La Casación ordenó reabrir la pesquisa por robo de fármacos
NewsITe
La causa por el presunto desvío y robo de ampollas de propofol y otros fármacos en el Hospital Italiano de Buenos Aires volverá a la etapa de investigación, por decisión de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. El expediente tiene como principales imputados al anestesista Hernán Boveri y a la médica residente Delfina “Fini” Lanusse, acusados de haber utilizado el anestésico con fines personales en perjuicio de la institución.
De acuerdo con lo resuelto por la Sala de Turno del tribunal, los jueces entendieron que la causa fue enviada a juicio oral de manera prematura y sin haberse producido pruebas consideradas clave por el Ministerio Público Fiscal. Entre ellas se destaca el análisis de los teléfonos y otros dispositivos electrónicos secuestrados a los profesionales, que podrían aportar datos relevantes sobre la supuesta maniobra ilícita.
El caso se abrió en febrero de este año y se centra en una presunta administración fraudulenta dentro del área de Anestesiología del Hospital Italiano. Según el procesamiento confirmado en junio por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Boveri habría sido quien ideó y ejecutó el desvío de las ampollas de propofol, mientras que Lanusse habría tenido una participación secundaria. El propofol es un potente anestésico de uso exclusivamente médico, cuya circulación está estrictamente controlada.
Durante la etapa de instrucción, el fiscal Lucio Herrera (h), a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, había solicitado que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) realizara una pericia informática sobre los dispositivos electrónicos incautados. También había pedido reconstruir la cantidad de intervenciones médicas realizadas por los imputados entre enero de 2025 y febrero de 2026 en las que se hubiera utilizado propofol.
El rol de los fiscales y el criterio de la Casación
Pese a esos requerimientos, el juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 cerró la instrucción y envió el expediente a juicio, con el argumento de que las pericias podían llevarse a cabo durante el debate oral. Esa postura fue cuestionada por la fiscal de juicio María Luz Castany, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17, quien sostuvo que la investigación debía retrotraerse para completar las pruebas pendientes.
El juez del Tribunal Oral, Pablo Vega, coincidió con la fiscal y devolvió el caso al juzgado de origen al considerar que la elevación a juicio había sido anticipada. Sin embargo, el magistrado de primera instancia sólo acató parcialmente la decisión y volvió a remitir a juicio una parte de la causa, vinculada a uno de los acusados. Frente a esa maniobra, la fiscalía pidió la nulidad del cierre de la instrucción y de todos los actos posteriores, advirtiendo que trasladar la producción de pruebas al debate implicaba dilatar y condicionar la pesquisa.
El fiscal general ante Casación, Juan Manuel Fernández Buzzi, respaldó la postura de sus colegas y remarcó que el estudio de los teléfonos y otros dispositivos no era una medida accesoria, sino un paso esencial para completar la investigación. Al revisar el expediente, el camarista Nicolás Grappasonno subrayó que esas pericias eran útiles y pertinentes para esclarecer los hechos, redefinir la hipótesis acusatoria y precisar el grado de responsabilidad de cada imputado.
Qué puede cambiar con la reapertura de la causa
- Se habilita un nuevo análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados a los profesionales investigados.
- La Justicia podrá revisar en detalle las intervenciones médicas en las que se habría utilizado propofol durante el período señalado.
- Podrían incorporarse nuevos elementos de prueba que modifiquen la calificación legal o el alcance de las imputaciones.
Para Casación, avanzar a juicio sin esperar el resultado de las pericias electrónicas implicaba prescindir de pruebas que podrían incidir en la plataforma fáctica del caso y en la eventual responsabilidad penal de los médicos investigados.
Con la decisión de la Cámara de Casación, el expediente vuelve al juzgado de instrucción, que ahora deberá ordenar y supervisar la producción de las pruebas pendientes antes de evaluar una nueva elevación a juicio. El proceso será seguido de cerca tanto por el ámbito judicial como por la comunidad médica, dado que el caso vuelve a poner bajo la lupa los controles internos sobre el uso de medicamentos de alta sensibilidad en los grandes centros de salud del país.
