firma.
La maniobra investigada y el rol de la obstetra
En la causa principal se le atribuye a Dolly haber insertado, el 9 de septiembre de 1978, datos falsos en un acta de nacimiento. Allí habría certificado, en su carácter de obstetra, que N.L. y R.N.F. —ambos ya fallecidos— eran los padres biológicos del recién nacido inscripto como R.C.F. Ese documento fue luego utilizado para tramitar el Documento Nacional de Identidad, consolidando la nueva identidad del niño.
Según la imputación, esa maniobra habría alterado de manera sustancial la identidad del bebé, que hasta hoy desconoce su verdadera filiación materna y paterna. El juez consideró acreditada la materialidad del hecho con diversas pruebas: el acta del Registro Civil, un estudio de ADN realizado en 2014 que descartó el vínculo biológico con quienes figuraban como sus padres y documentación aportada por el Ministerio de Justicia a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que informó al menos siete casos similares bajo sospecha.
El denunciante declaró ante la Justicia que se considera “víctima de la venta de bebés” y relató que, tras conocer el resultado del análisis genético, su madre de crianza le confesó que, ante la imposibilidad de tener hijos, recurrió a una partera de la zona sur de Rosario que les consiguió “el bebé varón” que deseaban. Vecinos y allegados sumaron testimonios sobre la llamativa y repentina llegada del niño al hogar, sin que se registraran signos de embarazo previo.
Allanamientos, pruebas y el encuadre judicial
Entre las evidencias valoradas por el magistrado aparecen elementos secuestrados en un allanamiento realizado en febrero de 2026 en el domicilio de la imputada: un certificado de nacido vivo en blanco, el título universitario que acreditaba su formación como obstetra —emitido por la Universidad Nacional del Litoral en 1958— y talonarios de recetas sin completar. Para la Justicia, estos documentos refuerzan la hipótesis de que Dolly tenía acceso a formularios oficiales que podían ser utilizados para validar nacimientos ficticios.
- La obstetra está acusada de supresión y alteración del estado civil de menores de diez años.
- También se le imputa falsedad ideológica de instrumento público por la emisión de partidas con datos falsos.
- La CONADI remitió al juzgado al menos siete situaciones similares que están bajo análisis.
- La investigación paralela de la Unidad Fiscal Rosario abarca nacimientos entre 1968 y 1980.
“En su calidad de obstetra de una institución pública tenía acceso a documentos oficiales que certificaban nacimientos y, en este caso, los utilizó para asignar identidades biológicas falsas a recién nacidos”, sostuvo el juez Vera Barros en su resolución.
Con estos elementos, el juzgado dispuso el procesamiento de la mujer como autora de los delitos de supresión y alteración del estado civil de menores y falsedad ideológica, y ordenó un embargo sobre sus bienes por 10 millones de pesos. La causa se enmarca en un fenómeno que sigue siendo investigado en todo el país: las tramas de apropiación y venta de bebés durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, y el derecho de las víctimas a conocer su verdadera identidad.
