El Gobierno retoca la licitación para privatizar el Belgrano Cargas
NewsIT
El Gobierno nacional decidió reprogramar el cronograma de la licitación para la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. y de las líneas de carga General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 1914/2026, publicada en el Boletín Oficial, e introduce cambios en los plazos y en las exigencias técnicas y financieras para los grupos interesados.
El proceso contempla la concesión de obra pública sobre las vías, los inmuebles linderos y el uso de talleres ferroviarios, junto con la opción de compra de material rodante. El objetivo oficial es atraer inversiones privadas para modernizar la infraestructura ferroviaria de cargas, un eje clave para la competitividad de las economías regionales y para el transporte de granos, minerales y productos industriales hacia los puertos de exportación.
Según se detalló, los ajustes responden a múltiples consultas de empresas que reclamaron más tiempo para realizar inspecciones in situ de la red ferroviaria y para evaluar el volumen de inversiones necesarias. En respuesta, el Gobierno extendió el plazo para realizar consultas al pliego hasta el 3 de diciembre de 2026, a las 10 horas. La presentación de ofertas podrá hacerse hasta el 21 de diciembre de 2026 a las 9.59, mientras que la apertura de la etapa 1 de las ofertas tendrá lugar ese mismo día, a las 10.
Condiciones económicas y marco societario
Entre las modificaciones se aclaró el mecanismo de cotización del peaje máximo: la tarifa que propongan los oferentes podrá expresarse con hasta cinco decimales, en dólares por tonelada/kilómetro bruta (US$/TKM). Este nivel de detalle apunta a dar mayor precisión a las proyecciones de ingresos y costos del servicio de cargas.
La resolución también precisa el marco constitutivo de las Sociedades de Propósito Específico (SPE) que deberán conformarse para suscribir los contratos de concesión. Asimismo, se fijan pautas para los oferentes que manifiesten su intención de acogerse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), instrumento con el que el Poder Ejecutivo busca captar proyectos de gran escala.
En este punto, se definió que, por cada línea ferroviaria, el interesado podrá optar por presentar una Oferta A o una Oferta B, pero no ambas. La alternativa elegida quedará asociada a la voluntad o no de solicitar los beneficios del RIGI. En caso de presentar la variante vinculada al régimen, deberá constituirse una segunda garantía de mantenimiento de oferta, en condiciones similares a la primera. De todos modos, la norma aclara que la sola manifestación de intención no implica la aprobación automática de la adhesión.
Requisitos financieros y técnicos para los oferentes
En materia financiera, la solvencia económica podrá acreditarse a través de hasta dos personas que actúen como socios financieros, cada una de las cuales deberá cumplir individualmente con índices de solvencia y liquidez mayores o iguales a uno. Este esquema facilita la participación de consorcios y alianzas empresarias que compartan el esfuerzo de inversión.
Para aquellos oferentes que pretendan operar más de una línea, se exige demostrar patrimonio neto suficiente para cada trazado, de manera de acreditar capacidad para afrontar la operación conjunta y las obras mínimas obligatorias establecidas en los pliegos.
En cuanto a los requisitos técnicos, se estableció que el socio técnico deberá conservar al menos un 10% del capital social, con derecho a voto, durante un plazo mínimo de 180 días posteriores a la habilitación de las obras —sean obligatorias u optativas—. A la vez, los Contratistas Nominados asumirán responsabilidad solidaria e ilimitada por el mismo período, reforzando las garantías de cumplimiento de los compromisos asumidos.
Impacto esperado en el sistema ferroviario de cargas
Con estas modificaciones, el Gobierno busca dotar de mayor previsibilidad al proceso de privatización y, al mismo tiempo, ampliar el universo de potenciales oferentes. La licitación del Belgrano Cargas, el San Martín y el Urquiza se da en un contexto de debate sobre el rol del Estado en la infraestructura estratégica y sobre la necesidad de reducir costos logísticos para el sector productivo.
- Extensión de plazos para consultas y presentación de ofertas.
- Mayor precisión en la tarifa de peaje máximo en US$/TKM.
- Clarificación del uso del RIGI para grandes inversores.
- Flexibilización de la participación de socios financieros.
- Refuerzo de las exigencias técnicas y de permanencia del socio especializado.
La resolución enfatiza que las intenciones de adherir al RIGI y las nuevas condiciones financieras no garantizan por sí mismas la adjudicación, que quedará sujeta a la evaluación integral de las ofertas.
En las próximas semanas, las empresas interesadas continuarán analizando los pliegos y realizando inspecciones sobre el terreno, mientras el mercado sigue de cerca un proceso que puede redefinir el mapa del transporte de cargas en la Argentina.
