El Congreso de Paraguay sancionó una norma que permitirá adelantar hasta 121 millones de guaraníes a los clientes afectados por el colapso de Ueno Bank. La medida busca contener el malestar social, mientras crecen los cuestionamientos contra el presidente Santiago Peña por sus vínculos anteriores con el grupo propietario de la entidad.
La crisis bancaria que sacude a Paraguay sumó este miércoles un nuevo capítulo político y financiero. El Congreso aprobó una ley de emergencia para acelerar la devolución de los depósitos de Ueno Bank, cuya intervención dejó a millones de clientes sin acceso habitual a sus ahorros. La medida busca frenar el creciente malestar social y recuperar la confianza en el sistema financiero.
La nueva legislación permitirá adelantar hasta 121 millones de guaraníes por depositante, equivalentes a 40 salarios mínimos. El mecanismo deberá comenzar a implementarse dentro de las 24 horas posteriores a la entrada en vigor de la norma. Además, establece un plazo máximo de cinco días hábiles para completar los desembolsos previstos.
El Senado sancionó definitivamente el proyecto durante la tarde, después de aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Ahora, el texto quedó en manos del presidente Santiago Peña, quien deberá decidir sobre su promulgación. Mientras tanto, miles de familias continúan pendientes de recuperar el dinero que mantenían depositado en la entidad.
Una respuesta urgente para millones de ahorristas
El cierre de Ueno Bank provocó una fuerte conmoción en Paraguay por la magnitud de sus operaciones. La entidad contaba con alrededor de tres millones de clientes y administraba importantes recursos de organismos estatales. Su caída afectó cuentas personales, operaciones comerciales y fondos vinculados con prestaciones sociales.
Frente a esta situación, el Congreso aceleró el tratamiento de una normativa que modifica el funcionamiento del Fondo de Garantía de Depósitos. El objetivo consiste en permitir que los ahorristas recuperen rápidamente una parte de su dinero, sin esperar la finalización del proceso de liquidación bancaria.
Durante el debate legislativo surgieron diferencias sobre la manera de ejecutar los pagos. La primera versión contemplaba utilizar nuevamente las cuentas de Ueno Bank, pero el Banco Central advirtió que esa alternativa resultaba inviable. Por eso, los diputados modificaron el proyecto para permitir transferencias a otras entidades financieras o pagos en efectivo.
Además, la ley establece que solamente podrán descontarse las obligaciones vencidas que los clientes mantengan con el banco. De esta manera, busca evitar que las deudas futuras reduzcan de forma anticipada el dinero disponible para los depositantes.
La crisis financiera también golpea al Gobierno
El colapso de Ueno Bank provocó cuestionamientos sobre el funcionamiento de los organismos encargados de supervisar el sistema financiero. Las críticas también alcanzaron al presidente Santiago Peña, debido a sus vínculos comerciales anteriores con el grupo empresario propietario de la entidad.
La oposición reclama explicaciones sobre las decisiones que permitieron el crecimiento del banco y su participación en la administración de fondos públicos. Además, distintos sectores políticos comenzaron a promover iniciativas para investigar las responsabilidades del Gobierno en la crisis.
La presión ya provocó cambios en las autoridades económicas. Carlos Carvallo presentó su renuncia a la presidencia del Banco Central a pedido de Peña, mientras la Justicia avanzó con investigaciones sobre presuntas irregularidades financieras. Las actuaciones alcanzan a directivos y empresarios relacionados con la entidad.
Sin embargo, el conflicto excede las responsabilidades individuales. La presencia de importantes depósitos públicos y recursos previsionales en Ueno Bank incrementó la preocupación por las posibles consecuencias sobre las finanzas estatales.
El desafío de recuperar la confianza
La sanción de la ley representa una primera respuesta institucional frente a las dificultades de los ahorristas. No obstante, su efectividad dependerá de la rapidez con que las autoridades implementen los pagos y garanticen el acceso al dinero.
El Banco Central sostiene que los problemas de Ueno Bank constituyen un episodio aislado y que las restantes entidades mantienen condiciones de solvencia. A pesar de esas garantías, la magnitud del colapso alimentó las dudas sobre los mecanismos de control y supervisión bancaria.
Mientras tanto, el Gobierno enfrenta un desafío que combina urgencias económicas y consecuencias políticas. La devolución de los depósitos podría reducir la tensión entre los clientes afectados, pero no resolverá las investigaciones ni los cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos.
La crisis de Ueno Bank dejó así de ser un problema limitado a una institución financiera. Su desenlace pondrá a prueba la capacidad del Estado paraguayo para proteger los ahorros, esclarecer las responsabilidades y recuperar la confianza de una sociedad golpeada por el colapso bancario.
