Un tercio de los hogares urbanos sigue sin gas de red

Fuerte brecha en el acceso al gas de red en hogares urbanos

Viviendas urbanas con infraestructura de servicios públicos

NewsITe

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió el informe de Condiciones de Vida correspondiente al primer semestre de 2026, que releva la situación de 10,2 millones de hogares en 31 aglomerados urbanos de todo el país. Los datos vuelven a poner bajo la lupa las disparidades en el acceso a los servicios públicos básicos, en especial al gas de red.

Según el organismo, solo el 64,6% de los hogares urbanos cuenta con conexión al gas de red, mientras que el 35,4% restante —más de un tercio del total— debe recurrir a otras fuentes de energía, como garrafas, leña o electricidad, generalmente más costosas y menos seguras. La cifra confirma un déficit estructural en infraestructura que se mantiene como uno de los principales desafíos para la política pública en materia de servicios esenciales.

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El contraste con otros servicios básicos es notorio. El acceso a agua corriente alcanza al 90,9% de los hogares relevados, dejando a un 9,1% sin conexión formal a la red. En tanto, el servicio de desagües cloacales llega al 73,1% de las viviendas, lo que implica que el 26,9% de las familias aún no dispone de este sistema y debe recurrir a soluciones precarias como pozos o sistemas individuales.

Calidad de las viviendas y condiciones sanitarias

El informe del INDEC también analiza las características constructivas de las viviendas. El 81,3% de los hogares reside en inmuebles con materiales considerados suficientes, mientras que un 12,5% presenta condiciones parcialmente insuficientes y el 6,2% se ubica directamente en la categoría de materiales insuficientes. Estas brechas materiales suelen vincularse con mayores niveles de vulnerabilidad social y económica.

En el plano sanitario interno, el 88,4% de los hogares registra condiciones adecuadas —baños, instalaciones y servicios mínimos— frente a un 11,6% que presenta situaciones inadecuadas. Especialistas consultados habitualmente por el sector coinciden en que estas carencias impactan de manera directa en la salud de la población, particularmente en niños, niñas y adultos mayores.

Hacinamiento y tenencia de la vivienda

Otro de los ejes abordados por la Encuesta Permanente de Hogares es el nivel de hacinamiento. El 86,1% de los hogares vive con menos de dos personas por cuarto, lo que se considera una situación aceptable. Sin embargo, el 12% convive con entre dos y tres personas por habitación y un 1,8% se encuentra en hacinamiento crítico, con más de tres personas por cuarto.

  • Menos de dos personas por cuarto: 86,1% de los hogares.
  • Entre dos y tres personas por cuarto: 12%.
  • Más de tres personas por cuarto (hacinamiento crítico): 1,8%.

Respecto del régimen de tenencia, el estudio señala que el 61,7% de los hogares es propietario de la vivienda y del terreno, el 20,9% alquila o arrienda y el 17,4% restante se inscribe en otras formas de ocupación, como cesiones, ocupaciones de hecho o arreglos informales. Estas modalidades suelen vincularse a una mayor inestabilidad residencial.

Acceso a la salud y desigualdades persistentes

El acceso al sistema de salud también refleja desigualdades. De acuerdo con el informe, el 61,1% de la población cuenta con cobertura de obra social, prepaga o mutual. En cambio, el 17,8% depende exclusivamente del sistema público de salud y un 21,1% tiene al menos a un integrante del hogar en esa situación de dependencia total del sector estatal.

Los datos del INDEC vuelven a exhibir que, más allá de la alta cobertura de agua corriente y del avance de las cloacas, persisten brechas profundas en el acceso al gas de red, en la calidad de las viviendas y en la protección sanitaria de amplios sectores urbanos.

Los resultados del primer semestre de 2026 consolidan una radiografía detallada de las condiciones de vida en los principales aglomerados del país y constituyen una herramienta clave para el diseño de políticas públicas que apunten a reducir las desigualdades y mejorar el acceso a los servicios esenciales.

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