Se realizó la segunda audiencia indagatoria en la causa por la muerte del obispo Ponce de León. Luis Martínez, conductor de la camioneta que embistió el auto del prelado fue interrogado el pasado jueves y Carlos Bottini, acompañante y propietario del vehículo, fue indagado este miércoles. Ambos se negaron a declarar. El próximo en ser citado será Omar Andrada, ex jefe de la SIDE San Nicolás y tercer imputado
De la redacción de EL NORTE
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En la mañana de este miércoles, poco después de las 10:00, se realizó de manera virtual la audiencia indagatoria de Carlos Bottini que en principios estaba prevista para el pasado 29 de octubre y había sido suspendida. La medida apunta a esclarecer las circunstancias de la muerte del obispo Carlos Ponce de León, ocurrida en 1977 durante la dictadura cívico militar. Durante la diligencia que se cumplió en el Juzgado Federal de San Nicolás ante el juez subrogante Carlos Alberto Vera Barros, el hombre de 80 años se negó a declarar.
Carlos Sergio Bottini viajaba como acompañante al momento del siniestro y era propietario del vehículo que chocó contra el Renault 4 de Ponce de León. Está siendo investigado junto a Luis Martínez que era quien conducía la camioneta. Ambos habían sido citados el día 29 pasado, pero Bottini solicitó reprogramar. Ese día Carlos Martínez dio el presente, pero también se negó a declarar.
Fuentes vinculadas a la investigación informaron a EL NORTE que en las próximas semanas será citado a declarar el tercer imputado. Se trata de Omar Andrada quien era Coronel y Jefe de la SIDE San Nicolás al año 1977.
Originalmente la causa por la muerte del obispo Ponce de León tuvo cinco imputados pero los otros dos, el Teniente Coronel Manuel Fernando Saint Amant (Jefe del Área Militar 132) y su segundo jefe, el Mayor Antonio Federico Bossié, fallecieron.
La causa
Ponce de León era obispo de San Nicolás cuando apoyó la búsqueda de los familiares de los desaparecidos lo que lo llevó a enfrentarse con las autoridades militares. Murió en un siniestro vial el 11 julio de 1977, sobre la ruta nacional 9, a la altura de Ramallo. El prelado se dirigía a entregar documentación de las personas desaparecidas de su diócesis ante la Conferencia Episcopal Argentina y la Nunciatura.
En 1978 la justicia provincial sentenció que se había tratado de un accidente y condenó al conductor de la camioneta a seis meses de prisión en suspenso.
En 2023 la Cámara Federal de Rosario anuló la sentencia que consideró la tragedia como a un accidente como “cosa juzgada írrita”, y en marzo de 2024 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la nulidad. Según la justicia, el proceso contenía vicios de procedimiento que interpretaron como maniobras de encubrimiento: no se secuestraron los vehículos, no se hizo peritaje accidentológico y no se agregó el certificado de defunción.
La investigación reabierta en 2004 reunió nuevo material probatorio. Una pericia accidentológica realizada con un avanzado sistema informático por el ingeniero Jorge Geretto reprodujo el choque según los dichos de los imputados y demostró que lo declarado era mecánicamente imposible. El perito concluyó que la mecánica más probable es que la camioneta Ford F100 haya sido interpuesta lateralmente en la ruta, detenida, en el momento en que se acercaba el Renault 4 del obispo. Además, un examen antropológico de los restos, realizado en 2009, no encontró la fractura y hundimiento de cráneo descriptos en la autopsia de 1977.
